El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que transpone la directiva europea de crédito al consumo para crear herramientas ante los abusos de un sector cuya relevancia en las economías familiares ha ido creciendo en los últimos años. España era la única de las grandes economías de la zona euro que no había adoptado esta normativa, que, según los expertos, avanza significativamente en la protección a los consumidores. El objetivo es proteger a las familias, especialmente las más vulnerables, que dependen de créditos pequeños con elevados intereses para poder hacer frente a gastos extraordinarios.

El crédito al consumo se concede para financiar pequeñas compras, por ejemplo, electrodomésticos o viajes. Tradicionalmente en manos de los grandes bancos y un puñado de entidades especializadas —muchas de ellas relacionadas con grandes empresas de la distribución—, durante la última década cada vez más empresas, muchas de ellas online, ofrecen crédito a muy corto plazo e intereses altísimos (en algunos casos, a tasas superiores al 3.000% anual). El anteproyecto crea dos nuevas figuras legales para acoger a esas empresas y las pone a todas bajo la misma obligación de registro y supervisión del Banco de España. El cambio más visible de la nueva ley es que, por primera vez, se limitan los intereses que se pueden cobrar a la hora de pedir un préstamo. La referencia está basada en la Tasa Anual Equivalente (TAE), que indica el coste efectivo del crédito e incluye comisiones y gastos. El coste máximo se fijará tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España, más un margen adicional en función del importe del préstamo.

La norma introduce además una regulación específica para los créditos de alto coste, que suelen ser por pequeñas cantidades (a veces 50 euros) y por muy corto plazo (un mes). Quienes los necesitan suelen ser consumidores que no acceden al crédito bancario tradicional y, por tanto, especialmente vulnerables. También se incluyen en el anteproyecto las tarjetas revolving, uno de los productos más polémicos por su capacidad de acumular intereses y, en consecuencia, facilitar el sobreendeudamiento.

Las obligaciones de información y publicidad también se endurecen. Los prestamistas denominados de alto coste deberán facilitar al cliente información con al menos 24 horas de antelación a la contratación. El proyecto también prohíbe hacer publicidad destacando la rapidez o facilidad para obtener el préstamo. Y se refuerza la evaluación de solvencia, la transparencia en la información precontractual y las garantías en los créditos contratados a distancia.

El crédito es el corazón de cualquier economía moderna. Que funcione de forma segura y honesta es imprescindible para garantizar la confianza de los consumidores y la estabilidad económica de los hogares. Toda regulación que facilite ese proceso es más que bienvenida.