Dolores tenía 86 años cuando su marido, de 90, la asesinó. El pasado julio, la encontraron en la cama de su casa, en un pueblo de Asturias, con fuertes golpes en la cabeza y cortes por el cuerpo. Tres meses después, en la otra punta del país (Librilla, Murcia), un hombre de 27 años mató a Ainhoa, su novia, de solo 19. Son las víctimas de mayor y de menor edad de las 46 mujeres que en 2025 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Cinco de los asesinos se suicidaron. Todos los demás agresores fueron detenidos. Ni el agresor de Dolores ni el de Ainhoa tenían denuncias previas por violencia machista, como ocurre en tres de cada cuatro casos. A estos crímenes se suman también las de tres niños, asesinados por sus propios padres o por parejas o exparejas de sus madres, con el objetivo de infligir daño y sufrimiento a estas mujeres y a sus familias.

La cifra va creciendo dolorosamente año a año. Desde 2003, cuando el Gobierno comenzó a elaborar la estadística oficial, ya son 1.341 las mujeres asesinadas. Y desde 2013, cuando los menores fueron reconocidos como víctimas de la violencia vicaria de género, han sido asesinados 65 niños y 504 menores han quedado huérfanos.

Pese a la gravedad de los datos, 2025 fue el año con menos víctimas mortales desde que hay registros. Tres menos que en 2024, cuando se cumplieron dos décadas de la entrada en vigor de la ley que penalizó la violencia machista y cuando fueron asesinadas 49 mujeres y nueve niños, la cifra más alta de menores asesinados en la serie histórica, junto con 2015. Para Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, el análisis interanual resulta menos revelador que el análisis a largo plazo: al comparar los 10 primeros años frente a los 10 últimos, se observa “una reducción del 19% en el número de homicidios”.

Según el también profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, esta reducción refleja una “mayor conciencia social, tanto de las propias mujeres como de su entorno”, que ha contribuido a interrumpir situaciones que podrían haber terminado en homicidio. Este cambio, según el exdelegado, se explica por las campañas de concienciación, las medidas normativas e institucionales y una mayor información sobre los mecanismos de denuncia. Sin embargo, matiza Lorente, crece el negacionismo, fogueado por la polarización social. “Una reacción machista que reivindica el papel de los hombres y sostiene que las mujeres denuncian falsamente”, según el especialista. Esta dinámica, explica, tiene un doble efecto: genera desconfianza en las mujeres hacia el sistema de protección y reduce el rechazo social que perciben los agresores.

La magistrada Lucía Avilés, especializada en violencia de género, considera que, para impedir los asesinatos, “la primera apuesta no debe ser judicial” y resalta la importancia de la prevención. “Un elemento que atraviesa casi siempre a las víctimas de violencia de género es la dependencia económica del victimario, que impide que puedan salir del ciclo de la violencia”, explica la jueza. Y destaca: “Creo que la violencia económica es una de las prioridades, que se debe atajar, se debe regular y se debe penalizar”. Una vez que las afectadas acceden al ámbito judicial, Avilés recomienda “seguir potenciando todas las medidas de protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sobre todo para la detección precoz del riesgo”.