Japón se prepara para entrar en el mercado global de armas sorteando su Constitución antibelicista
SOURCE:El Pais|BY:Gonzalo Robledo
Los primeros en beneficiarse de la decisión incluyen al gigante de la industria civil y militar Mitsubishi Heavy Industries (MHI)
La industria japonesa se prepara para entrar en el mercado mundial de las armas y sortea las obligaciones antibélicas de su Constitución con el lema “pacifismo proactivo”, una fórmula cuestionada por quienes defienden la vigencia de la Ley Fundamental que, sin embargo, es defendida por la primera ministra, Sanae Takaichi. Entre otras medidas, su Gobierno ha aumentado el gasto en defensa y ha defendido esa teoría durante la reciente visita del presidente de EE UU, Donald Trump. Así, firmas como Kawasaki y Fuji serán las primeras beneficiadas; también Mitsubishi Heavy Industries (MHI), gigante industrial civil y militar cuyo único comprador de sistemas de combate terminados ha sido hasta ahora el Gobierno nipón.
En agosto de 2025, la Armada Real de Australia anunció la compra de 11 unidades de la fragata Mogami, una nave polivalente de alta automatización y tripulación reducida fabricada por MHI. Está equipada con un avanzado sistema de realidad aumentada, misiles tierra-aire y misiles antibuque.
Las primeras tres fragatas se entregarán en 2030 y reemplazarán la flota ANZAC, unas sofisticadas naves basadas en un diseño alemán que desde 1996 patrullan zonas sensibles como el mar Meridional de China, una ruta clave para el comercio mundial.
Además de Japón, Australia evaluó las propuestas de contratistas de Alemania, Corea del Sur y España, cuya fragata Alfa 3000 de Navantia estuvo bajo consideración en la primera fase.
El contrato asciende a unos 6.000 millones de euros y es un hito para un país que ha ralentizado, pero no frenado, su renuncia a la guerra, estipulada en su Constitución de 1947. El rearme impulsado en las últimas décadas se debe a la tensión en una zona donde confluyen aguas territoriales de Japón, China, Corea del Norte y del Sur, además de Rusia, explica en una videollamada Hirohito Ogi, especialista en defensa del Instituto de Geoeconomía (IOG, por sus siglas en inglés), que el principal motor de la política de defensa japonesa después del año 2000 ha sido “el deterioro del entorno de seguridad” de Japón.
“El factor más importante ha sido, por supuesto, la expansión militar de China”, añade el experto, que ha ocupado también el cargo de subdirector de la División de Planificación y Programación de la Defensa en el Ministerio de Defensa de Japón.
Ogi vincula el desarrollo de la fragata Mogami a la disputa territorial por el archipiélago llamado Senkaku en japonés, y que China reclama con el nombre de Diaoyu.
En 2012, el Gobierno nipón compró tres islotes deshabitados a un ciudadano japonés para asegurarse el control estatal sobre aquellos territorios situados a 170 kilómetros de la isla de Ishigaki, en la prefectura de Okinawa.
La nacionalización provocó disturbios antijaponeses en numerosas ciudades chinas, y Pekín incrementó sus incursiones navales en las aguas que rodean las islas. Según Ogi, el incidente condujo a las Directrices del Programa Nacional de Defensa de 2013, que reforzaron la seguridad insular con planes para nuevas fragatas como la Mogami y destructores tipo Aegis.
La industria de defensa nipona ha crecido bajo la tutela de Estados Unidos, el país que tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial redactó una Constitución cuyo Artículo 9 establece que Japón desiste de tener ejército y renuncia a la guerra para resolver disputas internacionales. Pero, durante los primeros años de la Guerra Fría, y tras la guerra de Corea, Washington presionó a Tokio para que creara su propio cuerpo armado.
Para eludir la prohibición constitucional se recurrió al eufemismo Fuerzas de Autodefensa, y en los documentos oficiales en japonés se suele omitir la palabra “ejército”. Estados Unidos acordó la protección exterior de Japón y opera bases como Kadena, en Okinawa, la mayor instalación de las fuerzas aéreas norteamericanas en la región Asia-Pacífico, con un contingente de unos 18.000 efectivos.
