El Gobierno de Gustavo Petro cedió en temas cruciales de seguridad para contentar a Donald Trump. Mientras ambos mandatarios se insultaban en redes sociales, un grupo secreto de facilitadores tendía puentes entre Bogotá y Washington. Además de la llamada conocida este miércoles entre los dos, EL PAÍS ha confirmado con tres fuentes de la comisión diplomática que algunas decisiones polémicas, como los bombardeos a campamentos de las disidencias, la reanudación de la fumigación con glifosato sobre cultivos de coca y la extradición del narco Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, fueron acordadas con Estados Unidos.

Una cuarta exigencia se puso sobre la mesa: el Gobierno colombiano debía cambiar el estatus político de grupos guerrilleros, como las disidencias de las FARC o el ELN, para reclasificarlos únicamente como organizaciones narcotraficantes. Esa sería la última señal de buena voluntad acordada para contentar a Trump, y una que aún no ha ocurrido. El hacerlo volvería más difícil para Petro seguir negociando con ellos en el marco de su política de paz total.

Todas esas concesiones de Petro eran conflictivas para sus propias bases progresistas. Los bombardeos y la fumigación son temas que la izquierda colombiana rechaza con vehemencia, pero eran “condiciones inamovibles” para los estadounidenses, dice una fuente conocedora de la negociación. La comisión de diplomacia secreta estuvo integrada por empresarios, políticos, el procurador y la canciller. Ellos mediaron durante meses con agentes estatales y de la inteligencia estadounidense para enviar señales de paz y bajar la tensión diplomática que ambos mandatarios alimentaban públicamente. Varias de esas gestiones se hicieron, además, con iglesias cristianas y católicas estadounidenses que tienen injerencia en el partido republicano.

Entonces empezaron los gestos del gobierno colombiano. El 1 de octubre, cuando la crisis diplomática ya se había escalado, Petro autorizó bombardear un campamento de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco en el departamento amazónico del Caquetá. El operativo se desplegó en silencio y sus resultados se conocieron un mes y medio después, cuando el mandatario reconoció que allí habían muerto cuatro personas, todos menores de edad. El 10 de noviembre fue autorizado otro bombardeo contra la misma estructura, esta vez en el departamento amazónico del Guaviare, y que se convirtió , luego de que el s, casi todos con edades menores a los 15 años. En ese momento, sin embargo, no era público que esos bombardeos estuvieran indirectamente ligados al intento de acercarse a Trump.