Nuevo capítulo en la guerra que se libra en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el modelo de retribución aprobado para las redes eléctricas de cara a los próximos seis años (2026-2031) y que, en teoría, entrará en vigor el próximo jueves, 1 de enero. El vicepresidente del pleno, Ángel García Castillejo, a su vez presidente de la sala de supervisión regulatoria, ha presentado un voto discrepante a la resolución adoptada el pasado 22 de diciembre por el que se establece la metodología de retribución de las redes de distribución eléctricas en España.

En este voto discrepante, al que ha tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, García Castillejo denuncia los vetos impuestos por la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, a las propuestas alternativas para establecer la metodología conforme a la cual cobrarán los principales propietarios de la red de baja tensión, fundamentalmente Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP.

Según considera el vicepresidente de la CNMC, la reforma presentada in extremis la pasada semana diseña un nuevo marco retributivo que podría ser tumbado en los tribunales. Los cambios fueron aprobados por una mayoría muy justa (cinco miembros del consejo a favor frente a tres en contra y una abstención), permitiendo que la circular pudiera encajar con el dictamen preceptivo del Consejo de Estado pero sin debatir otras propuestas.

“Esta vicepresidencia entiende que la no consideración de propuestas alternativas a la presentada por la Presidencia [...] redundan sin duda en perjuicio del conjunto del sector eléctrico español, de la industria, de la sociedad española y en especial a los consumidores y usuarios tanto empresariales como residenciales”, señala el voto discrepante de Ángel García Castillejo, que cree que “minimiza los riesgos de nulidad y anulabilidad” de las disposiciones contenidas en la propuesta de circular.

El consejero centra buena parte de sus críticas en que se hayan ignorado algunas cuestiones apreciadas por el Consejo de Estado: “La no estimación por la mayoría del Consejo de la CNMC de las observaciones consideradas como esenciales [...] supone una grave decisión que conduce al conjunto del sector a un escenario de inestabilidad e inseguridad jurídica que compromete el adecuado desarrollo del sector eléctrico en España″.

Y también lamenta la ineficacia de los cambios que sí se han recogido, ya que considera que estos, “más allá de estériles debates competenciales, en nada ayudan a la adecuada regulación sectorial y perjudican gravemente al sector al situarle ante un escenario de inseguridad jurídica e inestabilidad”.