La Comisión Europea abre expediente a Bélgica por tramitar los pleitos contra España por el recorte a las renovables
SOURCE:El Pais|BY:Nuria Morcillo
La justicia belga tiene en curso procedimientos, a solicitud de inversores perjudicados y fondos oportunistas, que han supuesto el bloqueo de bienes españoles, como pagos a Enaire
La Comisión Europea se mantiene en firme sobre la no validez de los arbitrajes presentados contra España por el recorte de las primas de las renovables hace más de 10 años. El Ejecutivo comunitario ya se manifestó en contra de que España indemnice a empresas cuyas retribuciones prometidas por invertir en energías renovables se vieron mermadas y tildó estos pagos de ayudas ilegales de Estado. En este contexto, el organismo que preside Ursula von der Leyen ha abierto un expediente a Bélgica por los procedimientos judiciales iniciados en dicho país para ejecutar los laudos arbitrales y ha advertido que estos litigios entre inversores europeos y Estados miembros están vetados, de acuerdo al derecho y jurisprudencia europea.
El recorte retroactivo de las primas prometidas por impulsar las energías solar y eólica en España comenzó a darse al final del mandato del socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y de forma más drástica en 2013 con la reforma eléctrica que acometió el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Desde entonces, España ha afrontado 51 demandas en cortes de arbitrajes iniciados por inversores y fondos oportunistas que han adquirido la representación y, en muchos casos, los derechos de cobro en estos pleitos para reclamar una indemnización, invocando la violación del Tratado de la Carta de la Energía. Por el momento, 27 de estas acciones han concluido con un fallo en contra del Estado español, lo que ha motivado a los demandantes a pedir a tribunales de distintos países el reconocimiento y ejecución de dichos laudos para poder comprar las compensaciones reconocidas.
España ha impugnado todos estos laudos y se ha negado a pagar las compensaciones, que suman, por el momento, alrededor de 1.500 millones de euros, más intereses legales, alegando que la Comisión Europea tiene que autorizar dichos abonos. Así, ha notificado cada uno de los laudos condenatorios a la Comisión para su revisión conforme a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea. Y en este contexto, el pasado mes de marzo, el Ejecutivo comunitario dio a conocer su primera resolución, en el marco del caso Antin (inversor francés, cuyos derechos se cedieron al fondo Centerbridge), y dictaminó que estas indemnizaciones pueden considerarse ayudas ilegales. En su resolución, Bruselas dio fuerza a uno de los principales argumentos planteados en todos los procedimientos por los servicios jurídicos españoles: que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado la validez de los arbitrajes intra-UE, es decir, entre inversores y Estados miembros de la Unión Europea.
Este dictamen se ha convertido en la nueva arma jurídica la Abogacía del Estado, que aporta esta resolución europea para oponerse al reconocimiento de los laudos, aunque no con mucha suerte en países fuera de la UE, como Estados Unidos donde no aceptan los argumentos españoles, al entender que tienen el mismo efecto que una sentencia firme. Como último recurso, la representación legal de España ha decido llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo estadounidense.
“Intento de eludir las normas”
Bélgica como miembro de la Unión Europea debe cumplir sus normas y jurisprudencia. Así lo entiende la Comisión que ha instado al gobierno de dicho país “a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la UE en lo que respecta al reconocimiento de los laudos arbitrales entre inversores y Estado”, según informó el organismo el pasado 11 de diciembre. El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta de emplazamiento, que es el primer paso en un procedimiento de infracción, por reconocer los laudos con vistas a su ejecución antes de que Bruselas se pronunciara sobre su validez.
“Las solicitudes de reconocimiento [planteadas en este caso por Blasket] constituyen un intento de eludir las normas sobre ayudas estatales. Bélgica debería haberse opuesto a esta elusión de conformidad con el principio con el cooperación leal”, señala la Comisión. Añade que con el reconocimiento de los laudos por parte de la justicia belga se “creó un riesgo inminente de que España se viera obligada a pagar la compensación”, incumpliendo de este modo la obligación de suspensión que opera en el momento que un Estado miembro notifica a la Comisión cualquier proyecto o intención de ayuda estatal, tal y como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Comisión ha dado dos meses a Bélgica para “subsanar las deficiencias señaladas”, como marca el procedimiento. Si la respuesta no satisface al organismo, este podría dar un ultimátum y poner en marcha el segundo paso, la emisión de un dictamen motivado, por el que volvería a dar un plazo similar para cumplir con lo requerido. De no seguirse, el asunto puede acabar ante la justicia europea.
Con la resolución sobre el caso Antin, España ha aceptado asumir los costes del recorte a inversores de fuera de la UE, lo supondría rebajar la factura total en cerca de 200 millones de euros. Según los cálculos de fuentes gubernamentales, de los 1.500 millones que España está condenada a devolver por distintas cortes de arbitraje, en su mayoría por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), unos 1.300 corresponden a demandantes europeos, que quedarían “salvados”. Las reclamaciones iniciales ascendían a uno 10.000 millones de euros.
De momento, España solo ha afrontado un primer pago a un inversor extracomunitario, la compañía japonesa JGC, a quien se le reconoció una indemnización de 32 millones de euros (cantidad embargada a Eurocontrol en Bélgica). El abono se hizo tras recibir el aval de la Comisión Europea y negociar con Blasket Renewable Investments el fin a todos los procedimientos abiertos alrededor de este caso.
Expediente a Hungría
En el mismo sentido que a Bélgica, la Comisión Europea ha apercibido también a Hungría por “no evitar las infracciones de la prohibición de arbitraje entre inversores y Estado dentro de la UE”. Este procedimiento de infracción está relacionado con con la petrolera húngara MOL por iniciar un arbitraje contra otro Estado miembro de la Unión Europea y por solicitar a un tribunal de un tercer país para que reconociera y ejecutara de otro laudo arbitral, también, intra-UE.
La compañía dirigida por empresarios cercanos al primer ministro ultraderechista Viktor Orbán es conocida por liderar el consorcio que lanzó, en marzo de 2024, una oferta de adquisición pública (opa) para adquirir el fabricante español de trenes Talgo. Esta operación fue vetada por el Gobierno español, que articuló el denominado escudo antiopas, en protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España, para evitar que inversores extranjeros tomen más del 10% del capital de empresas españolas consideradas estratégicas.