El PP ha dejado de tratar los acuerdos con Vox como una excepción incómoda para empezar a presentarlos como una pieza normal del tablero político. El giro hacia la normalización de los acuerdos con la extrema derecha se ha hecho visible tras el resultado de las elecciones en Extremadura, donde las urnas han vuelto a situar al partido de Santiago Abascal como un socio imprescindible del PP. Tras las extremeñas, donde la derecha y la extrema derecha alcanzaron en conjunto el 60% de los votos, la dirección nacional del PP ha optado por asumir públicamente lo que hasta ahora se defendía a media voz: que con Vox se puede –e incluso se debe− pactar.

Extremadura ha funcionado como catalizador de un debate interno que bullía hace tiempo en el PP, con el ala dura presionando para acelerarlo. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, una de las dirigentes de ese sector duro que venía apostando en privado por asumir sin complejos los acuerdos con Vox, fue la encargada esta semana de hacer pública la redefinición de la relación del PP con la extrema derecha. “Extremadura quiere un Gobierno de derechas”, proclamó sin medias tintas, en referencia a uno fruto del “entendimiento”, dijo, de PP y Vox. La portavoz en el Congreso subrayó que “el miedo a la derecha ya no cuela” porque “ha habido un Gobierno del PP en Extremadura, en algún momento ha sido un Gobierno de coalición con Vox, y el resultado es que los extremeños piden más”.

Reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, que analiza los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura. Foto: Jaime Villanueva

El giro implica normalizar y priorizar los acuerdos con la extrema derecha, y ni siquiera pedir al PSOE que se abstenga. Con los socialistas ya no se quiere pactar nada. La portavoz del PP en el Parlamento insistió en “leer lo que quieren los extremeños”. “Y un 60% quiere un Gobierno de derechas”. Muñoz enfatizó el “severo correctivo de los extremeños al PSOE”, que se hundió al 26% y 18 diputados, lo que significaría el mandato, según el PP, de que debe mirar hacia su derecha.

El cambio no es menor. Hace solo seis meses, el pasado julio, en el congreso nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo adquirió de forma solemne el compromiso de no gobernar con Vox. “Yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno de coalición no ha funcionado”, subrayó en su discurso tras ser reelegido como líder. Ahora, el PP no ha definido como línea roja para Extremadura que Vox quede fuera del Gobierno y defiende que el mandato de los votantes es que haya “un entendimiento” con Vox, lo que contrasta con aquella promesa de Feijóo, pensada para ensanchar el espacio electoral hacia el centro y tranquilizar a los votantes moderados. “Es que todo ha cambiado, la sociedad se está derechizando a ritmos agigantados, Pedro Sánchez ha polarizado tanto que es un pendulazo hacia el otro lado”, arguye un presidente autonómico del PP sobre el giro hacia “normalizar” a Vox.

Génova apuntala la nueva tesis de abrirse sin complejos a los pactos con Vox con su lectura de los resultados en Extremadura. En el equipo de Feijóo insisten en que las extremeñas son “el fracaso de una ideología”, la izquierda, y de “una corriente de opinión”, la que sostiene que los pactos con la extrema derecha penalizan al PP. Según Génova, lo demuestra que, pese a haber pactado con los de Abascal, María Guardiola se impuso con un 43,2% de los votos, lo que la convierte en la quinta presidenta autonómica más votada de España. También, según los populares, porque las elecciones extremeñas han demostrado que el PP y los ultras pueden crecer “en paralelo”, aunque Vox crece más, porque mientras el PP sube cuatro puntos, Vox lo hace nueve. Los de Abascal escalaron hasta el 17% de los votos en unas elecciones marcadas también por la baja participación, la menor de la historia de Extremadura.

Y, por último, según el PP, porque el batacazo del PSOE pese al riesgo de un Gobierno PP- Vox implicaría que el miedo a la extrema derecha no moviliza ya a la izquierda. “Lo de que viene Vox ya no le funciona a la izquierda”, afirma un dirigente del núcleo duro.

Tal es el giro que ahora una parte del PP abandera incluso forzar a Vox a entrar en sus Gobiernos. “Lo suyo sería ahora obligar a Vox a que gobierne, para que se desgaste, porque quieren seguir desde fuera para mantenerse en su periodo de gracia”, señala este dirigente. Hasta el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, uno de los barones más moderados, se ha apuntado a esta tesis. “Vox solo empezará a bajar cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidades”, dijo el pasado lunes.

La pregunta que recorre al PP es hasta dónde van a hacer valer los de Abascal sus votos decisivos en Extremadura. Lo primero que ha puesto encima de la mesa Vox son las 200 medidas que ya planteó a Guardiola para aprobar los Presupuestos, y que la presidenta extremeña se ha abierto a estudiar pese a que las había rechazado por inasumibles.

Entre ellas, Vox pide eliminar el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto; suprimir las subvenciones para cooperación internacional, para la “ideología de género”, sindicatos y patronal, y derogar la ley LGTBI extremeña, que aprobó el expresidente popular José Antonio Monago.

Los de Abascal avisan, además, de que la negociación en Extremadura se enmarca en un contexto de tensión con el PP. Fuentes de Vox advierten de que el “apoyo e impulso” del PP a la “guerra sucia” contra su partido ha supuesto “un antes y un después”, lo que indica que no se lo van a poner nada fácil a Guardiola. La referencia de Vox es el discurso del president valenciano Juanfran Pérez Llorca en su investidura, en el que cargó contra el pacto verde y la inmigración y, según las mismas fuentes, no descartan pedir entrar en el Gobierno, si Guardiola acepta sus medidas, “para aplicarlas”.

La presidenta extremeña tendrá que valorar hasta dónde cede. “Guardiola no ha medido bien”, apunta un miembro de la dirección popular, que cree que chocó demasiado en campaña con el líder de Vox, de quien ahora depende, y eso lo dificulta. “Abascal va a tocar las narices, pero si lo hace demasiado perderá credibilidad”, confían en el PP.

En Génova creen que Vox no pedirá entrar en el Gobierno y esperan que no eleve demasiado el precio porque basta con su abstención, aunque sin ella Guardiola no podrá gobernar. “Si las exigencias no son racionales veremos qué incidencia tienen en otros periodos electorales”, avisan en el equipo de Feijóo. El acuerdo extremeño tiene que negociarse en plena campaña de las elecciones en Aragón, previstas para el 8 de febrero y, por tanto, la estrategia de negociación impactará en las expectativas electorales de unos y de otros. “Vox está en una encrucijada y en un debate interno sobre qué hacer”, valora un presidente autonómico del PP. “Si entran en los Gobiernos, se oxidan; si no, se convierten en tontos útiles; y si impiden al PP gobernar todavía es peor, sería un voto inútil”.

La tónica del nuevo ciclo será la misma. El PP admite que ni en Aragón ni en Castilla y León es razonable esperar una mayoría absoluta, que también está en cuestión en Andalucía. La jugada que pretenden tanto Jorge Azcón como Alfonso Fernández Mañueco es intentar que el resultado del PP les permita depender solo de las candidaturas localistas. Pero será difícil con el crecimiento de la extrema derecha. “El ruido nacional alimenta a Vox”, se queja un presidente del PP.

“El resultado en clave extremeña no es tan bueno, pero en clave nacional sí. Feijóo está encantado con el tortazo a Pedro Sánchez”, apunta un dirigente popular, que también recuerda que Extremadura solo aporta seis escaños al Congreso. El varapalo a los socialistas en un feudo histórico de la izquierda también está detrás de que la dirección del PP se haya envalentonado a normalizar su entendimiento con la extrema derecha.