Los 25 decretos tramitados como proyectos de ley están bloqueados
Corrían los primeros días del mes de octubre cuando la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, amagaba con tumbar un real decreto ley del Gobierno, el del embargo de armas a Israel, y criticaba que otros aliados del Ejecutivo se hubiesen comprometido a apoyarlo a cambio de su tramitación como proyecto de ley para, así, poder enmendarlo. Para la líder izquierdista, esa fórmula suponía condenar la medida a «dormir el sueño de los justos». Su principal reticencia era que el Consejo de Ministros introducía la posibilidad de aplicar excepciones con una cláusula demasiado genérica que las justificaba por razones de seguridad nacional o interés general.Dicho y hecho, en la última reunión del Consejo de Ministros de este 2025 se aprobó una de esas salvedades para que Airbus pueda comprar material militar a Israel. El pretexto: evitar pérdidas de empleo nacional. Mientras, en el Congreso coge polvo la norma que regula el pretendido embargo de armas, que ya va por la décima ampliación del plazo permitido para registrar enmiendas. El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la Cámara Baja, tiran de prórroga para bloquear sistemáticamente las iniciativas que no les interesan. Esta última, por actualidad, es la más llamativa, pero no la única. En efecto, los veinticinco reales decretos leyes convalidados esta legislatura, tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, permanecen varados en la sede de la soberanía nacional sin que los grupos parlamentarios puedan introducir cambios.Una vez el Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley, figura prevista, en teoría, para casos de extraordinaria y urgente necesidad, tiene un plazo de treinta días para que el Congreso debata y vote su convalidación o derogación. En los últimos años, no obstante, se ha convertido en una práctica habitual que después de que se convaliden estas iniciativas se solicite su tramitación como proyecto de ley. Esto otorga a los diputados la posibilidad de que aunque las medidas contempladas en el texto se mantengan vigentes, estos puedan introducir modificaciones vía enmiendas. El problema, en la práctica, es que el Gobierno, una vez aprobado su paquete dispositivo, tiene pocos alicientes para aceptar modificaciones en él.Noticia Relacionada La asignatura pendiente de la derecha estandar Si Feijóo evita despejar los pactos con Vox en las autonomías Paloma Esteban El líder del PP deja claro que en su caso peleará por un gobierno en solitario cuando haya generalesSegún los datos cotejados por ABC, ninguno de los veinticinco decretos convalidados por el Pleno del Congreso ha avanzado significativamente en su recorrido parlamentario. De hecho, veintitrés de ellos continúan en el plazo para registrar enmiendas. Solo hay dos que han superado esa fase, pero esperan que se cierre la ponencia para que la comisión oportuna pueda debatir y en su caso aprobar un dictamen: uno con medidas económicas para paliar los efectos de las guerras en Ucrania y en Oriente Próximo y otro con la ejecución del plan de recuperación en sectores como el servicio público de justicia, la función pública, el régimen local y el mecenazgo.Más de cuarenta prórrogasEn la votación del embargo de armas sorprendió el sí de Podemos después de que su líder hubiese hablado de un «decreto 'fake'» que solo quería regalar «un titular» a Sánchez. Pero lo cierto es que el tiempo le ha dado la razón parcialmente y que mientras el Gobierno permite la compra de material militar a Israel, el Congreso mantiene bloqueada la norma que regula esas excepciones sin posibilidad de que los grupos parlamentarios le metan mano. Es el caso de muchos otros decretos, como por ejemplo el que convalidó la Cámara Baja el día después de la dana en Valencia pese a haberse suspendido el resto de actividades parlamentarias en señal de luto.Así, el proyecto de ley procedente del decreto gracias al que el Gobierno y sus socios redoblaron su control de RTVE lleva 43 prórrogas del plazo para registrar enmiendas. En idéntica situación están otras normas, como la que prohíbe los desahucios a colectivos vulnerables y las de las ayudas por la dana, entre otras.

