Lecornu logra de momento sortear la censura parlamentaria, pero se enfrenta a un arranque de año convulso, con el país aún sin presupuesto y a menos de tres meses de unas municipales de resultado incierto
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, afronta el inicio de año más incierto que ha vivido un Gobierno de su país en mucho tiempo. Sin presupuestos para 2026 ante la falta de acuerdo parlamentario, se han tenido que prorrogar de urgencia los de 2025 para evitar el colapso financiero del Estado. Esta misma semana, Lecornu tiene previsto retomar las negociaciones con los grupos políticos para pactar cuanto antes una ley financiera que permita salir del bloqueo. Todo ello, a menos de tres meses de las elecciones municipales, que complicarán la tarea de alcanzar consensos.
Francia no tiene presupuestos, pero al menos empieza el año con Gobierno. Lecornu lleva poco más de 100 días en el cargo. Cuando fue nombrado, anunció un “nuevo método de gobierno”, que pasaba por dialogar e intentar llegar a acuerdos con los partidos en una Asamblea muy fragmentada y sin mayorías. De momento ha logrado sortear la censura de los diputados, pero no aprobar la ley financiera, que era su principal misión.
La tarea se le complica, ya que estos dos últimos meses, durante la tramitación de la ley, se ha evidenciado la incapacidad de los partidos para alcanzar pactos. La prueba es que las cuentas fueron rechazadas en la fase final de la negociación. Pese a todo, Lecornu cree que aún es posible sacarlas adelante en el mes enero “sin la intervención del Gobierno”, es decir, sin que se aprueben por decreto.
La actividad parlamentaria se retoma el día 5, pero esta semana el Gobierno iniciará ya los contactos de manera informal con algunos partidos para avanzar antes de retomar las negociaciones oficialmente en esa fecha. Ya hay concertada una videoconferencia con representantes del Partido Socialista, que acordaron no censurar a Lecornu a cambio de algunas concesiones, como la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023. De las conversaciones, como hasta ahora, quedarán excluidos los dos polos del arco parlamentario: el partido de extrema derecha de Marine Le Pen y La Francia Insumisa, la formación de izquierda populista de Jean-Luc Mélenchon.
El Gobierno quiere que las cuentas completas estén aprobadas a finales de enero, pues la prórroga presupuestaria es solo una medida temporal y prolongarla tendría un alto coste económico para el país. La base para retomar las negociaciones será el texto presupuestario que salió del Senado, dominado por la derecha y los centristas, el pasado 15 de diciembre. Ese borrador no se consiguió validar en la comisión mixta formada por diputados y senadores, ya en la última fase, por desacuerdos entre los socialistas y Los Republicanos, el partido de la derecha tradicional.
El panorama no ha cambiado y la cita electoral de marzo complicará que las formaciones suavicen sus posturas políticas, pues podrían entrar en contradicción con sus respectivos programas electorales. Las elecciones municipales tendrán lugar el 15 y el 22 de marzo. Los diputados que son candidatos llevan tiempo en campaña, como es el caso de Rachida Dati, ministra de Cultura y candidata conservadora a la alcaldía de París.
Partidos como Los Republicanos, que han tenido que ceder y ver cómo se suspendía la reforma de las pensiones por la presión de los socialistas, no flexibilizarán su postura en la segunda ronda de negociaciones en enero, a solo dos meses de acudir a las urnas. A la izquierda, los ecologistas también han advertido a Lecornu de que no van a votar a favor del texto presupuestario que salió del Senado.
Durante la tramitación en la Cámara alta se habían eliminado algunas de las reivindicaciones de la izquierda, como el aumento de los impuestos a las empresas y los grandes patrimonios, que sí estaban incluidas en el texto que se debatió en la Asamblea, en la etapa previa.
Las elecciones municipales, además, tienen un coste para el Estado de unos 193 millones de euros. Este gasto no está incluido en la ley especial de prórroga presupuestaria, aunque la idea es que las cuentas de 2026 se aprueben antes de la cita electoral.
Lecornu se ha comprometido a no hacer uso del artículo 49.3 de la Constitución que permite sacar adelante una ley sin voto. Aunque aumenta la presión en el centro y la derecha francesa para que se retracte y apruebe los presupuestos a la fuerza, insiste en que no lo hará de momento. Incumplir su promesa podría hacerle perder el apoyo de los socialistas y correr el riesgo de ser censurado.
“Sébastien Lecornu, con buena intención seguramente, ha intentado hacer algo nuevo, pero esto es incompatible con la situación política del momento. Llegar a un acuerdo sobre la ley de finanzas es más que improbable teniendo en cuenta las divergencias mostradas [entre los partidos]”, ilustraba estos días el exministro de Economía Eric Lombard al diario Le Monde.
La ley de prórroga presupuestaria fue promulgada este sábado tras ser aprobada por unanimidad antes de Navidad en la Asamblea. Permite al Gobierno ganar un poco de tiempo, pero es una medida provisional, de servicios mínimos, que permite al Estado pagar pensiones y sueldos a los funcionarios, pero no da más margen.
El año pasado ya hubo que prorrogar las cuentas del año precedente, tras la moción de censura contra el entonces primer ministro, Michel Barnier, al intentar aprobar los presupuestos por decreto. Finalmente, se lograron aprobar las cuentas en febrero. Lecornu se encuentra con un panorama más adverso, pues la deuda del país era entonces del 112% del PIB. Hoy alcanza el 117%.
Barnier duró tres meses en el Gobierno, justo lo que lleva Lecornu. Su método, el de intentar lograr consensos en una Asamblea polarizada, no ha tenido éxito de momento, pero no ha sido penalizado por los franceses. Según un sondeo de Harris Interactive para LCI publicado este viernes, tras la prórroga presupuestaria, el 34% de los consultados confía en el primer ministro, solo un punto menos que en septiembre, cuando fue nombrado.