La investigación judicial de la dana, que dejó 230 muertos en octubre de 2024, ha devenido en un año en una madeja de pesquisas que ha hecho aflorar la cadena de errores, mentiras políticas e imprevisión que condujo a la desgracia.

Como si de un puzle se tratara, los movimientos de la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra, han desmontado la línea de defensa del Gobierno del expresidente valenciano Carlos Mazón, del PP. Y ha revelado las contradicciones sobre el papel de este dirigente, que pasó casi cuatro horas en el restaurante El Ventorro mientras se inundaba parte de la provincia.

Los 43 tomos de sumario —que contemplan 409 declaraciones de testigos, la mayoría, familiares de víctimas— tumban la llamada tesis del apagón informativo. Una idea a la que se aferraban el PP, la Generalitat y los dos únicos investigados —la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso—; y que sostenía que si el Ejecutivo valenciano actuó tarde fue porque organismos dependientes del Gobierno de Pedro Sánchez, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no reportaron con antelación la magnitud de la dana.

Los wasaps aportados al juzgado el pasado diciembre por la exconsejera investigada no solo desmontan esta tesis, sino que han marcado un punto de inflexión. Han destapado que la presidencia de la Generalitat manejaba información clave sobre el peligro desde el mediodía de la jornada de la catástrofe. Y que, a las 11.32, Pradas reportó al entonces president sobre el riesgo del barranco del Poyo. “Cojonudo” fue la reacción de Mazón a su consejera al enterarse de la situación, según los wasaps remitidos al despacho de la jueza.

El abogado Manuel Mata, que representa a la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià (Acpv), sostiene que la investigación judicial confirma que la “incomunicación” de Mazón en El Ventorro fue “deseada”. Y confía, para apuntalar esta tesis, en el inminente careo acordado por la magistrada entre Pradas y quien fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. En sus dos declaraciones como testigo, en las que tenía la obligación de decir la verdad, Cuenca sostuvo ante la instructora que no dio instrucciones a Pradas aquel día de la catástrofe. y alimentan las dudas sobre su actuación.