Ha renunciado a un viaje a Disneyland con su familia con todos los gastos pagados. A campañas de publicidad. Sabe que su perfil en redes sociales crecería, y también sus ingresos, si mostrara las caras de sus tres hijos. Pero Helena Fernández, con 1,3 millones de seguidores en Tiktok, ha decidido no hacerlo. Por convicción, por los riesgos, por evitar la sobreexposición. Tiene más que comprobado cómo las visualizaciones se disparan cuando los menores salen de alguna manera. “Si subo un vídeo mío bailando y otro con mi hija, con la cara tapada, el segundo se ve mucho más”. Los niños y las mascotas venden “una barbaridad”, dice. Ahora sus hijos mayores le piden salir, pero ella cuenta que no comprenden bien las implicaciones, piensan que los van a ver sus amigos y compañeros de clase. “Si les pusiera a 100.000 personas delante y les dijera ‘estos ven los vídeos’, lo entenderían”.

La presencia de niños en las redes sociales es enorme. Estas navidades proliferan imágenes de críos en pijama, en comidas familiares, haciendo planes propios de la época. Y la casuística es variadísima: desde familias anónimas que comparten fotos de sus hijos de manera esporádica en sus perfiles privados hasta hogares que crean extensísimos álbumes en sus perfiles públicos. Pasando por influencers con cientos de miles de seguidores, incluso millones, que exponen al detalle las peripecias de sus hijos.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha dado un paso al frente y ya está redactando una norma para combatir la sobreexposición de los menores en redes, que espera que esté lista en el primer trimestre del año. Es lo que se conoce como sharenting, la práctica de los padres de subir fotos, vídeos e información de los hijos. Un acrónimo que proviene del inglés: compartir (share) y paternidad o crianza (parenting). Por el momento, se desconoce el instrumento normativo que empleará el ministerio, y también su contenido. En la fase de consulta pública en la que se comunica la intención de legislar al respecto recibieron más de 1.200 aportaciones.

Por lo pronto, fuentes del ministerio han explicado que el texto partirá de tres premisas. En primer lugar, la pedagogía y el acompañamiento a las familias; en segundo lugar, se apunta a la responsabilidad de las plataformas digitales, ya que las grandes empresas que hay detrás de las redes sociales “tienen la obligación” de garantizar los derechos de los menores, y en tercer lugar, se abordarán “de manera específica aquellas situaciones en las que se expone a niños y niñas” en las redes “con fines económicos”.

El problema, y aquí coinciden prácticamente todos los consultados para este artículo, es que regular el es muy difícil. ¿Dónde se pone el límite? ¿Cómo se controla que se cumpla la normativa si hablamos de una práctica tan extendida? Donde el consenso es absoluto es en que el menor es el titular del derecho. A partir de los 14 años, está facultado a ejercerlo directamente, dando su consentimiento sobre qué imágenes pueden publicarse y cuáles no. Hasta entonces, sus padres deciden por ellos. No hay una norma específica que mencione el pero sí hay leyes aplicables: ley de protección civil del derecho al honor, intimidad familiar y personal y a la propia imagen, de 1982, y la de protección jurídica del menor, de 1996.