Los diputados de la izquierda habían presentado una petición a la Mesa de la Asamblea poco después de que se hicieran públicos los audios del CEO de Ribera en los que pedía priorizar ganancias a la atención de ciertos pacientes
El PP de Madrid sigue firme en su intención de no escarbar más en la gestión del grupo Ribera Salud en el hospital de Torrejón, muy cuestionada desde que este diario hiciera públicos los audios del CEO de la empresa sanitaria privada, Pablo Gallart, en los que pedía a varios trabajadores en puestos de jefatura que priorizaran las ganancias antes que la atención a pacientes cuyos tratamientos resultaban más costosos. A principios de diciembre, Más Madrid solicitó a la Asamblea la creación de una comisión que investigara el impacto de las decisiones de Ribera en la calidad asistencial. Presentó su petición en la Mesa, pero el PP ha manifestado su “oposición” a que se sigan investigando los hechos, sin dar más explicaciones al respecto.
La solicitud, firmada por todos los diputados de Más Madrid el pasado 10 de diciembre, argumentaba la necesidad de crear una comisión de investigación, tras haberse conocido las intenciones de Gallart de “manipular las listas de espera en función de criterios ajenos a necesidades clínicas o asistenciales sino puramente económicos”. “Sin menoscabo de las actuaciones en la Justicia ordinaria, es un deber inexcusable de esta Cámara ejercer su función de control”, pedían los diputados en el escrito presentado a la Mesa.
Más Madrid justificaba la pertinencia de estas nuevas investigaciones, además, con las instrucciones por escrito que la empresa envió a los trabajadores para no utilizar determinados procedimientos clínicos con pacientes “no cápita” y los despidos a directivos que ocurrieron después de que se negaran a acatar estas órdenes, u otras como la de reutilizar material sanitario desechable, una “acción de un elevadísimo riesgo para la seguridad de los pacientes”.
La comisión debería estar formada por tres diputados de cada partido con representación en el Parlamento regional ―PP, Más Madrid, PSOE y Vox―. En ella se analizarían en profundidad “las auditorías, inspecciones, supervisiones y cualquier otra herramienta de control aplicada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid relacionadas con la empresa Ribera Salud en la presente Legislatura, así como el criterio de asignación de recursos económicos a dicho centro sanitario”. Las pesquisas deberían concluir antes de junio de 2026, y con sus resultados se llegaría a un dictamen sobre los hechos.
Sin embargo, el PP, a través de su portavoz asambleario, Carlos Díaz-Pache, ha enviado otra carta a la Mesa con el objetivo de llevar a votación en la próxima sesión plenaria el veto de la comisión propuesta por sus oponentes políticos. El Gobierno de Ayuso, cuando se desató la polémica, trató de zanjarla enviando a varios auditores al hospital de Torrejón, que concluyeron que no había existido problema alguno en su gestión. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, aprovechó ese momento para ensalzar los buenos datos del centro hospitalario y defender, una vez más, el modelo público-privado.
Según los diputados de la izquierda, las informaciones que contenían los audios, y las que se sumaron después, solo venían a confirmar lo que ya habían expuesto durante los meses previos los profesionales del hospital de Torrejón. Las palabras del CEO en las que pedía “desandar el camino” que habían tomado los trabajadores en el año 2022 y 2023 para disminuir las listas de espera se conocieron a principios de diciembre, pero desde hacía meses los trabajadores ya habían manifestado su desacuerdo con la gestión de este centro sanitario, que funciona bajo un modelo público-privado promovido por el Gobierno autonómico madrileño. Esta colaboración administración-empresa privada consiste en que la primera paga un monto de dinero fijo a la segunda por atender a una población asignada, más un extra por cada paciente de fuera de ese grupo que reciba el servicio, usuarios llamados “no cápita”.
Anteriores denuncias emitidas por los empleados, en abril y mayo de 2025, por ejemplo, tenían que ver con ingresos de pacientes que se prolongaban “artificialmente” para aumentar la facturación. Aunque fueron puestos en conocimiento de la directora general de Aseguramiento, Adecuación y Supervisión Sanitaria y de la directora general asistencial en sendas sesiones de control al Gobierno en la Comisión de Sanidad, según Más Madrid, los responsables políticos no atendieron a las señales, lo que, asegura la izquierda, “añade aún más gravedad a la situación”.
Aunque el hospital de Torrejón está gestionado por una empresa privada su servicio forma parte de la red pública del Sermas, por lo que Más Madrid recuerda que la Consejería de Sanidad es la responsable del “control y supervisión de dicho hospital, con auditorías periódicas que aseguren que la calidad asistencial de dicho centro sanitario no difiere de la del resto de hospitales de nuestra región”. Más Madrid señala que, sin embargo, las auditorías que se le hacen a este tipo de centros periódicamente no han sido publicadas, por lo que no se sabe si los buenos resultados y prácticas de las que habla el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso encuentran sus argumentos en estos documentos.
“Ayuso ejerce un control sobre el parlamento de todos los madrileños como si quisiera ser Orbán. Y lo ejerce porque tiene muchísimo que esconder”, asegura Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Recuerda que el PP “lleva años censurando cualquier iniciativa de la oposición sobre la colaboración público privada de la sanidad” y que ahora se ha interpuesto en la investigación en Torrejón, así como lo han hecho en otras ocasiones en las que se ha intentado conocer le verdadero papel de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, dentro del gigante sanitario Quirón, el mayor contratista en materia de sanidad en la Comunidad de Madrid.
La negativa del Gobierno regional a que se llegue al fondo de los hechos ocurridos en Torrejón y sus consecuencias, aclara Bergerot, “es un veto” a que se conozcan las entrañas de un modelo “que está triturando la sanidad pública”. “Si lo vetan es porque lo único que pretenden es que siga todo igual: una sanidad pública colapsada y con más de un millón de personas en listas de espera y unos sinvergüenzas que están enriqueciéndose a nuestra de nuestra salud”, concluye.
Más Madrid también interpuso una denuncia frente a la Fiscalía Provincial de Madrid, a mediados de diciembre, por la presunta comisión de seis delitos por parte de los gestores del hospital de Torrejón: discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos. El partido acusó a la Comunidad de Madrid de “permitir los abusos de Ribera Salud y Quirón” a la vez que “protegen” sus ganancias a costa de empeorar la atención a los pacientes.
