Badalona y el desalojo del B9: un “ensayo” de deshumanización
SOURCE:El Pais|BY:Jesús García Bueno,Clara Blanchar ,Lorraine Delorenzo
Los expertos denuncian que la criminalización del colectivo de inmigrantes por parte del alcalde, Xavier García Albiol, avivó los actos hostiles de los vecinos hacia los ocupantes
Desde que asumió la alcaldía con mayoría absoluta hace dos años y medio, Xavier García Albiol (PP) se propuso poner a Badalona en el mapa de ciudades navideñas con el árbol más alto de España, en liza con el de Vigo. Son semanas en las que Albiol luce la ciudad-escaparate que le gusta, alegre, sin conflictos. Pero la “ilusión por la Navidad” del lema de este año se ha desvanecido. Badalona, una ciudad de 230.000 habitantes pegada a Barcelona, ha atraído los focos por presagiar un modelo de sociedad en el que los más vulnerables se ven sometidos a un proceso de deshumanización y privados de derechos, coinciden los expertos. La gestión del desalojo del instituto público B9 ha dejado en la calle a las más de 400 personas que lo ocuparon y ha derivado en una crisis social y política, con actos de hostilidad de los vecinos hacia los migrantes tras una campaña de señalamiento liderada por Albiol.
El Ayuntamiento de Badalona no ha ofrecido ninguna alternativa a la inmensa mayoría de ocupantes del B9, que durante dos años constituyeron el mayor asentamiento informal de migrantes de Cataluña. Albiol ha justificado esa dejadez en que la mayoría de ellos son delincuentes e incívicos, al tiempo que ha negado su condición de personas vulnerables (“alguno habrá”). Esa escalada verbal ha calado en la calle. El domingo, cuatro días después del desalojo, unos 200 vecinos (muchos, jóvenes) se plantaron frente a la parroquia Verge de Montserrat, en el barrio de Sant Crist, para evitar que 15 de los desalojados fueran acogidos allí. Lo consiguieron y Cáritas tuvo que buscar otra ubicación.
La protesta destiló tintes racistas: gritos contra los “negros asesinos” a quienes acusaron de contagiar enfermedades (se detectaron casos de tuberculosis en el B9) y cometer agresiones sexuales. “¿Quién me asegura que a mi hija, de 13 años, no la vayan a violar cuando vaya al instituto?“, dijo un hombre en chándal a Albiol, mientras adolescentes evocaban tiempos que no han conocido (”con Franco esto no pasaba“) y acusaban al presidente del Gobierno de ser el culpable de la situación, en línea con lo que el alcalde había dicho el día del desalojo: “Que Pedro Sánchez, que dice que hemos de acoger a todo el mundo, les busque vivienda”. El barrio ha recuperado la calma, pero la desconfianza está presente. Josefa García expresa el temor a que los okupas “hagan daño” a sus nietos y pide expulsar “a los que vienen a delinquir y no a trabajar”. Hay, también, cierta empatía por quienes duermen en la calle: “Somos personas y eso tampoco es vida para ellos, por lo menos en el instituto tenían un techo”, dice Manuel, jubilado.
A 500 metros de la iglesia se ubica la antigua masía de Can Bofí Vell, un albergue de urgencia para personas sin techo que el alcalde del PP cerró en mayo de 2024. Cuando llegó el desalojo, algunos migrantes ya se habían instalado, silenciosamente, en el recinto. Al conocer, el domingo, la noticia de la nueva ocupación, otros vecinos se dirigieron allí alarmados y lo mismo hizo Albiol, un maestro en el cuerpo a cuerpo, una máquina de seducir votantes y ganar elecciones a quien nadie podrá reprochar que no pisa la calle. “Coincido al 100% con vuestras reivindicaciones y vuestro cabreo, pero vamos a hacer las cosas con cabeza”, les dijo mientras pedía margen para negociar: “Y si no, haced lo que consideréis”, animó antes de sugerir a los jóvenes que proferían insultos racistas y amenazas que no lo hicieran porque podían meterse en líos.
