La jueza que investiga el incendio en dos discotecas de Murcia que causó la muerte de 13 personas el 1 de octubre de 2023 se ha abierto por primera vez a investigar la posible responsabilidad que tuvo el Ayuntamiento en esta tragedia, tal y como venían reclamando las familias de las víctimas desde hace dos años. Hasta el momento, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha citado en calidad de investigados a siete personas a las que acusa de posibles delitos de homicidio por imprudencia. En el caso de los concejales y responsables del Ayuntamiento abre ahora la puerta a imputarles posibles delitos de prevaricación administrativa y amplía tres meses más el plazo de instrucción, hasta el próximo 1 de abril de 2026.

“Es un avance, las familias están contentas”, ha indicado a EL PAÍS el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a allegados de cuatro de los fallecidos y que había solicitado por diferentes vías la investigación de los responsables municipales, hasta ahora, sin éxito. No obstante, en una providencia dictada este 29 de diciembre, la jueza acuerda la “práctica de diligencias de investigación en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Murcia, en los fallecimientos que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2023 en la discoteca Fonda Milagros”.

El escrito no especifica por el momento las actuaciones que se llevarán a cabo. Para el abogado de las familias, debería declarar en este procedimiento al menos el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, del PP, y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero, del PSOE. Los dos responsables políticos dieron una insólita rueda de prensa conjunta pocos días después del incendio en la que dieron a conocer la irregular situación administrativa de las discotecas incendiadas, que estaban construidas sobre una misma nave industrial. Según explicaron, la sala Teatre, donde se originó el fuego, era la única que tenía una licencia de actividad. Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, no existía administrativamente, llegaron a decir. Además, que no se había ejecutado. La orden se dictó precisamente por la separación en dos de la nave, ya que desde la administración local se entendió que los negocios requerían nuevas licencias con la división en dos del espacio, pero ese trámite nunca se llevó a cabo.