Hay retos para el ser humano basados en el progreso constante. Por ejemplo, los relacionados con la salud y calidad de vida: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades evoluciona cada día gracias a las tecnologías sanitarias. Velar por un acceso ágil y equitativo a la innovación tecnológica que permita mejorar la salud, calidad de vida y el bienestar de la población figura entre los propósitos prioritarios de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Representa a compañías, fabricantes, importadoras y distribuidoras de productos sanitarios. Con 300 empresas asociadas, su compromiso con la salud también repercute de forma directa en la economía nacional.

Cada euro empleado por esta industria en su actividad genera 1,27 euros adicionales para el país. El secretario general de Fenin, Pablo Crespo, reflexiona sobre el impacto del sector: “Si no existiera, no solo se paralizaría la actividad sanitaria, sino que la economía del país sufriría un impacto negativo de 11.600 millones de euros”. Desglosada esta cifra, la industria de Tecnología Sanitaria genera un valor añadido directo de 5.100 millones de euros y de 6.500 millones indirectos. Ello supone, según Fenin, que el sector contribuye con una facturación equivalente al 1,13% del Producto Interior Bruto (PIB). Su potencial viene propiciado por factores como la inversión y la alta empleabilidad que se constata en las empresas.

El sector mantiene este positivo impacto pese a operar en un complicado contexto productivo y económico: crisis de suministros, periodo inflacionista, amenazas arancelarias… Crespo pone como un ejemplo los efectos de la desindexación de los contratos públicos de adquisición de tecnología sanitaria. Como el sector privado no puede actualizar la evolución de sus costes durante la vida de los contratos, son las empresas las que vienen asumiendo la inflación acumulada. En los últimos años, ha llegado a superar el 20%.

Fenin apuesta por recuperar la indexación de los contratos públicos y su vinculación a la evolución anual del IPC (modelo vigente hasta 2015) para facilitar un entorno competitivo que permita una mayor concurrencia de las empresas en estos procedimientos, y garantice el equilibrio económico-financiero durante toda la vigencia del acuerdo. El beneficio no es solo para la viabilidad y competitividad de las empresas, pues asegura también el acceso de profesionales y pacientes a tecnologías sanitarias de calidad.

Por otra parte, consideran que la actual apuesta por el precio como criterio principal en estos concursos solo genera resultados cortoplacistas. En cambio, centrarse en procedimientos de compra pública de tecnología sanitaria basados en valor supone mejores resultados de salud, y también económicos, a medio y largo plazo. Por ello, Fenin incide en la necesidad de impulsar el anteproyecto de Ley del Medicamentos y Productos Sanitarios que limita los criterios económicos en los concursos públicos para la adquisición de Tecnología Sanitaria al 20%, para priorizar la calidad sobre el precio. El objetivo es asegurar una mejor asistencia, innovación y eficiencia del sistema de salud.