La guerra contra las drogas retoma el protagonismo de décadas pasadas en América Latina, de la mano de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump. La captura de Nicolás Maduro en Caracas, este sábado, en un operativo pocas veces visto en la región, enmarca el nuevo paradigma. Las drogas se erigen de vuelta en el enemigo público número uno para la gran potencia norteamericana, como hasta hace poco lo fue el terrorismo islamista. Los movimientos de Trump en los últimos tiempos revelan, sin embargo, ciertas contradicciones, que cristalizan en la figura del ahora indultado Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Condenado hace año y medio en Nueva York, misma ciudad que acogerá el proceso contra Maduro, Hernández recibió el indulto de Trump hace apenas un mes. Fue una decisión controvertida, dada la condena contra el exmandatario centroamericano, que gobernó Honduras de 2014 a 2022. El jurado lo halló culpable de narcotráfico y posesión de armas automáticas –delitos que la justicia de EE UU finca igualmente a Maduro– y un juez lo sentenció a 45 años de prisión, pena que debería haberle mantenido en la cárcel de por vida. Pero entonces apareció Trump que, con un mensaje en su red social, Truth, anunció su perdón a finales de noviembre.

El republicano justificó su decisión días más tarde, señalando que la administración de su antecesor, Joe Biden, había tendido una trampa a Hernández. “La gente de Honduras pensó que le habían tendido una trampa (…) Analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos", dijo el presidente estadounidense. Trump no aportó prueba alguna de la supuesta trampa que sus antecesores habrían preparado contra el exmandatario hondureño –tampoco dijo qué gente de Honduras le había dicho tal cosa. Días después, Hernández, que pertenece al mismo partido del candidato presidencial al que Trump apoyaba en el país centroamericano, Tito Asfura, dejó la cárcel.

Los paralelismos entre el proceso contra Hernández y el que inicia ahora contra Maduro trascienden a los cargos. En ambos casos, la justicia estadounidense implica a uno de los principales traficantes mexicanos de los últimos 30 años, Joaquín Guzmán, cabecilla del Cartel de Sinaloa. En el caso de Hernández, la Fiscalía de Estados Unidos probó que la estructura del Chapo, que cumple una condena en Colorado por narcotráfico, entre otros delitos, sobornó al entonces presidente hondureño con millones de dólares, a cambio de que su Gobierno le dejara usar las carreteras, las costas y el espacio aéreo nacional para traficar cocaína.