Las diferencias de criterio entre la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de las últimas iniciativas laborales impulsadas desde el Ministerio de Trabajo están erigiendo al responsable de las políticas económicas del Gobierno en el muro encargado tanto de matizar las medidas de Díaz como de controlar su recorrido hasta ser aprobadas por el Consejo de Ministros. El listado de intervenciones empieza a ser largo: el nuevo registro horario, la ley de prevención de riesgos laborales y, más recientemente, la reforma de los permisos por fallecimiento de familiares y el cambio en el salario mínimo interprofesional (SMI). Todas estas iniciativas han encontrado en Cuerpo un alfil complicado de sortear ante las intenciones de la ministra. El último episodio de la larga lista de desencuentros -en ocasiones velados, en otras a campo abierto- ha sido la determinación de la cuantía del SMI para 2026, decidida tras un reguero de choques que se han ampliado desde que Cuerpo tomó posesión, en una herencia que ya venía de su antecesora, Nadia Calviño, con quien Díaz no mantenía precisamente las mejores relaciones . La reforma de los subsidios para mayores de 52 años fue el último gran desencuentro entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Ahora, la fricción se acentúa aún más, a medida que transcurren los meses y el Ejecutivo es más consciente de que buena parte de las medidas de Díaz no van a superar las votaciones necesarias en el Congreso en un tramo final de legislatura complicado para los intereses del Gobierno por la negativa de Junts a dar respaldo a sus iniciativas.El vocal del Ministerio de Economía en la comisión del SMI, junto al de Hacienda, defendieron un criterio discrepante -texto que finalmente no se incluyó en el informe definitivo- sobre la metodología que usaban los expertos para calcular la subida del salario mínimo para 2026, llegando a tildar de «error» de cálculo ese análisis económico. Pero el papel fiscalizador de Cuerpo va más allá. Aunque Trabajo quiere aplicar un cambio estructural en el SMI -impidiendo, por ejemplo, que los complementos absorban parte de la subida aprobada cada año- mediante un real decreto sin pasar por las Cortes, Economía ha recibido al menos un informe contrario a esta intención. La patronal encuentra en el ministro la comprensión de parte de sus advertencias sobre las medidas de la vicepresidenta El protagonismo que ha asumido el ministro de Economía se ha dejado notar en las iniciativas lanzadas desde Trabajo, con advertencias que va incluyendo en las aportaciones que realiza. Mientras el departamento de Díaz negocia desde hace tiempo a dos bandas con los sindicatos mayoritarios la patronal va encontrando la plasmación de parte de sus reivindicaciones en los análisis que realiza el departamento de Cuerpo, que ya ha advertido en más de una ocasión que las reformas en el ámbito laboral tienen que tener en cuenta a todas las partes. Porque los puentes entre la CEOE y Díaz se encuentran prácticamente derruidos desde el pasado verano. La insistencia de los empresarios ante Economía se concentra en el impacto económico que buena parte de las medidas de Díaz tiene en las cuentas de autónomos y pymes, una circunstancia que para la CEOE la ministra de Trabajo ya no tiene en cuenta al promover su política laboral, apuntan fuentes del diálogo social. En el último conato de crisis abierto por Yolanda Díaz la vicepresidenta segunda requirió a Pedro Sánchez cambios «profundos» en el Ejecutivo para zanjar la crisis derivada de los casos judiciales y apuntó precisamente a esta experiencia de meses de choques con ministros como Cuerpo. El titular de Economía es un perfil netamente técnico, aunque con una visibilidad creciente ante la opinión pública -es el ministro de los 22 del gabinete de Sánchez mejor valorado según el CIS- que ensombrece las quejas de Trabajo sobre su desempeño. Sánchez ha zanjado cualquier posibilidad de cambios de calado en el Ejecutivo, a pesar de la insistencia de su vicepresidenta segunda. El veto al recorte de la jornada laboral hasta las 37,5 horas , el proyecto estrella de Díaz para esta segunda legislatura de la coalición progresista de Gobierno, originó un punto de inflexión en los movimientos políticos de la vicepresidenta segunda. A los pocos días de que el Congreso rechazase su tramitación, apuntaba a una «ofensiva» con un camino definido: si las Cortes no aprobaban sus políticas, llevaría a cabo medidas que no precisasen apoyo parlamentario.Los reales decretos se han convertido en el soporte de Trabajo. El registro de jornada, por ejemplo, sigue paralizado. Otra vez la falta de consenso interno en el Gobierno y las discrepancias técnicas entre ministerios han frenado una norma que debía reforzar el control efectivo de la jornada, aunque con dudas legales sobre el alcance de esa monitorización casi en directo de la Inspección, sobre la que varios despachos han planteado dudas jurídicas. Tan es así que Trabajo ha tenido que consultar a Protección de Datos para asegurar una tramitación normativa sin sobresaltos.Control de los tiemposAdemás, Cuerpo juega con una baza que no tiene Díaz: la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), una suerte de consejo de ministros económicos que actúa como preámbulo al cónclave ministerial y en el que se deciden cuándo se trasladan las medidas a Moncloa o cuáles van tomando mayor relevancia. El organismo está presidido por Cuerpo, por decisión expresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quiso dejar la última palabra en manos de un ministro de su confianza, frente a los de Sumar. Públicamente, las relaciones entre los socios de Gobierno siguen siendo fiables y estables, apuntan diversas fuentes ministeriales. «Es normal que tengamos criterios distintos en muchos asuntos», explican estas fuentes a ABC. Pero, al mismo tiempo, aclaran que «Gobierno solo hay uno» y que la decisión final que se tome, en una medida u otra, es colegiada.