Todos los gobiernos socialistas de este siglo, de Zapatero a Sánchez, han tenido el mismo director general de Tráfico, un ingeniero empeñado en reducir la siniestralidad por el procedimiento de reducir al máximo la velocidad y el número de coches, método desde luego mucho más barato que el de ampliar o renovar el viario y mantenerlo en buen estado. Pere Navarro Olivella pertenece al Ministerio del Interior, pero su voracidad persecutoria –perdón, quería decir recaudatoria– presta gran servicio al de Hacienda: 540 millones en 2024 por multas en carretera, teóricamente destinados a seguridad y prevención aunque el Tribunal de Cuentas haya expresado al respecto algunas reservas. Y ahora acaba de dictar –literalmente– otra providencia polémica. La ya célebre baliza v16, cuya obligatoriedad rige desde hoy mismo, va a suponer un ingreso extra de entre 250 y 300 millones en concepto de IVA. No está mal para un experimento cuya eficacia está resultando, como diría ZP, discutible y discutida. Existen dudas sobre su visibilidad en condiciones meteorológicas adversas y sobre su conectividad efectiva en un parque móvil mayoritariamente desprovisto –por su antigüedad– de la necesaria tecnología. El artefacto cuesta entre 40 y 60 euros y la gente, que es muy mal pensada por naturaleza, se ha entregado a toda clase de sospechas; la principal, la de un negocio de beneficiarios tan poco explicados como su presunta urgencia.Porque resulta que la medida se ha adoptado por real decreto, eludiendo la reforma de la ley para evitar la correspondiente votación en el Congreso. Esto quiere decir que el Gobierno ha impedido a los legisladores el debate sobre el impacto de la geolocalización en la privacidad de la ciudadanía y ha aumentado de hecho la carga fiscal a través de un simple reglamento técnico. Ocurre además que España es el único país del planeta donde la tenencia del dichoso pertrecho se ha impuesto, ordeno y mando, como precepto de forzoso cumplimiento. Al menos la chorrada del tapón de las botellas, otra de esas disposiciones de irritante burocratismo, cumplía una directiva del Europarlamento europeo y no nos costaba dinero.Éste es la clase de cuestiones que provocan desafección hacia la política y los políticos. En una sociedad de discusión abierta no es posible tomar decisiones arbitrarias a capricho. Y en este caso ni siquiera bajo la cobertura medioambiental, el habitual paraguas de los prejuicios antiautomovilísticos. La desconfianza en las instituciones no se produce sólo por el exceso de ruido, la polarización o el sectarismo; tienen mucho que ver las normas de este tipo, carentes de transparencia, de justificación y hasta de sentido pero implantadas con un aire de superioridad ilustrada que se parece mucho al autoritarismo. Y están sembrando en las capas profundas de la opinión pública la semilla de un conflictivo desarraigo cívico.