El Gobierno no quería de ninguna manera que los responsables del Ministerio de Trabajo (de Sumar) y los del Ministerio de Hacienda (del PSOE) volvieran a tirarse públicamente los trastos a la cabeza a cuenta de si los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) deben o no tributar en el IRPF. Y, aunque estos dos departamentos han estado a punto de seguir con el conflicto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey lo dejó zanjado este lunes al decir que el Gobierno (al completo) “se ha comprometido con los interlocutores sociales a que aquellas personas que reciban el salario mínimo no pagarán impuestos”. Así, ha vuelto a prevalecer la postura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Aunque Hacienda debe concretar aún oficialmente la figura fiscal que utilizará para que el salario mínimo siga sin tributar un año más, fuentes de este departamento han explicado que el ministerio está dispuesto a volver a usar la fórmula de la deducción, como ya se aplicó en la campaña de la renta del pasado año. De hecho, remarcan que la propuesta de subida es la menor planteada por los expertos con la intención de que el SMI no pague IRPF.

Así, Hacienda baraja “actualizar” dicha deducción de forma que ninguno de los beneficiarios que por sus circunstancias personales superen el mínimo exento tenga que tributar. Para ello, a estos perceptores se les han practicado las retenciones habituales por su salario y situación personal y familiar y, posteriormente, debieron realizar la declaración de la renta, donde se les devolvió lo retenido hasta 340 euros anuales. La intención de Hacienda es, por tanto, elevar esta deducción al entorno de los 600 euros para que así, en la práctica, cuando presenten la declaración de la próxima campaña todas las situaciones personales de los beneficiarios del SMI sigan quedando exentas de tributar.