A partir del próximo 1 de enero el Ministerio de Hacienda exigirá a los gobiernos de las comunidades autónomas que le remitan una información más extensa y más detallada sobre lo que gastan en Sanidad. El departamento que dirige María Jesús Montero ha aprovechado un desarrollo regulatorio pendiente desde hace más de una década para reclamar a los gobiernos regionales -la mayoría controlados por el PP- datos más precisos sobre sus gastos y sus inversiones en materia sanitaria con el argumento de fiscalizar mejor el comportamiento de esa cuenta de gasto y asegurar su sostenibilidad a medio y largo plazo .Hacienda sostiene que se trata de una obligación que se deriva de la Ley General de Sanidad de 1986 y que su adecuado desarrollo lleva pendiente desde el año 2015. En el marco actual las autonomías tienen que remitir al Ministerio de Hacienda antes del día 15 de cada mes la información referida al mes anterior de su gasto farmacéutico hospitalario, su gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas y su gasto en productos sanitarios sin receta médica, así como la referente al mismo mes del año anterior. Es decir, información básicamente referida al consumo de productos de farmacia y la factura asociada al mismo.Justifica las nuevas obligaciones informativas por el mandato de una ley de hace 40 añosLa orden ministerial aprobada ahora por Hacienda exige que, además de esa información, se le remita también con regularidad mensual «datos relativos al gasto en inversiones reales en el ámbito sanitario , especialmente en relación con equipos de alta tecnología sanitaria de uso hospitalario, y otros datos significativos de gasto sanitario«, ampliando esa obligación de información al perímetro que se definió en efecto en la Ley General de Sanidad de 1986 pero que hasta la fecha no se había exigido a efectos de control presupuestario.Noticia Relacionada estandar No Sanidad investiga posibles irregularidades en el Hospital de Torrejón Elena Calvo La ministra Mónica García reclama por carta a Ayuso que esclarezca si ha habido «vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas» en el centroEl cambio regulatorio, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, pondrá en manos del Ministerio de Hacienda un volumen de información sin precedentes sobre la ejecución presupuestaria mensual de gasto sanitario en las comunidades autónomas, precisamente cuando el episodio acontecido en el madrileño Hospital de Torrejón, operado en régimen de concesión por una empresa privada, ha vuelto a poner en el centro del foco la refriega política en torno a los diferentes modelos de gestión del sistema sanitario público y ha reavivado la bandera de la defensa de la sanidad pública por parte del Gobierno.Más control sobre el potencial déficit ocultoHacienda ha incluido esa fiscalización reforzada sobre el gasto sanitario en una orden ministerial cuyo objetivo declarado es adaptar las obligaciones de información que cumplen en la actualidad las comunidades autónomas al marco configurado por las nuevas reglas fiscales europeas, que exigen un control mucho más estricto sobre la evolución del gasto de las administraciones públicas.A partir de 2026 Hacienda exigirá a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales que sus reportes de información a la Intervención General del Estado no solo incluyan la marcha de la ejecución de sus presupuestos sino también otra información menos visible, como los potenciales pasivos contingentes que pueden estar germinando en la operativa de los organismos y fondos dependientes de cada administración cuyas cuentas no tienen incidencia presupuestaria directa.Bruselas exige más control sobre el gasto público al Gobierno de España y este quiere ejercitar un control más estricto sobre las cuentas de las comunidades autónomas. Entre la nueva información que los gobiernos autonómicos y locales tendrán que aportar a Hacienda a partir del próximo año se incluirá, además de los eventuales costes presupuestarios que puedan derivarse de la operativa de los fondos y organismos que no se contabilizan dentro de los presupuestos pero cuyos potenciales agujeros financieros sí tendrían que ser cubiertos con recursos presupuestarios -algo que la Comisión Europea obligó a hacer al Gobierno Central hace ya unos años-, una evaluación del impacto presupuestario y fiscal a medio plazo de las medidas, inversiones y reformas cuya realización se prevea en sus respectivos planes presupuestarios de medio plazo «desglosadas por partidas significativas de ingresos y gastos».Más control sobre autonomías y ayuntamientos En qué se emplea el gasto sanitario A partir del día 15 de enero los gobiernos de las comunidades autónomas tendrán que informar al Ministerio de Hacienda mes tras mes no solo de su gasto en medicamentos y productos sanitarios, como hacían hasta la fecha, sino también en inversiones en equipos de alta tecnologías y en todos aquellos gastos que Hacienda entienda como relevantes Prevenir posibles agujeros inesperados Las nuevas reglas fiscales europeas entraron en vigor hace ya dos años pero Hacienda ha esperado hasta 2026 para empezar a reclamar a comunidades autónomas y ayuntamientos una estimación de los riesgos fiscales a los que se exponen por la operativa de fondos y organismos dependientes pero cuyas cuentas no consolidan en los presupuestos. El riesgo es que sus pérdidas tengan que ser finalmente absorbidas por las administraciones de turno. Prever el impacto de planes de gasto y rebajas de impuestos Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos tendrán que trasladar, asimismo, al Ministerio de Hacienda cuando adopten medidas relevantes de mejora o pérdida de ingresos, como rebajas fiscales, o de grandes planes de gasto, como puedan ser programas de vivienda o de mejora de algún sector concreto, el impacto presupuestario y fiscal que esperan a medio plazo, al objeto de poder trasladar esas expectativas al seguimiento del cumplimiento de los objetivos de ajuste fiscal acordados con la Comisión Europea.Traducido desde el lenguaje presupuestario este nuevo requisito obliga a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos a estimar anticipadamente el i mpacto que puede tener sobre sus cuentas sus iniciativas más relevantes tanto por el lado del ingreso como por el lado del gasto, como por ejemplo las rebajas de impuestos o los planes de gasto a largo plazo. Una información, por cierto, que la Comisión Europea también exige al Gobierno de España en el marco de su Plan de Ajuste Fiscal Estructural, pero que este solo ha ofrecido de manera muy parcial.Los funcionarios de la Comisión Europea han afeado de manera muy reciente al Gobierno de España la falta de detalle en las medidas que supuestamente van a permitir rebajar progresivamente el incremento del gasto público en los próximos años y han deslizado la sospecha de que el Ejecutivo esté dejando para más allá de 2027 el ajuste del gasto que el Gobierno se comprometió a acometer antes de 2028.Por otra parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sí ha llamado la atención al Gobierno para que analice más de cerca la evolución de las cuentas de las comunidades autónomas para atajar de forma temprana posibles desviaciones y contribuir de este modo al cumplimiento de las normas fiscales europeas, que el sector autonómico va a incumplir de largo este año y que Airef vaticina que también se incumplirán en 2026.