La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Ibiza que continúe con el procedimiento para la apertura de juicio oral contra el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, del PP, investigado por la presunta tramitación irregular de un contrato de 250.000 euros a una empresa para la elaboración de una campaña de promoción turística de la isla de Ibiza. La sala ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el PSOE contra el auto que en diciembre de 2024 permitió el sobreseimiento provisional de la causa. La fiscalía acusaba a Marí de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por presuntamente utilizar la vía de emergencia para adjudicar un contrato a la empresa de una compañera de listas electorales.

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces señalan que el sobreseimiento provisional en la fase de diligencias previas solo es jurídicamente factible “cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado lugar a la formación de la causa”. Los magistrados apuntan a una “constatación objetiva indiciaria” de la adjudicación del contrato a la empresa Fuera de Escena S.L. sin seguir los trámites esenciales del procedimiento administrativo, por lo que “nos hallamos ante indicios suficientes” para que la causa deba continuar.

El auto sostiene que cuestiones como la relación entre el presidente del Consell de Ibiza y las personas que formaron parte de la empresa adjudicataria “se tendrán que dilucidar en el seno del juicio oral”. Los magistrados, sin embargo, avalan la utilización del procedimiento de emergencia para la adjudicación del contrato a esta empresa al considerar que la cuestión debió de ser resuelta ante la jurisdicción competente, la contencioso-administrativa. “En su virtud, el auto combatido, en cuanto a este hecho, debe ser confirmado” señalan los magistrados. La Audiencia sostiene que el procedimiento judicial tiene que reabrirse para esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato y el análisis de las pruebas aportadas por las coacciones denunciadas por la interventora del Consell Insular, que acusó a Marí de presiones durante el ejercicio de su trabajo.

El caso partió de una denuncia inicial ante la desaparecida Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, suprimida por el actual Gobierno de la popular Marga Prohens, que pasó a ser investigada por la fiscalía anticorrupción de Baleares. En 2022 el ministerio público presentó una querella en la que se señalaba a Marí por aprobar en junio de 2020 un decreto para declarar la tramitación, por la vía de emergencia, de un contrato de 250.000 euros para desarrollar una campaña de promoción turística bajo el título La Vida Islados. La fiscalía consideraba que no procedía la tramitación por la vía de emergencia porque no era una medida necesaria para la lucha contra la pandemia, por lo que se vulneraron los principios de “concurrencia y publicidad” para que cualquier entidad hubiera podido optar a presentarse en igualdad de condiciones. Apenas dos meses después de la aprobación de este contrato, la intervención general del Consell de Ibiza puso de manifiesto en un informe “graves deficiencias e irregularidades” en todo el expediente.