Este primero de enero se han cumplido 40 años desde la entrada efectiva de España en la Europa comunitaria y merece la pena detenerse a señalar el éxito absoluto que supuso aquella operación, no siempre suficientemente valorada. Un éxito tanto para España y Portugal, que accedieron juntas a la entonces llamada Comunidad Económica Europea (CEE), como para el propio club comunitario. España se integró entonces en el espacio económico y geopolítico más democrático del mundo. Rompía así el lastre de siglos en declive y reencontraba un espacio en el que había venido arrastrando un papel meramente residual y que ofrecía enormes palancas desde las que organizar colectivamente, junto a sus vecinos, su presente y futuro en un mundo lleno de dificultades.

Acabados los Pirineos como frontera física y mental, en ese momento Europa cristalizaba como el espacio de solución a los problemas irresueltos de España. El primero, su persistente historial autocrático. Por eso, la transición democrática a partir de 1977 y la incorporación a Europa en 1986 son dos caras de una misma moneda: así lo buscaron, con acierto, las fuerzas de oposición a la dictadura. La principal seña de identidad de esa doble apuesta fue el consenso, una verdadera e insólita unanimidad, que absorbió las innegables dificultades del proceso.

La lista de logros es sobresaliente. La democracia se asentó, pese a los recelos y las tensiones regresivas, y recibió mucho influjo de las más avanzadas. La economía se modernizó y se abrió al mundo. Las empresas se adaptaron a un entorno competitivo y aumentaron su tamaño, valor añadido y capacidad exportadora. Se creó un auténtico, aunque al inicio débil, Estado de bienestar que seguía los mejores ejemplos continentales, también gracias al empuje sindical y popular. La sociedad eclosionó mostrando una potencia cultural y científica basada en la tolerancia, el activismo, la riqueza lingüística y la ambición de marcar una época de cambio. La apertura económica impactó en la desigualdad y quedaron enquistadas bolsas de pobreza. Pero en conjunto mejoró la capacidad adquisitiva hasta rondar la media europea. Al ganar presente, los españoles se garantizaron un futuro mejor.

Pero este camino es de doble dirección. Si la sociedad española se ha activado, en buena medida impelida por la tracción de la modernidad europea, esta se ha beneficiado también mucho de la aportación de la península Ibérica. Porque la ampliación al Sur ha sido la más redonda de la media docena que la Unión ha registrado: España y Portugal nunca han racaneado su compromiso ni jugado al beneficio solitario. Han evidenciado una voluntad europea a prueba de escepticismos, incluso cuando ha significado sacrificios difíciles de explicar a su población. La influencia del Sur europeo ha estado presente en una política exterior común mediterránea y latinoamericana; la batalla por la cohesión económica y social que permitió ampliar los fondos de nivelación social y regional; la multiplicación de políticas sociales, de la sanidad a la movilidad estudiantil; o el compromiso por la igualdad de género o contra el cambio climático.

Hoy todos estos avances están en discusión y se entorpecen, sobre todo desde el populismo y el nacionalismo proteccionista que ya impregna la política de otras grandes potencias y amenaza España. Conmemorar el éxito colectivo de la integración en Europa no es hablar del pasado, sino señalar aquello que a todos interesa mantener y mejorar hacia el futuro.