La familia del médico militar, asesinado en 1936 y a quien algunas fuentes atribuyen la supervivencia de Franco tras caer herido en la guerra del Rif, recibe un auto que lo reconoce como víctima
El 29 de junio de 1916, uno de los militares españoles que combate en la guerra del Rif recibe un disparo en el estómago en El Biutz, a unos 10 kilómetros de Ceuta. Tiene 23 años. Ese tipo de heridas eran mortales, pero un médico militar consigue salvarle la vida. El herido era Francisco Franco. El médico tiene distintos nombres, según la fuente. No hay consenso, explica el catedrático de Historia contemporánea Julián Casanova, autor de la última biografía del dictador, sobre quién fue ese doctor. Uno de los que se baraja es Alfonso Gaspar y Soler, que sería asesinado por los franquistas 20 años más tarde, en 1936. El caso ha sido abordado recientemente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca a iniciativa de la unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que atendió la petición de la familia para que la justicia establezca las circunstancias de su muerte, las del asesinato de un inocente. El auto, que ya está en poder de sus nietos y bisnietos, dice: “A la vista de la prueba practicada [...] se declaran los siguientes hechos [...] Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, en el contexto de la represión de la disidencia desplegada por el bando sublevado y con motivo de su ideología y actividad política, el señor Gaspar y Soler fue detenido en el Hospital Militar de Huesca [...] El 23 de agosto fue asesinado a golpes en la tapia del cementerio”.
“En mi casa”, cuenta Emilia Gaspar, su nieta, de 66 años, “siempre me hablaron de esto”. “Mi abuelo fue el único médico que se atrevió a intervenir porque Franco debía estar tan mal que no sabían ni por dónde empezar. Le salvó la vida y, dos décadas después, Franco no movió un dedo para salvar la suya”. Víctor Pardo, que ha investigado durante años la represión en Huesca y fue citado como perito por la Fiscalía, explica: “El expediente militar de Alfonso Gaspar desapareció y no hay un certificado con la firma del médico que operó a Franco, pero hay muchas probabilidades de que fuera él porque ambos coincidieron en África y Gaspar fue posteriormente condecorado. También está la carta que guarda el archivo histórico del PCE que relata que fue él quien le salvó la vida”.
Pardo se refiere a una misiva, recogida en el libro Las cartas de la Pirenaica. Memoria del antifranquismo (Cátedra), que fue radiada en 1963 y que aludía, a su vez, a un artículo publicado nueve años antes en el periódico Izquierda Republicana, el órgano informativo del partido en el exilio mexicano. El autor del artículo es Clemente Cruzado, periodista y miembro de la directiva de Acción Republicana Democrática Española, quien, según explica en el libro, había sido prisionero del bando sublevado durante la guerra. Su nombre figura “en una lista de canje de periodistas de los dos bandos”. De acuerdo a su relato, cuando Franco llega al improvisado hospital de campaña, “nadie lo atiende porque su caso es de muerte y hay otros heridos a quienes se puede salvar”. Pero entonces “entra como una tromba otro médico militar. Es el doctor Alfonso Gaspar [...] Encarándose con sus colegas, les dice: ‘¡Vamos, rápido! ¡Hay que operar a Paco!’ [...] Aquel capitán moribundo es su amigo íntimo [...] A los tres meses de luchar rabioso con la muerte, logra lo que otros calificaron de milagro. El capitán Franco abandona el hospital completamente curado".
En la biografía de dictador firmada por Paul Preston se hace referencia a que la decisión de no trasladarlo a la base de evacuación de heridos fue clave para salvarle la vida. Y añade: “La situación de la herida dio origen a especulaciones sobre la aparente falta de interés de Franco en materia sexual”. Pese a la negativa inicial del Ministerio de la Guerra, explica el historiador, Franco fue ascendido a comandante, aunque alimentó un considerable resentimiento al no recibir la Gran Cruz Laureada de San Fernando por lo sucedido en El Biutz. Y 45 años más tarde, según relata Ramón Soriano, aseguró que la herida había sido en el hígado y no en el bajo vientre, “lo cual podía delatar cierta susceptibilidad sobre las supuestas consecuencias para su masculinidad”: “Afirmó que, pese a la gravedad de la herida, continuó dirigiendo heroicamente las operaciones desde la camilla. Según esta imaginativa reconstrucción, Franco no obtuvo la medalla solo porque el doctor que lo atendió informó más tarde que había estado al borde del colapso”.
Al volver de África, Gaspar y Soler fue condecorado con la Cruz de María Cristina y ascendió a comandante. El último destino del médico militar es Huesca. Allí, según la investigación de Pardo, reforzó sus ideas republicanas, se hizo amigo de Manuel Azaña y fue nombrado secretario del Consejo Nacional de Acción Republicana y candidato a las elecciones municipales de 1936, que no llegaron a celebrarse. También es directivo del Huesca Fútbol Club e interviene como forense en la Audiencia. “En casa me contaron”, relata su nieta Emilia, “que sus amigos le recomendaron que se fuera, como hicieron sus hermanos, exiliados en México, pero él no quiso dejar abandonados a sus pacientes”: “Lo detuvieron en el hospital. Cuando mi abuela fue a verle, le preguntó si quería que intentase hablar con Franco, que le debía la vida, pero mi abuelo se negó”.
