La Cámara de Cuentas considera que cinco universidades públicas madrileñas actuaron sin la cobertura legal necesaria para pagar en 2021 más de 10 millones de euros a más de 500 trabajadores que recibieron el llamado “premio de jubilación”, que se concede por retiros forzosos (en función de la antigüedad) o anticipados (en función de la edad). Así se recoge en los informes de fiscalización de sus cuentas para ese ejercicio, consultados por EL PAÍS, y que también detectan casos en los que se superó el importe de la pensión máxima, o se premió a personas sin la edad exigible. Los pagos, afirma el ente fiscalizador, “no se debieron efectuar (...) dado que no tenían amparo legal”. Una conclusión que alimenta la tensión en los centros académicos, donde sindicatos y gestores buscan soluciones para la pervivencia del complemento en pleno pulso entre los rectores y el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso por la infrafinanciación de estas instituciones.

Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, las universidades públicas firmaron convenios colectivos y acuerdos laborales que recogían estos premios de jubilación. Sin embargo, con la excusa de la crisis, las leyes de presupuestos de la Comunidad de Madrid vetaron estas compensaciones entre el 1 de enero de 2013 y 2021. Con una importante precisión en el caso del periodo fiscalizado: “Cualquiera que sea el ejercicio del que procedan”. Sin embargo, varios centros han seguido pagando los derechos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, cuando entró en vigor la prohibición.

La que más gastó en esa partida en 2021 fue la Universidad Complutense (6,9 millones), seguida por la Politécnica (2,3), la de Alcalá (344.000 euros), la Carlos III (211.000) y la Rey Juan Carlos (201.000). La pervivencia de esos pagos en 2026 está más que en cuestión, pese al fin del veto de la administración regional. El problema ahora es otro: la falta de fondos.

Así, en los próximos tres años la Complutense (UCM) tiene que ajustarse a unos “presupuestos de guerra”, en palabras de su rector, Joaquín Goyache, para devolver a la Comunidad un crédito de 34,5 millones pedido a finales de 2025 para pagar las nóminas y hacer frente a los gastos diarios. Eso supone un recorte del 35% en los gastos, cuando las partidas estaban ya muy mermadas. Como consecuencia, la UCM ya ha renunciado a ayudas a la innovación docente, o ha tenido que demorar la contratación de profesores sustitutos por falta de fondos. Y en medio de ese tijeretazo siempre sobrevuela la idea de que los premios de jubilación vayan a dejar de concederse, especialmente tras quedar señalados por el informe de la Cámara de Cuentas.