El Gobierno de Pedro Sánchez arranca 2026 una vez más sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y con la reforma de la financiación autonómica, pensada para satisfacer los deseos del bloque independentista para Cataluña, pendiente de salir adelante. Estos dos asuntos capitales, que el Ejecutivo tiene en la cuenta del 'debe' y cada cual más complejo de cuadrar, serán los que determinen la política económica en los meses que queden de legislatura. En el caso de que los saque adelante podría contar con un cierto margen de maniobra a futuro; si no prosperaran, el riesgo de agravar la inacción de los últimos meses se dispararía. Decenas de iniciativas legislativas continúan embalsadas en el Congreso a la espera de que el Gobierno consiga aglutinar los apoyos parlamentarios suficientes para sacarlas adelante, y fuera de las Cortes, también le aguardan otros asuntos con pocos visos de prosperar. De ahí que la única vía que le queda para continuar su actividad sea utilizar reales decretos.El laberinto de los PresupuestosLa que a priori debería suponer la norma más fundamental cada año para el funcionamiento del Gobierno, los Presupuestos, asoman como una misión imposible para La Moncloa por el rechazo de Junts , que ya ha tumbado en dos ocasiones la senda de estabilidad que la legislación presupuestaria subraya como trámite ineludible para aprobar las cuentas públicas. Tanto Pedro Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevan meses prometiendo que se presentarán Presupuestos de 2026, pero la realidad es tozuda en contra de ese discurso por la falta de apoyos parlamentarios.Noticia Relacionada estandar Si La parálisis del Congreso afecta ya a 145 leyes Juan Casillas Bayo El Gobierno vende que se han aprobado 52 iniciativas legislativas esta legislatura, pero tiene 56 proyectos encallados en la Cámara BajaEl último ejercicio en que el Gobierno pudo operar unos Presupuestos actualizados fue en 2023, el último año de la anterior legislatura. Con la prórroga presupuestaria ya aprobada para 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez ha pulverizado su propia plusmarca de gestión alternativa con cuentas públicas prorrogadas , superando los más de 900 días que estuvo con los últimos presupuestos de Cristóbal Montoro. Los Presupuestos de 2023 han superado ya los 1.100 días de vigencia y si nada lo remedia serán los que sostengan toda la accidentada política económica del Gobierno en esta legislatura.73.000 millones Una caja B para gestionar pese a no tener Presupuestos El Gobierno ha ensanchado en más de 73.000 millones de euros el gasto que se previó en 2023 para poder pagar las pensiones, los sueldos de los funcionarios y otras partidas pese a no tener Presupuestos. Según la última información oficial proporcionada por el IGAE, a lo largo del año pasado el Gobierno ensanchó en más de 73.000 millones de euros los créditos de 380.000 millones que se aprobaron para 2023 y cambió de destino cerca de 35.000 millones tras acomodar la normativa presupuestaria para poder gastar a su antojo aunque el Congreso no le aprobara los Presupuestos.El sudoku de la financiación autonómica El otro asunto espinoso que tiene encima de la mesa es el de la reforma de la financiación autonómica, dentro de la que deberá encajar el trato singular y beneficioso que exigen Junts y ERC para Cataluña . Tras meses de especulaciones, el primer paso concreto se dio el pasado mes de septiembre con la presentación del proyecto de ley para la absorción por parte del Estado de más de 83.000 millones de euros   de deuda autonómica, de los que 17.104 millones se restarían del pasivo que la Generalitat de Cataluña tiene con el Estado. La quita de deuda solo fue el primer paso y hace escasos días el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta de financiación autonómica para saciar las ambiciones de autogobierno y mayores recursos que exigen tanto ERC como Junts. Las autonomías dispondrían con el modelo del Gobierno de 20.975 millones de euros más, sustentados sobre todo en una ampliación del porcentaje que las regiones reciben de ciertos impuestos. Cataluña recibiría 4.686 millones de euros extra, garantizando para esa comunidad el principio de que las regiones que más aportan a la caja común de la financiación recibirán más ingresos. Sin embargo, Hacienda tiene una papeleta difícil de resolver ya que la propuesta debe pasar tanto por el Consejo de Política Fiscal (con las comunidades autónomas) como por el Congreso. El sudoku promete ser un lío para el Ejecutivo, principalmente por el rechazo de Junts y con críticas tanto internas como externas.Actividad legislativa