Punto y final a una situación inédita. Un Gobierno empeñado en torcer el brazo de la Iglesia con las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia clerical cuyos casos están prescritos para la justicia, entre otras razones por el fallecimiento del victimario. Si ya se discutió en su tiempo la legitimidad constitucional del Defensor del Pueblo a la hora de investigar a la Iglesia, ¿cuál es ahora el título habilitante que esgrime Pedro Sánchez para obligar a la Iglesia a pagar lo que el Gobierno mande? La pederastia es un problema social, no sólo eclesial. Si existe una institución que ha afrontado esta cuestión, por tierra, mar y aire, es la Iglesia, hasta el punto de que modificó su normativa para que no prescribieran los casos, instituyó las Oficinas diocesanas de atención a las víctimas, colaboró con la justicia, con el Defensor del Pueblo y erigió un organismo independiente para la reparación, el Priva, que está funcionando con normalidad. ¿De qué se trataba ahora? De que Félix Bolaños se saque una foto con el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, y con el de la Confer, redundancia curiosa, y, como hizo, lanzara un demagógico discurso con la cantinela de que se ha hecho justicia a las víctimas y ahora «nosotros fijamos la cantidad y la Iglesia es la que paga». Todo lo que se refiere a la pederastia clerical para la Iglesia es un trago exigido por la ética de la responsabilidad. El acuerdo, para un año prorrogable, ratifica lo que ya está haciendo la Iglesia en el Priva, que ha recibido 113 casos, resuelto 61 y en estudio 8, y que ha propuesto indemnizaciones por 1.858.420 euros , en las diócesis, por 854.000 euros, y en las congregaciones religiosas por 1.004.420 euros. El trágala radica en que se acepta que el Defensor del Pueblo participe para aquellas víctimas que no quieren ir a la Iglesia, con una especie de tutelaje que termina en manos de la Iglesia. Una nueva puerta de acceso. Una puerta que se abre para que se cierre la obsesión con la Iglesia de algunos.