Empresas como MHI, Mitsubishi Electric, Kawasaki Heavy Industries y Fuji Heavy Industries producen para las Fuerzas de Autodefensa aeronaves de combate y entrenamiento, misiles, sistemas de defensa aérea, naval y terrestre mediante acuerdos técnicos y de transferencia con fabricantes estadounidenses como McDonnell Douglas/Boeing y Lockheed Martin.
Después de la venta de las fragatas Mogami de agosto, MHI entregó a Estados Unidos interceptores Patriot PAC-3 producidos bajo licencia de Lockheed Martin. La venta se anunció como la primera vez que Japón exportaba un arma letal terminada y fabricada bajo licencia extranjera.
Ogi, el analista, aclara que las primeras exportaciones han sido posibles gracias a las reformas de una normativa que no figura en la Constitución. La prohibición de transferir armamento fuera de Japón se formalizó en la Ley de Comercio Exterior y Control de Divisas de 1976, una directriz que se mantuvo sin cambios hasta 2014.
Ese año, bajo el Gobierno de Shinzo Abe (político ultraconservador asesinado a tiros durante una campaña electoral en 2022), se promulgaron los tres Principios sobre la Transferencia de Equipos y Tecnología de Defensa. El documento limitó las exportaciones a equipos de rescate, transporte, vigilancia, alerta y desminado, y se inscribió en el lema de “pacifismo proactivo”, acuñado por Abe para intentar conciliar el pacifismo constitucional con el refuerzo gradual de las capacidades militares.
Por ser Abe un enérgico promotor de la reforma de la Constitución para legalizar técnicamente las Fuerzas de Autodefensa, la legitimidad del “pacifismo proactivo” dio lugar a un intenso debate parlamentario en Japón y fue cuestionada por un movimiento juvenil que se intensificó en 2015.
En países vecinos que sufrieron la colonización japonesa en la primera mitad del siglo XX, como China y Corea del Sur, el lema es considerado un pretexto para allanar el camino hacia el rearme.
Para académicos como Koichi Nakano, profesor de Ciencias políticas en la Universidad de Sophia, en Tokio, el “pacifismo proactivo” permitió a Abe y a sus sucesores, como la actual primera ministra Sanae Takaichi, afirmar que el pacifismo de la posguerra permanece intacto. Además, “lo usan para desestimar cualquier crítica como excesivamente alarmista”, explica el académico en un correo electrónico.
El “pacifismo proactivo” forma ya parte inherente de la retórica oficial y Takaichi, protegida de Abe desde sus inicios en política, lo incorporó en el discurso pronunciado frente a Donald Trump en la visita a Japón del presidente estadounidense el pasado 28 de octubre.
Frente a casi seis mil soldados norteamericanos que la escuchaban a bordo del portaviones George Washington en la base de Yokosuka, al sur de Tokio, Takaichi prometió reforzar las capacidades de defensa y afirmó: “Japón está listo para contribuir de forma aún más proactiva a la paz y a la estabilidad de la región”.
Cuatro días antes de recibir a Trump, en su primer discurso de política ante el Parlamento, Takaichi había anunciado el aumento del gasto de defensa del año fiscal 2025 al 2% del PIB, hasta los 49.000 millones de euros. Al evaluar las áreas más competitivas de la industria de defensa japonesa, Ogi, el analista de IOG, cita los equipos electrónicos, como los radares, así como la producción de misiles, la construcción naval y aparatos para el espacio exterior.
La primera ministra, cuya popularidad ronda el 70%, según un sondeo conjunto del diario económico Nikkei y TV Tokyo, ha dicho que para 2026 estudia una nueva revisión de los Tres Principios de Exportación de Defensa, establecidos en 2014 bajo el Gobierno de Abe. Cuando las exportaciones de armas se liberen y se integren en la dinámica de la economía, el siguiente paso para Takaichi será impulsar la legitimación constitucional de un ejército sin restricciones.
Seguiría así la senda de Abe, quien junto a todos los promotores de la reforma de la Constitución, consideraba que solo cuando tenga fuerzas armadas equiparables a las de otras democracias, Japón alcanzaría el rango de “país normal”.