al ralentíLa negativa de Junts a dar carrete a cualquier iniciativa legislativa en tanto no se resuelva el tema de la financiación singular, unida a la oposición de otros partidos como PP y Vox, mantiene varadas en el Congreso un puñado de iniciativas gubernamentales en materia económica. Esa alteración de las mayorías parlamentarias fue la que tumbó una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz . La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas cayó en el Congreso hace unos meses y, por el momento, la medida ha dejado de estar en la agenda ante la falta de apoyos reales. En su defecto, Díaz sí que aspira a aprobar el nuevo registro horario digital en 2026, aunque como publicó ABC, esta medida suscita fuertes dudas legales incluso dentro del Gobierno por la seguridad de los datos, así como por los costes que tendría. Hay más normas relevantes en el aire. Una de ellas es la ley que aspira a regular los grupos de presión ('lobbies') en España, otra es la creación de la Autoridad del Cliente Financiero , la eterna promesa del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no se mueve un ápice en el Congreso por falta de apoyos; también está anclada desde hace más de un año la Ley de Función Pública que impulsó el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, cuando era ministro del Gobierno; o la prometida Ley de Industria, que además debería sentar las bases de la estrategia española de autonomía estratégica. Pendiente de salir adelante también está la transposición de la directiva de crédito al consumo , que establecerá límites máximos al interés que se puede cobrar en los créditos al consumo; por el momento el Ejecutivo solo ha aprobado el anteproyecto de ley y no tiene garantías en este momento de que prospere en las Cortes. Asimismo, deben plantear la modificación de la ley de solvencia de las entidades de crédito para adaptarla a la normativa europea, que supuestamente despojará al Gobierno de la capacidad de veto sobre las fusiones bancarias. Leyes emblemáticas como la reducción de jornada, la de Función Pública o la de Industria han sido tumbadas o siguen ancladas en el Congreso Otro asunto que tendrá que abordar será la garantía de la presencia española en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) tras la inminente salida en mayo del actual vicepresidente Luis de Guindos . Este proceso no está condicionado a las Cortes pero será uno de los elementos clave que deberá abordar el ministro Cuerpo junto a La Moncloa. De momento solo se ha deslizado que España podría optar a la presidencia . Asimismo, siete meses largos después del histórico apagón que dejó a España sin suministro eléctrico todavía no hay un relato claro sobre lo ocurrido. Falta por conocer la versión de Competencia, que lleva meses preparando un informe; y, sobre todo, las conclusiones definitivas del informe de Entso-e, el organismo que agrupa a los operadores de redes europeos, que se espera para el primer trimestre del año y en el que se espera que haya algún señalamiento de responsabilidades . Estos informes serán claves para arrojar luz. Todo ello cuando aún está pendiente la escisión de la CNMC para recuperar la Comisión Nacional de la Energía como organismo supervisor y de control del sector energético doméstico, que lleva meses estancada en el Congreso.Candado al flujo millonario de los fondos europeosOtro de los hitos de 2026 será el cierre del Plan de Recuperación , el histórico plan de inversiones europeo del que España ha sido uno de los mayores beneficiarios a pesar incluso de la última decisión del Gobierno de renunciar a más de 60.000 millones de euros de la financiación barata que ofrecía la Comisión ante la imposibilidad de cumplir los hitos y objetivos a los que se había comprometido. Según el último balance presentado hace apenas unos días por el presidente del Gobierno, España ha ejecutado hasta la fecha 62.975 millones de euros de los 79.854 millones asignados a proyectos concretos y de los cerca de 87.000 convocados. Unas cifras moderadas si se tiene en cuenta que Bruselas puso en 2021 a disposición de España 160.000 millones de euros, repartidos a partes casi iguales entre transferencias directas y préstamos baratos. Cinco años después su impacto sobre la economía real es puesto en cuestión por los analistas, hay investigaciones abiertas sobre supuestos usos abusivos y, según el PP, hay un riesgo cierto de que su mala gestión pueda incluso abrir un agujero millonario a las cuentas del Estado si el Gobierno no es capaz de amarrar el cumplimiento de las reformas e inversiones comprometidas antes del próximo mes de agosto.