La máxima institución que representa a los médicos madrileños sufre la peor crisis de su historia reciente, en medio de escándalos judiciales, acusaciones cruzadas, enfrentamientos por la gestión económica y polémicos posicionamientos
El Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ya ha cumplido un año en crisis, desde aquel 17 de diciembre de 2024 en el que los galenos fueron llamados a las urnas para elegir a la nueva Junta Directiva de la institución que representa a los cerca de 52.000 profesionales de la Comunidad de Madrid, y la más grande de su tipo en España. Tomás Merina, un médico y empresario apoyado por el sindicato Amyts, se alzaba entonces como ganador con su candidatura Icomem Para Todos, logrando el 47% de los votos, pero su ascenso al poder se vio truncado y, en su lugar, el anterior presidente, Manuel Martínez Sellés, se mantuvo durante todo el 2025 en una especie de gobierno de facto. Entre escándalos judiciales, acusaciones cruzadas, enfrentamientos por la gestión económica y polémicas opiniones sobre temas que conciernen a la profesión, que también ha vivido un año turbulento, el Icomem termina el 2025 sumido en la peor crisis institucional de su historia reciente.
El año comenzó con la noticia de que Tomás Merina no podría realizar su toma de posesión el 22 de enero, como tenía previsto, porque la Comisión de Recursos del propio colegio había invalidado su candidatura. Este órgano colegial alegó que Merina no cumplía con las condiciones para ser candidato por no estar en ejercicio de la profesión. El presidente recién electo negó la acusación y llevó el asunto al juzgado, que desestimó las medidas cuatelarísimas y cautelares en un primer momento y ha mantenido en vilo a ambas partes desde entonces. Martínez Sellés sigue en el poder mucho tiempo después de vencerse el período en funciones porque los estatutos del colegio no contemplan los pasos a seguir en esta situación por ser absolutamente insólita.
Icomem Para Todos se ha mantenido durante todo 2025 en una batalla constante contra la Junta de Martínez Sellés, que a su vez le echa en cara a Merina su relación con el sindicato médico y su supuesta falta de aptitud para el puesto. El presidente electo defiende tal cargo y desde esa posición ha acusado a Martínez Sellés de mantener “silencio” ante algunas de las principales cuestiones que han afectado a los médicos y en especial a los madrileños, que también han vivido unos meses intensos, aunque la afirmación no es del todo correcta.
El Colegio de Médicos se ha posicionado públicamente en cuestiones como la creación de un nuevo estatuto marco por parte del Ministerio de Sanidad, una polémica que ha sacado a las calles a miles de profesionales en contra de la propuesta de la ministra Mónica García. Las posturas de ambos bandos, de hecho, han sido muy similares, en defensa de crear un estatuto específico para la profesión médica que incluya una respuesta a todas las demandas históricas del sector.
En el ámbito regional, este año fue muy polémico el registro de médicos objetores del aborto que pidió el Ministerio de Sanidad a todas las autonomías, y que la Comunidad de Madrid se negó a crear porque, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no iba “a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”. En este caso, la posición del Icomem ha sido la misma que la del Gobierno regional ―en otras ocasiones se ha acusado al colegio por sus vínculos con la Consejería de Sanidad madrileña― oponiéndose en un comunicado a la creación de un mecanismo que “representa una amenaza directa al derecho a la objeción de conciencia”. Según comenta Martínez Sellés a este diario, el colegio ha participado activamente realizando una encuesta “a todos los ginecólogos y residentes de ginecología de Madrid”, en la que aseguran que han podido comprobar “que a la mayoría de ellos les preocupa la existencia de estos listados”.
Otra gran polémica del año la desató la publicación por parte de EL PAÍS de los audios en los que el CEO de Ribera Salud pedía a varios directivos del hospital de Torrejón aumentar beneficios obviando a pacientes que traían pérdidas. En este caso, el colegio no se ha pronunciado públicamente. Merina achaca el silencio al conflicto de intereses que se da con la presencia de María Cordón, hija del fundador del Grupo Quirón y ex directora general de la empresa, como miembro de la Junta de Martínez en el puesto de portavoz de médicos en ejercicio libre, y que en junio de este año fue anunciada como nuevo fichaje del Consejo de Administración de Ribera Salud.
