La presión internacional se eleva sobre Israel por la prohibición de 37 ONG en Gaza y Cisjordania
SOURCE:El Pais|BY:Joan Cabasés Vega
El Gobierno de Netanyahu revoca la licencia de operación de las organizaciones e impone un plazo de 60 días para su retirada
El Gobierno de Israel ha confirmado este jueves la entrada en vigor de la medida que suspende los servicios que al menos 37 ONG internacionales prestan en la franja de Gaza y Cisjordania. Actores locales y globales del sector humanitario han reclamado a las autoridades israelíes que reconsideren una decisión que impedirá una ayuda de la que dependen miles de gazatíes en medio de una de las crisis humanitarias más graves del planeta. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, sin embargo, no ha dado el brazo a torcer y ha seguido adelante con una decisión que ha justificado con la lucha contra el terrorismo.
Decenas de grupos presentes en los territorios palestinos, incluyendo Médicos Sin Fronteras o Oxfam, se ven obligados en virtud de la nueva regulación a desmantelar sus actividades, después de que las autoridades israelíes establecieran en marzo un nuevo y controvertido proceso de registro que anula el permiso que tenían vigente. Los grupos afectados han asegurado que el nuevo sistema viola los principios humanitarios de independencia y neutralidad, les impone condiciones políticas desvinculadas de su acción humanitaria y les exige información que no pueden aportar sin incurrir en infracciones legales. Según Israel, la retirada de las licencias se pondrá en práctica a partir de este 1 de enero y las organizaciones deberán retirarse en un plazo de 60 días.
En caso de cumplirse, la desaparición de esas organizaciones implica la pérdida de buena parte del campo humanitario —único sostén de muchos gazatíes— en los territorios palestinos. La comisaria europea de Cooperación Internacional y Desarrollo, Hadja Lahbib, denunció el miércoles la medida y alertó de que “significa bloquear ayuda para salvar vidas”. “El registro de ONG no puede implementarse en su modo actual”, afirmó en un comunicado. “El derecho humanitario no da lugar a dudas: la ayuda debe llegar a quienes la necesitan”, agregó.
El avance hacia la expulsión de estas organizaciones se ha producido mientras Gaza y Cisjordania viven una situación límite sobre el terreno. Este jueves, fuentes médicas en el Hospital al Shifa, en Ciudad de Gaza, han informado a medios árabes de la muerte de un niño palestino en a causa de la metralla israelí. Las fuerzas israelíes han matado a 416 personas y han causado 1.150 heridos en el enclave desde la entrada en vigor de en octubre, según ha informado el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.
Mientras, las autoridades israelíes llevan a cabo desde el miércoles la demolición de 25 edificios en el campo de refugiados de Nur Shams, al noroeste de Cisjordania, lo que ha dejado sin hogar a un centenar de familias palestinas. Israel ha justificado la operación con fines antiterroristas, pero la población desplazada ha denunciado un plan para desarraigarlos del territorio.
El ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amijai Chikli, ha afirmado este jueves que Israel “hará cumplir” la prohibición de las 37 ONG internacionales que no han satisfecho los nuevos “estándares de seguridad y transparencia”, en particular la entrega de información sobre sus cooperantes locales. En un comunicado, Chikli ha enfatizado que la nueva regulación busca apartar a las entidades que Israel acusa —a menudo, con pruebas inexistentes o poco sólidas— de apoyar o de estar infiltradas por Hamás u otras milicias gazatíes. “El mensaje es claro”, ha asegurado el ministro. “La asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo, no lo es”.
Las organizaciones afectadas han alegado que el nuevo proceso de registro exige “un incumplimiento de nuestro deber de cuidado hacia nuestro personal”. Esa es la opinión de Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam en Jerusalén. En declaraciones a múltiples medios de comunicación, Bushra ha denunciado que el esquema les pide “entregar datos sensibles de nuestros trabajadores palestinos y de sus familias”. La humanitaria expone que eso es algo particularmente difícil de llevar a cabo “después de los últimos dos años, en los que hemos visto una cifra récord con más de 500 trabajadores humanitarios asesinados en Gaza”, ha dicho, citando cifras de la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza.
