El cerco sancionatorio contra Venezuela y su aliado Irán sigue extendiéndose. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sumado a su lista a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán relacionadas con el comercio de armas y drones de combate de fabricación iraní. “El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Seguiremos actuando con rapidez para impedir a quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense”.

Estados Unidos ha reimpuesto restricciones a Irán este año en su cruzada por detener el programa de misiles balísticos de Irán y contrarrestar su programa nuclear, lo que justificó que el 22 de junio pasado atacaran tres instalaciones nucleares en la ciudad persa de Fordow, en medio de la guerra entre Israel e Irán.

Las relaciones comerciales para el suministro de drones a Venezuela se remonta a al menos una década, desde los tiempos de Hugo Chávez, y han estado llenas de secretismo. Estados Unidos ha incluido en su lista de restricciones de activos y cuentas a EANSA, empresa estatal aeronáutica venezolana por la adquisición de vehículos aéreos no tripulados (UAV) diseñados en Irán, de la serie Mohajer de la empresa Qods Aviation Industries, del Ministerio de Defensa iraní, sancionada en 2023. Esta empresa también ha comenzado a fabricarlos y, de acuerdo con analistas de defensa, Venezuela es el primer país de la región, luego de Estados Unidos, en contar con estos sistemas.

Los equipos tienen capacidad de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y pueden lanzar bombas guiadas iraníes antitanque y antipersona. Venezuela ha exhibido prototipos de estos equipos fabricados en el país a los que llama Arpía o ANSU 100. El Tesoro también ha sancionado al presidente de la estatal EANSA, el general de división José de Jesús Urdaneta González.

En la lista de la OFAC también figuran personas radicadas en Irán supuestamente vinculadas con la adquisición de sustancias químicas controladas (perclorato de sodio, ácido sebácico y nitrocelulosa) utilizadas para misiles balísticos para Parchin Chemical Industries (PCI), filial de la Organización de Industrias de Defensa de Irán y otras dos empresas iraníes vinculadas con la operación y producción de sistemas de alta tecnología, como los drones, y el software de su programa aeroespacial. Se trata de Rayan Fan Group y Rayan Roshd Afzar Company.