Villamanín ha pasado de la alegría colectiva al resquemor, la tensión y la incertidumbre entre sus vecinos en tan solo unos días. La localidad leonesa, que apenas llega a los 900 habitantes, celebró el pasado 22 de diciembre un Gordo de Navidad que, para muchos, ha llegado totalmente envenenado. El 79432 había viajado hasta este pueblo como lo hacen muchos números de otros sorteos en tantos otros rincones. A través de participaciones que vendía un grupo de jóvenes de la Comisión de Fiestas por cinco euros (cuatro euros para jugar y uno como donativo para organizar las celebraciones del próximo verano). 

En total llegaron a vender 450 participaciones, de las que solo llegaron a consignar, es decir, llevar a la administración de Loterías donde tenían reservado el número para canjearlas por décimos, unas 400. Otras 50 quedaron sin embargo dentro de una mochila en la casa de uno de los miembros de la Comisión y, por tanto, sin equivaler a ningún décimo y sin los cuatro millones de euros con los que hubieran sido premiadas. El enfado, desatado ya en la localidad desde el mismo día del sorteo, ha generado que los propios jóvenes renunciasen a los décimos y participaciones con los que ellos mismos contaban para donar el dinero a los damnificados. Y, aun así, aún quedan otros dos millones de euros por cubrir. En un acuerdo verbal, la mayoría de vecinos aceptó el pasado viernes reducir un 10% la parte de su premio (de 80.000 a 72.000 euros) para que todos quedasen contentos. Pero la decisión no es unánime entre los 450 involucrados y algunos vecinos, de hecho, parece que se negaron y ahora están dispuestos a llevar el asunto ante los tribunales. 

"Una sola denuncia en Villamanín es una bomba nuclear", asegura a 20minutos José Luis Cortés y García, abogado experto en Derecho Civil y en asuntos relaciones con Loterías**,** quien apuesta porque lo mejor que pueden hacer todos los vecinos del pueblo en estos momentos es conseguir entenderse y llegar a un pacto para reducirse parte de su premio. "Lo mejor es un acuerdo porque el hecho de ponerse ahora con un procedimiento judicial va a significar mucho tiempo. Seguramente un juez como medida cautelar decida suspender el pago del dinero hasta que se resuelva. Todo se puede complicar mucho, que haya demandas individuales, colectivas... y la Comisión de Fiestas ya está diciendo que son insolventes para hacer frente a todo el dinero". 

Los propios organizadores de las participaciones, de entre 18 y 25 años, han perdido perdón y han explicado que lo ocurrido se trata de un error humano. Y aquí reside para el experto una de las grandes cuestiones a la hora de judicializar el asunto: "Hay vecinos que hablan de si ha sido una estafa, pero eso también se tiene que demostrar en un juicio. Tienen que demostrar que ha habido un dolo, un engaño y que estos jóvenes han querido defraudar para conseguir un perjurio económico en los afectados".