La operación militar de Estados Unidos en Venezuela socava el derecho internacional haciendo que cada país sea menos seguro
Aunque los intentos de cambio de régimen puedan ser recibidos inicialmente con alivio, a menudo conducen a un caos peligroso y conflictos violentos prolongados
La operación militar de Estados Unidos en Venezuela socava un principio fundamental del derecho internacional, acordado tras los horrores de dos guerras mundiales y el Holocausto: los Estados no deben usar la fuerza para perseguir sus pretensiones territoriales o demandas políticas.
Estoy profundamente perturbado por estos acontecimientos y por algunas de las reacciones que he visto. Está surgiendo una narrativa que busca justificar la intervención militar estadounidense como respuesta al atroz historial de derechos humanos del Gobierno de Maduro.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lleva mucho tiempo condenando graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas. Hemos informado, monitorizado y advertido sobre la situación dentro de Venezuela, más recientemente, justo antes de Navidad. Hemos pedido de forma constante el fin de los juicios injustos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la persecución de opositores políticos y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Hemos instado a que se lleven a cabo investigaciones independientes y se garantice la rendición de cuentas. Durante muchos años, mi equipo en Venezuela abogó por la liberación de los defensores de derechos humanos, supervisó juicios y mantuvo un diálogo con la sociedad civil y la oposición, así como con las instituciones del Estado.
No se trata de elegir entre una intervención unilateral que vulnera el derecho internacional o ignorar años de violaciones de derechos humanos
Nuestro seguimiento y los informes detallados buscaban impulsar la acción. Cuando un Estado viola los derechos humanos de su población, mi oficina está entre las entidades encargadas de alertar sobre lo ocurrido. Corresponde a la comunidad internacional utilizar las herramientas y mecanismos legales a su disposición para que los Estados respeten sus obligaciones en materia de derechos humanos. Estos podrían incluir instrumentos diplomáticos y esfuerzos en favor de la rendición de cuentas. Pero estas herramientas y mecanismos no se emplearon eficazmente para influir en el Gobierno de Venezuela.