Los iraníes vuelven a echarse a la calle para clamar contra el régimen al que responsabilizan de su penuria. De momento, las manifestaciones no han alcanzado ni la amplitud ni los participantes de ocasiones anteriores, pero la represión ya ha dejado las primeras víctimas mortales. En la escena internacional, con Trump agitando una intervención y Netanyahu deseoso de golpear de nuevo a su archienemigo, algunos comentaristas jalean la protesta como si fuera un partido de fútbol. Solo que aquí no hay dos equipos, sino un país de 90 millones de habitantes que, sin un pacto político y social, seguirá pagando los platos rotos.

La chispa, una vez más, ha sido económica. La política cambiaria y la depreciación del rial desataron las quejas de los comerciantes hace una semana. A ellas se sumaron estudiantes y ciudadanos afectados por el deterioro de las condiciones de vida, que va más allá de una inflación galopante (por encima del 40% en el último año) para afectar al suministro de agua corriente (en Teherán incluso ahora en invierno se corta por las noches), la electricidad y otros servicios públicos. Todo ello en un país productor de petróleo, es decir, que no es pobre, y que, como denuncian los manifestantes, gasta importantes partidas en financiar grupos armados extranjeros.

Como en las protestas que desde 2009 se suceden en Irán, resuenan los gritos de “Muerte al dictador”, la consigna de la revolución que derribó al sha 30 años antes. Hoy, el dictador es el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, cabeza del sistema islamista surgido de aquel levantamiento popular. Desde 1989, Jameneí ha controlado el país con la ayuda de la Guardia Revolucionaria, un ejército paralelo al convencional creado para blindar al régimen. A sus 86 años, sigue al mando, pero su autoridad se ha visto erosionada por el ataque conjunto de Israel y EE UU el pasado junio, y por el fracaso de su política de fomentar milicias como disuasión y rechazar cualquier acercamiento a Occidente.

La unidad frente a la amenaza exterior dio un respiro al régimen. Pero sus dirigentes han desaprovechado la tregua. En lugar de tender puentes y abrirse a reformas de calado que la sociedad reclama, se han limitado a hacer la vista gorda a las mujeres sin velo o en motocicleta mientras intensificaban los arrestos y las ejecuciones.

La nueva ola de protestas alienta expectativas en quienes desean el colapso de la República Islámica. Conviene, sin embargo, no cargar sobre los iraníes un peso desproporcionado. El sistema ha demostrado una notable resiliencia. Como evidenció la revuelta de 2022 —tras la muerte bajo custodia de la joven kurda Mahsa Aminí—, los gobernantes no dudan en recurrir a la violencia, y la oposición carece de organización y liderazgo. Y no, pese al ruido en redes, Reza Pahlevi, hijo del último sha, no representa una alternativa creíble.

Sin un liderazgo claro, un movimiento articulado o una estrategia capaz de desafiar al verdadero núcleo de poder —ya no los ancianos ayatolás, sino los generales de la Guardia Revolucionaria—, las protestas erosionarán aún más al Gobierno de Masud Pezeshkian, limitado por la propia arquitectura del sistema e incapaz de aplicar las reformas prometidas, y reforzarán a los sectores más duros. Mientras tanto, los mensajes de apoyo de Trump solo alimentan el discurso oficial que atribuye la agitación a injerencias extranjeras. Si la situación se agrava, es más probable que un sector del régimen impulse un cambio controlado a que prospere la revuelta.

La tragedia de los iraníes es que la salida a sus problemas exige un cambio de modelo para el que los dirigentes carecen de legitimidad y, a todas luces, de voluntad.