Sin embargo, Martínez Sellés aclara que Cordón “estuvo unos meses como consultora independiente”, pero que esa relación laboral ya ha terminado y que solo tiene “palabras de agradecimiento” por su lucha para evitar que se “demonice” a la medicina privada. Respecto a las palabras del CEO de Ribera en el Hospital de Torrejón, añade que “evidentemente que una empresa que está en sanidad tiene por objetivo ganar dinero, pero no podemos permitir que esto repercuta de forma negativa en la atención a los pacientes”. Señala que defiende “la buena praxis y la calidad asistencial” en todos los ámbitos.
Otra acusación que ha lanzado su oponente es la de dilapidar las cuentas del colegio para continuar las reformas que emprendió en la pasada legislatura en varios espacios de su sede principal para luego alquilarlos a externos. Con estos ingresos, Martínez Sellés prometió en el pasado “independizar” al colegio económicamente, cuya principal fuente de financiación siempre ha sido la cuota trimestral obligatoria que paga cada colegiado. El actual presidente en funciones había rebajado dichas cuotas en 2024, pero a principios de este año reculó la decisión y volvió a subirlas. “Defiendo la cuota más baja que sea posible, ya que, al ser la colegiación obligatoria, debemos esforzarnos por tener un colegio austero y eficiente”, señala el actual presidente.
Pero las obras de reforma han continuado. Según la última auditoría externa de las cuentas del Icomem, que analizó todo el 2024, reveló que el colegio comenzó ese año con 4,2 millones de euros en sus arcas y terminó con poco más de 66.000. Como en años anteriores, las obras tuvieron sobrecostes: de 1,4 millones de euros previstos para esta partida, se terminaron gastando 4,7 millones, una desviación del 224%. Martínez Sellés subraya que tiene “pocas dudas” de que esta inversión ha permitido poner en valor los espacios de la sede y que esto “tendrá también un beneficio económico a largo plazo”. Aunque en la auditoría queda reflejado que la Junta esperaba recaudar unos dos millones de euros en 2024 por el alquiler de sus salas, solo consiguió 809.000 euros por ese concepto.
Martínez Sellés asegura que el colegio cuenta con 3,6 millones de euros en sus arcas actualmente, aunque las cuentas de este año aún están por analizarse. Merina, por otra parte, manifiesta que, si el juez le da la razón y puede acceder al cargo de presidente, una de sus primeras tareas será llevar a cabo una auditoría financiera y una auditoría legal de los últimos cinco años.
En este último aspecto, pone en duda la decisión de la Junta de no convocar las dos Asambleas de Compromisarios anuales estipuladas, en las que los medios miembros del órgano superior de toma de decisiones del Icomem analizan las cuentas y someten a votación las nuevas actuaciones. El actual presidente responde que el “el proceso electoral está judicializado” y que eso les impide hacer una nueva convocatoria.
Según el equipo jurídico de Merina, el recurso contencioso-administrativo que tiene pendiente en los juzgados se resolverá entre febrero y marzo de 2026, cuya respuesta deberá poner fin al bloqueo en el Icomem. Merina confía en que pueda, por fin, ocupar el puesto que ganó en las urnas. Si eso ocurre, deberá hacerse cargo de un colegio que sufre la desafección de buena parte de sus 52.000 afiliados, algo que demostró la participación en las pasadas elecciones, que fue solo del 18% ―los anteriores comicios registraron un 13%―.
A Martínez Sellés le parece “muy improbable” que el juez “habilite a un médico que no está en ejercicio a acceder a la presidencia”, pero en caso de que sí lo haga, dice que aceptará la decisión y convocará a nuevas elecciones lo antes posible, en las que no se presentará él como candidato. Aclara que si no lo ha hecho ya, “es porque Tomás Merina no acató la decisión de la Comisión de Recursos y ha judicializado este proceso”.