El Equipo Humanitario de País (HTC, por sus siglas en inglés), el foro que reúne a las agencias de las Naciones Unidas y a las ONG que actúan en los territorios palestinos ocupados, reclamó el martes a Israel que reconsiderara su posición después de que Chikli anunciara la suspensión de las ONG. Antes, el organismo advirtió en un comunicado de que apartar esas entidades pondría en peligro las operaciones humanitarias en Gaza mediante un sistema “basado en criterios ambiguos, arbitrarios y altamente politizados, que imponen requisitos que no se pueden cumplir sin violar las obligaciones legales internacionales”.
Golpe al sector sanitario
Según el HTC, la retirada de Gaza de las 37 ONG dejaría muy tocado el ya mermado sector de la salud, en el que más de la mitad de los actores implicados son asociaciones internacionales. Estos organismos lideran o apoyan el 60% de los hospitales de campaña, y su desaparición conllevaría el cierre de uno de cada tres centros de salud, algo desastroso después de que la ofensiva israelí haya destruido total o parcialmente el 94% de los hospitales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. También sería un golpe para la seguridad alimentaria: de 195 puntos de preparación de comida en el enclave, 132 dependen directamente de ONG internacionales.
Este jueves, 19 grupos de defensa de los derechos humanos radicados en Israel han condenado la reitrada del registro de las ONG. B’Tselem —que acusa a Israel de genocidio en Gaza— y Breaking the Silence —conformado por exsoldados contrarios a la ocupación—, están entre los firmantes del comunicado conjunto. “En paralelo”, advierten, “y como parte del asalto de Israel sobre el pueblo de Gaza, el acceso humanitario ha sido severamente limitado desde octubre de 2023”, cuando Hamás lanzó la invasión sobre el sur israelí.
La nota, que llama a detener “de inmediato” la suspensión de licencias, se hace eco de que la ayuda esencial —comida, medicina, refugio— sigue siendo “retrasada o negada” en Gaza, a pesar de la frágil tregua. El bloqueo de suministros supone una violación capital del acuerdo de alto el fuego por parte de Israel, pero Estados Unidos lo tolera. También señalan el papel que esos grupos desempeñan en Cisjordania, donde contribuyen a la rendición de cuentas. “Bloquearlos pone vidas en riesgo”, concluyen.
“Precedente peligroso”
Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), advirtió el miércoles en X de que si Israel logra tirar la medida adelante representará “un precedente peligroso” para el sector humanitario, menoscabando sus principios alrededor del mundo.
De hecho, la entidad que dirige Lazzarini, que ofrece servicios básicos a millones de palestinos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Jordania y Siria, padece la hostilidad creciente por parte de Israel, que el lunes aprobó en sede parlamentaria cortar el suministro de agua y de electricidad a sus instalaciones. La medida es una enmienda a dos leyes que la Knéset, el Parlamento israelí, aprobó en 2024 para impedir el trabajo de la agencia en Israel y para restringirlo en Gaza y Cisjordania, y que más tarde comportó el cierre de colegios en Jerusalén Este, un territorio ocupado por Israel que las autoridades judías consideran parte del país.
Las maniobras israelíes para apartar de Gaza y Cisjordania a decenas de grupos internacionales y para desmantelar a la UNRWA chocan con el derecho internacional y con la opinión consultiva que el Tribunal Internacional de Justicia —el mayor tribunal de la ONU— emitió en octubre, en la que aseguró que Israel, como poder ocupante, está obligado a asegurar las “necesidades básicas” de la población de Gaza, así como a facilitar las operaciones de la UNRWA en la zona. También desacreditó por falta de pruebas fehacientes las acusaciones israelíes que aseguran que una parte significativa de los empleados de la agencia de la ONU son miembros de Hamás.
