En la Fosa Monumento, en el cementerio sevillano de Pico Reja, que estuvo activa entre septiembre de 1936 y 1940, yacen 7.440 personas, entre ellas 2.613 represaliados por el franquismo. Es la más grande de la capital andaluza y está muy próxima, en cuando a cifra de víctimas -2.800- a la del cementerio de San Rafael en Málaga, la más grande de España, por el momento. La verdad de los cuerpos que oculta debería salir a la luz en 2029, la fecha límite a la que se emplazaron los cuatro firmantes del protocolo para su exhumación, que se rubricó el pasado 24 de junio: el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento hispalense, pero la inacción del consistorio, gobernado en minoría por el PP, muy incómodo con los asuntos relacionados con la memoria democrática, que no ha aceptado la subvención de 200.000 euros consignada por la Secretaría de Estado para estas tareas, ha paralizado de facto el arranque de los trabajos.

El protocolo que las cuatro administraciones firmaron este verano, año y medio después de que escenificaran el acuerdo inicial, establecía la fórmula de cooperación entre las cuatro partes para llevar adelante las tareas de exhumación, que deberían ser impulsadas por el Ayuntamiento de Sevilla, al ser el propietario de los terrenos donde se encuentra el enterramiento. Aunque no se fijaban qué cantidades económicas debía aportar cada una de ellas, sí se establecía asumirían un 25% de un total que se concretaría con la firma posterior de los convenios. Esta entente era similar a la que tan bien funcionó en la vecina fosa de Pico Reja, donde los tres años de trabajo, permitieron desenterrar a más de 10.000 cuerpos -muchos más de los que se creía en un principio que yacían bajo tierra, de los que 1.789 fueron víctimas de la represión franquista, convirtiéndola en la segunda fosa común abierta de Europa Occidental, por detrás de la de Sebrenica, en Bosnia y Herzegovina.

En estos meses, solo la Diputación de Sevilla y el Gobierno central han dado pasos para cumplir con los compromisos pactados. La primera ha consignado en los dos últimos ejercicios un total de 331.000 euros, que ha tenido que destinar a otras actividades relacionadas con la memoria, al no haber habido ningún tipo de iniciativa por parte del consistorio sobre Monumento. La Secretaría de Estado publicó en octubre la concesión de 200.000 euros al Ayuntamiento de Sevilla para la exhumación de la fosa, una asignación directa que respondía a la fórmula elegida para hacer su aportación económica. Aunque el equipo de Gobierno local envió la documentación requerida para realizar el pago, que incluía un plan de actuación valorado en 1,9 millones de euros, nunca ha llegado a formalizar la aceptación, pese a que, según indican a este diario fuentes de la Secretaría de Memoria, se le instó a hacerlo y el consistorio era “muy consciente desde hace un mes de que tenía que firmarla”, porque la resolución venía rubricada por el propio secretario de Estado.