Clemente Cruzado mencionó a una aristócrata, amiga del doctor, que supuestamente acudió a ver a Franco a Burgos para que lo liberaran. Según su relato, este le contestó: “La guerra, señora, no entiende de sentimentalismos”. Los familiares del médico relatan haber escuchado en casa la anécdota, pero desconocen quién era la mujer.
El 23 de agosto de 1936 Gaspar fue asesinado a golpes en la tapia del cementerio. Víctor Pardo relata que en su investigación entrevistó hace años a dos mujeres que tenían a familiares detenidos y se acercaban al lugar cuando creían que iba a haber fusilamientos. “Me contaron que ellas vieron cómo le daban una brutal paliza a Alfonso Gaspar. Según ellas, bailaron sobre sus tripas”.
El Juzgado Especial de Incautación de Bienes de Huesca abrió una causa contra Gaspar en febrero de 1938, cuando el médico militar llevaba año y medio muerto. Tres personas “de reconocida solvencia moral y prestigio ciudadano, entusiastas de la Causa Nacional” declararon sobre sus vínculos con la izquierda. En el informe de Falange incorporado al expediente se lee: “Por su actuación anterior y posterior al Movimiento Nacional falleció a consecuencia de heridas de arma de fuego”. Dicha “actuación” consistía en haber sido elegido candidato por Izquierda Republicana, ser accionista “de la editorial donde se tiraba el periódico izquierdista El Pueblo”, haber sido “consejero de los extremistas″ y haber apoyado a Azaña. En abril de 1938 el juzgado declaró “el embargo de todos sus bienes”; en noviembre, impuso al fallecido una multa de 1.500 pesetas como “justa indemnización al Estado”; y en enero de 1939, añadieron otras 106,74 pesetas por las costas del procedimiento. Rosalía Auria, su viuda, madre de tres hijos, abonó dicha cantidad días después.
“Después de que mataran a mi abuelo”, relata Emilia, “mi abuela recibía amenazas, anónimos que le decían que iban a matar a sus hijos, y decidieron mudarse a Zaragoza. Mi tía Rosalía era profesora de latín y mi tío Alfonso era médico, pero no podían trabajar porque no tenían el aval de Falange, así que durante un tiempo vivieron de lo que ganaba mi padre, que era apenas un crío, de peón en una fábrica azucarera”. El auto que acaba de emitir el Juzgado de Huesca afirma que la familia vivió “prácticamente en situación de pobreza a consecuencia de la persecución sufrida”.
En 1954, pagando una cantidad al encargado del cementerio, la familia trasladó el enterramiento de la fosa común a un nicho tras identificar el cadáver por un cinturón. “Pero en la lápida”, prosigue Emilia, “no se atrevieron a poner el nombre completo, solo las iniciales, A. G. S.”.
Desde que la Ley de Memoria Democrática (2022) estableció la creación de una unidad especializada de la Fiscalía para investigar violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, se han abierto más de 600 procedimientos de este tipo en todo el país. “No podemos sentar a los victimarios en un banquillo”, explica Dolores Delgado, fiscal de sala coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, “pero el Estado tiene la obligación de investigar y a través de la jurisdicción voluntaria se pueden hacer declaraciones para probar hechos pasados, para lo cual se recaba documentación y se toma declaración a familiares, peritos y testigos”. “Vemos patrones que se repiten: las víctimas eran personas comprometidas, progresistas. Sus familias eran esquilmadas y quedaban marcadas y obligadas en muchos casos, como el de esta familia de Huesca, al exilio interior”.
La familia considera “un acto de reparación” que un juzgado haya analizado, 89 años después, las circunstancias de la muerte de Alfonso Gaspar. “Fue muy emocionante. Ojalá nuestros padres hubieran llegado a vivir esto”, expresa Emilia, muy crítica con la decisión del Gobierno de Aragón (PP) de derogar la legislación regional de memoria. “Dicen que reabría heridas, pero es justo lo contrario. Las cierra. Y me da muchísima pena que a la gente joven no le hayan explicado la represión en los colegios. Yo soy profesora jubilada de historia y sé que algunos compañeros lo hacen, pero otros muchos no”. Pilar Villanueva, bisnieta de Alfonso Gaspar, explica: “Cuando iniciaron el proceso en el juzgado, llamé a mi padre y nos pusimos a llorar de emoción. Él antes no era partidario de la ley de memoria, pero se ha dado cuenta de que hacer memoria es hacer justicia”.
