José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en los próximos meses en el banquillo del Tribunal Supremo por el supuesto cobro de comisiones en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. Pero el abogado del exministro de Transportes ha reclamado a la Sala Penal que revoque el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez Leopoldo Puente y el caso sea juzgado por un jurado popular en vez de por siete magistrados del Supremo. La sala no ha notificado aún la composición del tribunal que juzgará al exdirigente socialista, pero fuentes consultadas apuntan a que a los cinco jueces que abrieron en noviembre de 2024 la causa contra Ábalos, se le sumarán, previsiblemente el magistrado más antiguo de la sala de los que hasta el momento no han intervenido en esta causa, el exfiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y el más nuevo, Javier Hernández. No obstante, estas fuentes señalan que se estudiará la petición de la defensa.

Puente abrió juicio oral el 11 de diciembre contra el exministro de Transportes, su antiguo asesor y el comisionista Aldama por integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación. Con esa decisión, adoptada dos semanas después de enviar a prisión provisional a Ábalos y Koldo García, el juez deja ya la causa en manos de los siete magistrados que formarán el tribunal que les juzgará. Pero el abogado Carlos Bautista intenta cambiar in extremis el procedimiento previsto para enjuiciar al exministro y que la decisión de condenarle o absolverle no esté en manos de los magistrados de la Sala Penal sino de un jurado popular ―formado por ciudadanos elegidos por sorteo―.

Bautista argumenta que los tres principales delitos que las acusaciones atribuyen a Ábalos (cohecho, tráfico de influencias y malversación) son, según la ley, propios del enjuiciamiento por un tribunal con jurado. Apoya su petición en dos acuerdos del alto tribunal de 2010, según los cuales, aunque se juzguen también otros delitos que habitualmente son competencia de jueces profesionales (en este caso, organización criminal y uso de información privilegiada), la competencia del jurado popular se extenderá a ellos siempre que se hayan cometido teniendo como objetivo principal perpetrar un delito que sí corresponda al tribunal del jurado.