El suculento negocio en el que se ha embarcado la industria de defensa a cuenta de los planes estratégicos del Gobierno ha derivado en el primer choque judicial entre varias compañías del sector después de que Santa Bárbara haya logrado que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo para que se suspendan los 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Ambas corporaciones habían configurado la fórmula de la unión temporal de empresas (UTE) para desarrollar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno con una línea de financiación preferente. En concreto, Santa Bárbara, que está en manos de General Dynamics European Land Systems (GDELS), había pedido la suspensión cautelar de los préstamos para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).Ambos créditos están recogidos en un real decreto del 14 de octubre 2025 en el que el Consejo de Ministros estableció las normas reguladoras de la concesión directa de créditos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar. En total, el Ejecutivo ha concedido 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diferentes empresas para financiar el desarrollo de los programas de modernización militar.Los programas en los que participa Indra (bien en solitario, con algún socio o adjudicados a Hisdesat , a la que también controla) acumulan 7.944 millones de euros en préstamos gubernamentales, mientras que los de Airbus suman 4.030 millones de euros (hay un programa de 350 millones en el que participan Airbus e Indra ) y los de Navantia totalizan 2.292 millones de euros.Los dos créditos que se han solicitado bloquear de forma cautelar son los de mayor cuantía concedidos a Indra, que liderará proyectos en varios dominios (tierra, mar, espacio y ciberespacio), mientras que los asignados a Airbus y Navantia se centran en los ámbitos aéreo y naval, respectivamente.Para «proteger» la tecnología españolaEn este contexto, fuentes de Santa Bárbara Sistemas consultadas por ABC, además de confirmar la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo, han subrayado que el objetivo de esta iniciativa legal es « proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de defensa en España».Santa Bárbara no considera justificado que se le haya excluido de los programas ideados por Indra y Escribano, ya que la histórica compañía de defensa dispone de las patentes para desarrollar los proyectos que ha encomendado el Estado a Indra y Escribano, sin la necesidad de recurrir a otras vías, incluso en el exterior, que puedan resultar más complejas.Asimismo, la empresa ha resaltado que sigue en conversaciones con el ecosistema industrial nacional de defensa para «cumplir con los objetivos del Gobierno» en los Programas Especiales de Modernización y de autonomía estratégica de la UE.