La Justicia ha puesto en cuestión los pilares del modelo de inmersión lingüística en catalán en plena cuenta atrás para la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que podría acabar definitivamente con la exclusión del castellano en las aulas de Cataluña y que se espera para este curso. El pasado 10 de septiembre, el sistema lingüístico de la Generalitat sufrió un importante revés judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló los artículos claves del decreto 91/2024 de régimen lingüístico del sistema educativo no universitario, aprobado por el Ejecutivo de Pere Aragonés (ERC) y que blinda la inmersión en catalán en la escuela. La norma amputada por el alto tribunal catalán -anuló 11 artículos básicos que cimientan el modelo- establece la lengua autonómica como única vehicular en la escuela, concede a la Generalitat la única potestad para determinar los contenidos lingüísticos en los centros, fija el catalán como única lengua de acogida para el nuevo alumnado, y relega al castellano a un papel «subordinado» en la enseñanza. En su pronunciamiento, el TSJC considera que el castellano no puede quedar subordinado en las aulas de Cataluña y que la normativa lingüística vigente en muchos artículos «vulnera derechos fundamentales» y contradice la Constitución . Tras la sentencia, las entidades pro inmersión, Plataforma per la Llengua y la Asociación de Abogados de Osona , reclamaron al tribunal que levantara las medidas cautelares sobre los artículos que no había anulado y el TSJC ha aceptó. Quedó así de nuevo en activo la parte del articulado del decreto que no había sido tumbada en septiembre. Entre las medidas activadas ahora por la Justicia está la exigencia del nivel C2 de catalán a los profesores o la obligación de que todos los proyectos lingüísticos de centro partan de datos sociolingüísticos. «El fallo declaró en septiembre nulos los pilares del decreto que convertían al catalán en única lengua vehicular obligando a los centros a integrar el castellano en igualdad jurídica. Gracias a los artículos anulados pasamos de un modelo lingüístico excluyente a un marco constitucional de cooficialidad real. Ahora lo que ha activado el TSJC no es determinante«, aclara la entidad tras este último pronunciamiento del alto tribunal catalán. «Las medidas más importantes siguen anuladas» «Las medidas capitales, las más importantes sobre las que pivota el modelo de inmersión, fueron anuladas y siguen estándolo», añade en declaraciones a ABC la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada , que ha anunciado que la entidad reclamará la ejecución provisional de la sentencia.En este sentido, la responsable de la AEB recuerda que entre los artículos «tumbados» por la sentencia de septiembre figuran el que establecía del catalán como única lengua vehicular (el tribunal anula los preceptos que sostenían esa exclusividad); el que apuntaba que los proyectos lingüísticos de los centros (PLC) debían blindar el catalán (el TSJC establece que deben rehacerse para garantizar un equilibrio entre lenguas oficiales) o el que determinaba que la acogida lingüística del alumnado recién llegado debía ser solo en catalán.Apenas un mes después del varapalo judicial del pasado septiembre, el mismo tribunal (TSJC) lanzaba una nueva pulla a la inmersión al apuntar en una sentencia con fecha del 15 de noviembre de 2025 que el catalán no puede ser la única lengua de cohesión social . El alto tribunal catalán anuló en este nuevo fallo algunos preceptos de las instrucciones de la Consejería de Educación para el presente curso escolar que hacen referencia a las órdenes en materia lingüística. Los magistrados del TSJC recuerdan que la lengua catalana puede ser «la lengua base» del sistema educativo escolar en Cataluña, pero sin que esto suponga la exclusión del español como lengua vehicular . Asociaciones en defensa del bilingüismo y partidos políticos consultados por ABC instan a la Generalitat a que reformule su modelo lingüístico ante los continuos pronunciamientos de la Justicia «que lo desacreditan» . «Los tribunales están acorralando la inmersión. Esperamos que el Departamento de Educación actúe ya, antes de la sentencia del TC, y acate lo que ya dicta la Justicia, porque ya ha dicho claramente que el decreto que sustenta la inmersión es ilegal », señala en declaraciones a ABC la presidenta de la AEB.«Los políticos que apoyan la normalización lingüística saben que aprueban normas inconstitucionales» José Domingo Presidente de la F. Impulso y CooperaciónDesde la Fundación Impulso y Cooperación, su presidente, José Domingo , reclama también a la Generalitat que no desoya a los tribunales. «Los políticos catalanes que dan apoyo a la mal llamada normalización lingüística saben que aprueban normas inconstitucionales y, lo que es peor, contrarias a la realidad social», apunta Domingo. «Sería deseable, -añade- que el gobierno de Salvador Illa , a diferencia de sus antecesores, cumpla las sentencias y no caiga en el fraude de ley permanente».Como presidente de Convivencia Cívica Catalana (CCC), Ángel Escolano , valora en declaraciones a ABC «muy positivamente» que, «por fin, el Tribunal Constitucional vaya a resolver este año el recurso planteado por el TSJC contra las normas de la Generalidad que impedían aplicar la Sentencia del 25%». «Durante demasiado tiempo se ha mantenido en Cataluña un marco normativo dirigido a sortear las decisiones judiciales y a impedir que el castellano, lengua oficial del Estado y mayoritaria entre los catalanes, pudiera tener una presencia mínima garantizada en las aulas», señala.«No se puede defender y proteger el catalán desde la imposición» Juan Fernández Portavoz del PP en el ParlamentDesde la esfera política, el diputado Juan Fernández, portavoz del PP en el Parlament, denuncia la política «impositiva» del Govern en materia lingüística. «No se puede proteger y defender el catalán mediante la imposición. Esas políticas han demostrado ser un fracaso de los partidos que utilizan la lengua como herramienta política», señala Fernández. «Las políticas lingüísticas de los gobiernos de la Generalitat por parte del nacionalismo y el PSC han conseguido convertir al catalán en una lengua atipática en vez de protegerla y promocionarla para extender su uso», añade el diputado popular.Por su parte, Manuel Acosta , diputado de Vox en el Parlament, expone que siempre han defendido «la libertad de las familias de elegir la lengua oficial en la que quieran escolarizar a sus hijos en Cataluña ». Asimismo, reclama el cumplimiento de las sentencias del 25% mínimo de castellano «porque los políticos no pueden pretender saltarse la ley considerándose seres superiores a los demás ciudadanos». «En Vox no nos contentamos con porcentajes, aspiramos a la plena libertad: que los padres puedan decidir si quieren escolarizar a sus hijos íntegramente en español en las aulas catalanas, si ese es su deseo», concluye Acosta.Una sentencia clave para «desencallar» el conflicto lingüístico Este curso está previsto (aún no hay fecha marcada) que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la «posible inconstitucionalidad» del decreto ley 6/22, que impide la aplicación de porcentajes lingüísticos en las aulas, y la Ley 8/22 de la Cámara catalana, que blinda el catalán en la enseñanza. Ambas normas fueron aprobadas 'in extremis' por el Govern de ERC para bloquear la ejecución del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020 que dicta que se imparta un 25 por ciento de castellano en todas las aulas de Cataluña, una sentencia histórica que impacta por primera vez en todo el sistema. Si el TC no avala finalmente su constitucionalidad podría desencallarse definitivamente la obligación de aplicar más castellano en las aulas, lo que supondría un «paso decisivo en la lucha contra la discriminación del español en el sistema educativo catalán», según apuntan desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).