Las palabras habían dado paso a cierta tensión en la calle, con manifestaciones y contramanifestaciones, y el president Salvador Illa intervino para “llamar a la calma” a los vecinos y denunciar que “la irresponsabilidad tiene consecuencias”. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona lamenta las presiones en torno a la parroquia y el albergue: “Este es el futuro que nos espera si no apagamos este fuego; cuando un fuego crece no respeta nada, a veces ni al pirómano que lo provoca”, en alusión a Albiol, a quien acusan de “alimentar la confrontación”, “agravar el problema” y “radicalizar a sus votantes”. La entidad también lamenta que se “generalicen” las acusaciones de delincuencia contra un colectivo amplio, de 400 personas, donde coexistían realidades diversas: personas que habían cometido delitos, con un historial de problemas de salud mental y consumo de tóxicos, sí; pero sobre todo personas que se buscaban la vida, algunos con permiso de trabajo (sin dinero para pagar un alquiler) y otras en situación irregular, dedicadas al negocio de la chatarra.
Los expertos consultados coinciden en que lo ocurrido en Badalona se inscribe en una corriente más amplia: la radicalización de la derecha tradicional (representada aquí por Albiol) y la “deshumanización” de colectivos como el de los migrantes. “Es una campaña global que los sitúa como amenaza aunque no haya evidencias empíricas, lo que dificulta la empatía”, explica Albert Sales, investigador del Instituto Metrópoli y experto en sinhogarismo. “La sociedad se va insensibilizando y asume como normales situaciones que no lo son”, avisa sobre los efectos de actuaciones que “no penalizan a los políticos como Albiol, sino que les ayuda a restar votos a Vox”. En Badalona, Vox no está ni se le espera: el alcalde ocupa todo el espacio, y en algunos barrios de la periferia, donde los pobres coexisten con los más pobres aún, ganó con más del 70% de los votos.
A ese mecanismo de enfrentar al último contra el penúltimo se refiere también Aliou Diallo, docente e investigador sobre racismo institucional en la Universidad de Girona. “Al buscar culpables, el poder señala a las personas vulnerables. Y los ciudadanos, en vez de buscarlos mirando hacia arriba, miran hacia abajo, entre quienes están en peor situación”. En Badalona, sigue Diallo, se ha dado una combinación de “racismo, clasismo y aporofobia”. “Los que legitiman echar a 400 personas están mucho más cerca de que les desahucien que de comprarse una casa”, dice en alusión a las protestas vecinales.
Albiol llevaba meses persiguiendo el desalojo, hasta que el 17 de diciembre, previa autorización judicial, pudo ejecutarlo. Pero lo que debía ser un triunfo contra la ocupación ilegal (asunto que le obsesiona tanto o más que la Navidad) le ha amargado los turrones porque no vio venir el efecto bumerán. Ese día, prometió que los ocupantes del B9 abandonarían la ciudad y que no se instalarían ni en las calles ni en otro recinto de Badalona. Pero ya lo habían avisado los migrantes: “No vamos a desaparecer”, insistía Younouss, senegalés que se ha convertido en una de las caras visibles del colectivo para exigir soluciones. “Albiol no nos da ninguna solución con la mentira de que somos delincuentes. Pero no nos conoce. Nosotros hemos colaborado con la policía para que no se metieran ladrones en el B9″, cuenta.
Tras el desalojo, un centenar levantaron tiendas de campaña frente al instituto durante dos noches, hasta que la policía local les conminó a irse bajo amenaza de usar la fuerza. Después, en medio de las fuertes lluvias que ha registrado Badalona estas fiestas, las trasladaron debajo de un puente: el de la autopista C-31, una cicatriz que divide en dos, en paralelo al mar, una de las ciudades con mayor diferencia de renta entre barrios (de hasta 70 puntos porcentuales), donde a pocos metros de distancia conviven los desahucios diarios de familias pobres con la comodidad de las viviendas que los expats compran en primera línea de mar, en torno al canal del Gorg, emblema de la Badalona que gusta a Albiol.
El campamento al aire libre ha dejado escenas de miseria y degradación sin precedentes en la ciudad. Albiol ya había avisado de que no gastaría “ni un euro” en dar una alternativa a personas que habían hecho “la vida imposible” a los vecinos de Sant Roc y El Remei —dos barrios humildes en el entorno del instituto— y que eran de todo menos vulnerables. En sus informes a la jueza para solicitar el desalojo, sin embargo, el consistorio admitió que 166 personas estaban bajo seguimiento de servicios sociales, aunque avisó de que no iba a dar una alternativa habitacional porque no tenía recursos. Si a la falta de medios se une una voluntad política nula, el resultado era previsible. La jueza había condicionado el desalojo a que se activara el protocolo de ayuda a personas sin techo, pero el Ayuntamiento solo ha dado un hospedaje “muy temporal” a 17 de las expulsadas. Para el resto, nada.
