Fiscalidad y urbanismo. Son las dos herramientas en las que el Govern confía para evitar las compras especulativas de vivienda dentro de sus competencias. El president Salvador Illa se comprometió en el Parlament a estudiar la cuestión, por la distorsión que las compras por parte de inversores o fondos tienen en el mercado residencial. El ejecutivo catalán, con todo, no habla de “prohibir” las compras especulativas, sino de “controlarlas”. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque ha explicado que las recetas serán nueva fiscalidad y condicionar la compra al uso residencial. Unas medidas temporales acotadas a zonas de mercado tenso, como apunta el informe del jurista Pablo Feu, que forma parte del grupo de expertos.

Paneque admite, en una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), que algunas de las medidas que harían posible el control tienen recorrido dentro de las competencias autonómicas, mientras otras habría que negociarlas con el Gobierno, donde no hay un posicionamiento unánime sobre la viabilidad de hacerlo con competencias estatales, pero también lo está estudiando. La consejera avisa, además, de que “no se puede prohibir la compra” de vivienda, con lo que la fórmula pasaría por limitar el uso de los pisos, con condicionantes y fiscalidad, y que el uso preferente sea “el residencial”. La Generalitat prevé tener los trabajos finalizados en las próximas semanas, un plazo que las fuentes consultadas sitúan entre enero y marzo.

El estudio de Feu defiende que las compras especulativas podrían vetarse en los tres niveles administrativos y legislativos: estatal, autonómico y municipal. Pero no entra en cuestiones fiscales. De hecho, fruto de un acuerdo con los comunes, el Govern modificó en verano el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que los compradores de vivienda usada pagan a la hacienda catalana. La modificación del ITP ha consistido en hacerlo más progresivo (pasa de dos tramos a cuatro en función del precio del inmueble) y se ha subido hasta un 20% a los grandes tenedores o la compra de edificios enteros. También se han eliminado las bonificaciones para empresas inmobiliarias cuando compran y venden viviendas.