El Partido Popular ha anunciado este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, para investigar “la caja negra” de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los populares apuntan así a la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, detenidos preventivamente y puestos en libertad en diciembre pasado. Y con el foco puesto también en Venezuela.

Con la decisión avanzada este lunes, el PP desgaja el asunto de la SEPI del objeto de la comisión de investigación del caso Koldo, ya en curso en la Cámara alta, e impulsa de esta forma una nueva comisión de investigación centrada solo en esa investigación. En cualquier caso, durante los interrogatorios de los senadores populares cobrará especial trascendencia el conflicto venezolano, pues el PP sostiene que en el rescate de la aerolínea Plus Ultra a través de la SEPI hay lazos con el régimen de Nicolás Maduro.

Dos días después de la captura del depuesto mandatario venezolano, los populares hacen así valer su fuerza en el Senado para indagar, entre otras cuestiones, si “con dinero de todos los españoles” el Gobierno de Pedro Sánchez pagó “favores a dictaduras” como la de Maduro “en Venezuela” a través de rescates a aerolíneas como Plus Ultra. El partido liderado por Feijóo también tiene en marcha otra comisión en el Senado sobre el CIS, otra sobre la dana y otra sobre el apagón.

En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha comunicado además que su partido hará comparecer el próximo 15 de enero ante el pleno de la Cámara alta a las vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable de la SEPI; y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a quien la oposición implica en la supuesta trama de fraude de los hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) acudió a Correos, al Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica, a por documentación relacionado con la supuesta red de Leire Díez.