La crudeza de esa realidad se ha hecho cada vez más insoportable para el Govern, que ha tardado en reaccionar. Los primeros días se limitó a denunciar la “dejadez de funciones” de Albiol y a recordar que la acogida es competencia municipal. Solo una semana después, trabó un acuerdo con entidades sociales para acogerles. Pero se ha hecho con grandes dificultades y medio centenar de personas seguía durmiendo aún bajo el puente de la C-31 durante la Nochebuena. Este sábado, el acuerdo había servido para realojar a 147 de los migrantes, según fuentes de la Generalitat. El president Illa, a quien los portavoces del B9 hicieron llegar una carta para exigir soluciones, contrapuso al discurso de Albiol los “valores humanistas” del ejecutivo, pero aludió también al “respeto a las resoluciones judiciales”.
El deterioro de la situación no cambió la retórica de Albiol, que vincula a “la mayoría” de los residentes con la delincuencia, confronta a los vecinos (a quienes sí desea ayudar) con los okupas (que no serían vecinos en ningún caso, pese a que algunos estaban empadronados en el B9) y asegura que en el asentamiento había “mafia, prostitución y drogas”. Los datos no se compadecen del todo con ese discurso de catástrofe: según el informe de la Guardia Urbana con el que el Ayuntamiento convenció a la jueza de que diera luz verde al desalojo, en cuatro meses se detectaron tres molestias a vecinos y cinco hurtos, además de una pelea que acabó con la muerte de un interno a manos de otro con un trastorno mental. Para muchos vecinos en cuyo voto piensa Albiol, el remedio ha sido peor que la enfermedad: si antes el problema se circunscribía a los contornos de un recinto cerrado (con todos sus conflictos, con condiciones de vida indignas, etcétera) ahora está a la vista de todos y ha traído la discordia entre los vecinos.
La otra cara
Frente al desprecio de Albiol, la hostilidad de los vecinos y la pasividad de la Administración, hay quienes se han movilizado para ayudar. Desde primera hora del desalojo, y ante la tímida y selectiva actuación de los servicios sociales, los activistas tomaron datos de los ocupantes para hacerles un seguimiento; los abogados, por su parte, pelearon hasta el último minuto para frenar el desalojo (llegaron a pedirlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin éxito) y siguen batallando: la jueza ha solicitado al Ayuntamiento que le informe, con urgencia, del dispositivo desplegado estos días.
Una de las abogadas, Mireia Salazar, lamenta “la especial crueldad y la incitación al odio” de Albiol y denuncia que “los desalojos sin alternativas vulneran el derecho internacional y las leyes vigentes aprobadas en el Congreso y el Parlament de Cataluña para proteger a los más vulnerables”. Gisela Bermúdez, portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, destaca que “no es un fenómeno aislado”, sino una expresión de “una de las peores crisis de vivienda de la historia”; Albiol no hace otra cosa que “desviar la atención del problema de la vivienda”.
Los desalojados del B9 han recibido, prestadas, las tiendas de campaña con las que se resguardan del frío y la lluvia. Con presencia de entidades (Cáritas, Cruz Roja, Cocineras por la Paz y, en especial, Badalona Acull), la distribución de ayuda se ha vuelto más coordinada (con café y té caliente para combatir el frío) y en Navidad se organizó un reparto especial de comida. Hay personas que han acogido en sus casas a desalojados y se ha visto aparecer por allí a antiguos residente del B9: “No puedo abandonar a mis compañeros ahora, cuando más lo necesitan”, aseguraba Karen bajo el puente de la C-31. Allí, un niño lanza una pregunta incómoda a su madre, que admite que no sabe qué contestar: “¿Por qué los dejan durmiendo en la calle?” En otro escenario, frente al albergue de Can Bofí Vell, otro niño de edad similar tiene un mensaje con más certezas que dudas para los migrantes del B9: “Papá Noel no os va a traer regalos”.
