El PSOE confirma que Leire Díez no tuvo cargo en el partido, pero asume haberle pagado 15.612 euros como “periodista”
La formación entrega al juez datos de la relación laboral con Santos Cerdán, con Antonio Hernando y con la exmilitante investigada
El PSOE ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, toda la información que el juez había requerido sobre la relación laboral del partido con la exmilitante Leire Díez, con el ex secretario de Organización Santos Cerdán y con el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. La formación confirma que Díez nunca tuvo cargos orgánicos en el PSOE, si bien admite haberle pagado 15.612 euros por trabajos como “periodista” en 2017.
En la documentación que han remitido al magistrado —que indaga si Leire Díez lideró un “plan delictivo” para desacreditar a mandos de la Guardia Civil o de la Fiscalía Anticorrupción— exponen: “No nos consta que [Díez] haya tenido cargos orgánicos en el partido”. Recuerdan, eso sí, que entre 2011 y 2015 ella fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) representando a los socialistas.
Este extremo ya se conocía, pues fue reconocido por la propia Leire Díez ante el juez en su declaración el pasado mes de noviembre, cuando negó haber trabajado para el PSOE y se desvinculó por completo de cualquier encargo o indicación del partido en las reuniones que mantuvo a lo largo de meses con fiscales, guardias civiles o imputados en distintos casos de corrupción y que ahora están bajo el foco del juez instructor.
La novedad de esta nueva documentación, avanzada por Abc y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está en el que el PSOE reconoce haber pagado a Díez “como periodista” el año previo a que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. “Consta según la documentación de que disponemos que en el año 2017 prestó servicios en régimen mercantil”, refleja el letrado de la formación. No concreta qué tipo de trabajos periodísticos realizó Díez, quien hace unas semanas fue detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vinculada a una trama de corrupción por amaño de ayudas y contratos públicos.
El juez Zamarriego investigaba su actuación desde antes, desde el pasado mes de julio, e indagaba en si ella junto al empresario Javier Pérez-Dolset buscaron información para “malbaratar” investigaciones que afectaban “a políticos y empresarios” ofreciendo a cambio beneficios con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambos están acusados de delitos de cohecho y tráfico de influencias.
En el horizonte judicial de esta causa está, precisamente, la citación de testigos como Cerdán y Hernando el próximo 2 de febrero. Ambos mantuvieron al menos una reunión con Díez y Pérez Dolset, reconocida por todos los presentes, que se enmarca en la primavera de 2024 cuando Sánchez se había tomado unos días de reflexión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. El juez Zamarriego trata de aclarar si los dos investigados actuaron por su cuenta en estos encuentros de los que han trascendido grabaciones (por ejemplo con el imputado en un caso de hidrocarburos Alejandro Hamlyn o con el fiscal Ignacio Stampa) o tenían algún tipo de encargo o vinculación con el partido de Gobierno. Por ello, pidió también información sobre el exsecretario de Organización socialista y el que fuera director adjunto del Gabinete de la Presidencia de Sánchez.