El Ministerio de Trabajo está a punto de desempolvar el primer examen de la reforma laboral que el primer Gobierno de coalición de PSOE y Podemos aprobó hace ahora cuatro años, aunque lo hará sin exigir cambios legislativos en alguna de las medidas incluidas en el texto aprobado por el Congreso in extremis en febrero de 2022 . La evaluación contendrá un análisis profundo del comportamiento del mercado laboral en este periodo, pero evitará instar a modificar la norma tanto por lo que consideran una buena aplicación como por la imposibilidad de sacar adelante cualquier cambio legal en un parlamento tan fraccionado como el actual. Ese examen será el primero que supere la que fue ley estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque no cuenta con la participación de la patronal, que ya se salió de esa mesa negociadora en abril del año pasado por el «oportunismo político» y la «estigmatización» de las empresas . Una disposición adicional (la 24) del texto de la reforma laboral obliga a «efectuar una evaluación» de la temporalidad en España a principios de 2025. Tanto la «general» como «por sectores», especifica, publicando las estadísticas. Y si el grado de estabilidad del mercado de trabajo no ha «avanzado» lo suficiente, el Ejecutivo debe proponer medidas para lograrlo. E incide la ley: «Ya sea en la general o en la de los diferentes sectores» .Pero los análisis que incluirá el texto, según distintas fuentes del diálogo social, no ahondan en algunas de las cuestiones más controvertidas de aquella ley. La evaluación valorará positivamente cómo se ha reducido la temporalidad en un mercado laboral como el español, abonado históricamente desde los años 90 a la eventualidad en los contratos de trabajo. Y pondrá el acento en la estabilidad que ha conseguido la norma, así como las altas cotas de empleo y afiliación, y bajo paro registrado, conseguidos a lo largo de estos últimos años. Ahora hay más empleo y menos temporalidad, aunque no ocurre lo mismo en la Administración Pública, donde sigue disparada . Pero también más finiquitos en los fijos y más contratación a tiempo parcial , dos factores que explican por qué una parte de la población no llega a fin de mes o tiene que recurrir a un segundo trabajo. Y esas cuestiones, aunque reales, no implican un cambio de la norma que pudiera proponer el texto que ultima Trabajo con los sindicatos. Un primer reto que tiene el Gobierno pasa por conseguir que la temporalidad baje de forma efectiva en las Administraciones. Porque son los estamentos y empresas del sector público en los que la temporalidad sigue campando a sus anchas. Frente a un sector privado que ha hecho los deberes, tal y como recuerdan fuentes de la CEOE. En el conjunto de empresas de España, la tasa de temporalidad ha pasado del 25% de 2021 hasta el 15% actual. En algunos organismos públicos ronda aún el 30%.El cambio legal que explica en gran medida esa reducción de la temporalidad del mercado laboral se denomina fijos-discontinuos. Esta modalidad de contratación ha obligado a buena parte de los negocios a dejar de formalizar contratos temporales por obra y servicio y hacerlo con indefinidos. Esa modalidad tiene un 'pero': los trabajadores se encuentran una parte del año en situación de desempleo por la caída de la actividad de la empresa en la que se encuentran ocupados, como suele ocurrir en hostelería o turismo.