El nuevo año ha arrancado con un hito ambiguo en la historia reciente de la fiscalidad internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció el lunes como una “decisión histórica” la adopción formal de una nueva versión del impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales. El amplio consenso alcanzado —la revisión fue suscrita por más de 145 países y jurisdicciones del llamado Marco Inclusivo OCDE-G20— ha sido presentado por la institución como una señal de cooperación reforzada en un momento de crecientes tensiones internacionales, pero lo cierto es que descafeína la propuesta inicial: exime del impuesto a las corporaciones estadounidenses, las más poderosas del globo, y por carambola deja en desventaja competitiva a la UE, que ya convirtió la primera versión del impuesto en norma de obligado cumplimiento para sus socios.

El núcleo del nuevo acuerdo es un sistema denominado side-by-side —paralelo, en castellano—, que reconoce la coexistencia de esquemas nacionales de tributación empresarial mínima con el marco que la OCDE promovió en 2021. La revisión permite que las jurisdicciones con regímenes fiscales mínimos que respeten ciertas condiciones, cualificados según los estándares del organismo multilateral, sigan aplicando su propia normativa en lugar de acogerse íntegramente a la arquitectura internacional. Para sorpresa de nadie, el único país que a día de hoy cumple con estos requisitos es Estados Unidos, el mismo que forzó a adoptar el cambio bajo la Administración de Donald Trump.

Cuando volvió a la Casa Blanca el año pasado, el magnate rechazó de pleno el impuesto mínimo a las multinacionales —una iniciativa conocida técnicamente como pilar dos—, argumentando que discriminaba a las empresas estadounidenses y que EE UU ya contaba con su propio impuesto mínimo corporativo, implementado durante su primera legislatura. Su objeción, como es habitual, no se limitó a la queja: amenazó con represalias a aquellos países que impusieran gravámenes “extraterritoriales” a los grupos norteamericanos.

Esta estrategia de presión y confrontación —típica del mandatario estadounidense— ya surtió efecto en el G-7, que el pasado verano acordó eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo del 15%. Ahora, anunciados por la OCDE como un éxito diplomático y económico. El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, destacó el lunes en un comunicado que el acuerdo “representa una victoria histórica en la preservación de la soberanía estadounidense y la protección de los trabajadores y las empresas estadounidenses de la extraterritorialidad”. Y aprovechó para criticar a la anterior Administración demócrata, que inicialmente impulsó los trabajos de la OCDE: “Las órdenes ejecutivas del presidente Trump, emitidas desde el primer día, dejaron claro que el acuerdo sobre el pilar dos de la OCDE propuesto por la Administración Biden no tendría validez ni efecto para Estados Unidos”.