La Xunta y la Fiscalía avalan el psiquiátrico donde el Defensor del Pueblo vio múltiples irregularidades
SOURCE:El Pais|BY:Sonia Vizoso Perez
El Gobierno gallego aprueba la atención a los pacientes en La Robleda frente a la inspección que detectó “mala praxis” y “vulneración de derechos”
“Contenciones que se mantienen durante semanas”, “fármacos con dosis fuera de ficha técnica”, “aislamiento habitacional” y un “régimen disciplinario” con “castigos”. Un informe elaborado hace un año por un equipo de expertos del Defensor del Pueblo denunció “mala praxis” y “vulneración de derechos” en el psiquiátrico privado La Robleda, a 15 kilómetros de Santiago de Compostela y con plazas concertadas con la sanidad pública. Cuando salió a la luz, la Xunta y la Fiscalía anunciaron investigaciones que, según informan ambas instituciones, han avalado el funcionamiento del centro propiedad de la empresa catalana Hestia Alliance. El ministerio público ha cerrado sus diligencias sin apreciar indicios de delito y el Gobierno gallego asegura que en su inspección no halló irregularidad alguna. Mientras, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la unidad del Defensor que vela por que los ciudadanos que viven privados de libertad no sufran tratos crueles o degradantes, responde a este periódico que “se ratifica en las conclusiones de la visita”.
¿Cómo puede haber tres visiones oficiales tan distintas del funcionamiento de un mismo psiquiátrico? Miguel Anxo García es portavoz del Movemento Galego da Saúde Mental, una entidad integrada por pacientes, profesionales sanitarios y judiciales, sindicatos y sociedades científicas. García explica que la misión de la unidad del Defensor del Pueblo que señaló las irregularidades en La Robleda es “encontrar prácticas y casuísticas de vulneración de unos derechos” que en España ya están recogidos en la normativa pero cuya materialización está todavía en proceso. “Son niveles de inspección diferentes”, expone el psicólogo clínico. “Pero si el Mecanismo de Prevención de la Tortura dice que hay un riesgo de violación de derechos, correspondería a la Fiscalía una mirada cuidadosa para ver si hay algo delictivo”. Por la experiencia del Movemento Galego da Saúde Mental en otras denuncias, el ministerio público mantiene, sin embargo, “una actitud bastante pasiva frente a situaciones de este tipo”, critica García.
La Fiscalía confirma que ha archivado las diligencias que abrió tras publicar EL PAÍS el informe del Defensor del Pueblo, un documento en el que, entre otras cosas, se aseguraba que en La Robleda no se cumplía la instrucción que el propio ministerio público aprobó en 2022 sobre cómo se deben realizar las contenciones a los pacientes psiquiátricos para “salvaguarda de su dignidad”. La Fiscalía rehúsa detallar qué diligencias practicó y a qué conclusiones llegó para cerrar la investigación. Lo único que revela es que se llevó a cabo una inspección en el centro. Fuentes de la empresa propietaria del hospital explican que la visita del ministerio público se produjo el 17 de febrero y que “se solicitó una serie de documentación que se presentó de inmediato”. “La misma fue valorada positivamente por la Fiscalía, que archivó el expediente sin observar ningún tipo de irregularidad”, añade Hestia Alliance.
La compañía destaca que la Fiscalía también archivó las diligencias preprocesales que abrió por la denuncia de la supuesta agresión sexual que recoge el Defensor del Pueblo. Lo hizo “de inmediato”, afirma, tras un informe forense y la “negación” de los hechos por parte de la paciente que los había denunciado.
El personal de Sanidade entró en el centro un día después que la Fiscalía y cuando habían transcurrido 12 días desde que este periódico publicó el informe del Defensor del Pueblo. Fuentes de esta consejería señalan que lo que allí vieron sus inspectores estaba correcto, tan correcto como siempre. Porque, tal y como admitió la Consellería de Sanidade nada más estallar el escándalo, en los últimos 18 años, la Administración autonómica realizó siete inspecciones sin hallar irregularidades.
En esa visita a La Robleda, la Xunta asegura que constató el cumplimiento no solo de los requisitos técnicos establecidos en la normativa vigente sino también del protocolo para la contención de pacientes. Al contrario que el informe del Defensor del Pueblo, fuentes oficiales de Sanidade sostienen que en este psiquiátrico “todas las contenciones mecánicas y/o farmacológicas” se realizan con supervisión facultativa y se registran correctamente. Los inspectores autonómicos solo proporcionaron a la dirección del sanatorio algunas “recomendaciones de cara a un mejor funcionamiento y una mayor calidad asistencial”. Entre ellas, un aumento de la ratio de personal, expone la Xunta. En el momento de la inspección del Defensor del Pueblo, una sola psicóloga se hacía cargo de 94 enfermos ingresados.
La empresa anuncia mejoras
La propietaria de La Robleda afirma que se toma “en serio” el informe del Defensor. Sobre el incremento de plantilla, esgrime que “está en búsqueda continuada de profesionales como el sector entero en toda España” y anuncia “elementos de perfeccionamiento y trazabilidad” en otros ámbitos. Según informa un portavoz de Hestia Alliance, La Robleda pondrá fin a las contenciones en las habitaciones de los pacientes “siempre que sea posible” y estas se ejecutarán en una estancia específica. El hospital incorporará un protocolo de contenciones cero y actualizará su registro de forma electrónica para que se recoja, entre otros datos, el momento de inicio y fin, la actuaciones previas para intentar evitar la medida y el motivo que la hizo ineludible. El centro creará una Comisión de Seguridad del Paciente en la que profesionales del centro y gerencia harán un seguimiento de las medidas restrictivas y de otros indicadores y elaborará un protocolo de consentimiento informado para las habitaciones con cámara.
El portavoz del Movemento Galego da Saúde Mental lamenta que tanto la Xunta como la Fiscalía hayan actuado “a remolque”, ya que abrieron sus investigaciones solo cuando el resultado de la inspección sorpresa del Defensor del Pueblo salió a la luz. Lo hicieron así pese a que la institución que dirige Ángel Gabilondo, que analizó historiales médicos, testimonios de pacientes y trabajadores y diversa documentación hallada en una visita sorpresa de septiembre de 2024, ya les había remitido sus conclusiones antes de que fueran publicadas por este periódico. “La Fiscalía tiene que ser proactiva y ampliar su mirada. No significa que tenga que tener una actitud persecutoria, pero es hora de que se ponga las pilas”, incide García. Sobre la vigilancia de la Xunta, apunta a que una inspección “puede centrarse en examinar el funcionamiento económico-comercial del centro” o “en la protección de los derechos fundamentales” de los pacientes.
Sobre el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía y la inspección de la Xunta que no ha hallado irregularidades, el Defensor del Pueblo “se ratifica en las conclusiones de la visita” y explica que ha enviado “una serie de recomendaciones” a ambas instituciones. La entidad remite al informe anual que presentará en 2026 y en el que “se reflejará el grado de implementación de las medidas propuestas y la reacción a las mismas por parte de las entidades destinatarias”. “El Defensor del Pueblo está removiendo y trayendo cambios”, secunda García, “con lentitud exasperante, pero trae cambios”.