La vivienda se ha convertido por méritos propios en el principal problema de los españoles durante 2025, de acuerdo con el CIS. La subida de precios, muy superior a la revalorización de los salarios, y la escasez de oferta estrangulan el acceso y pago de una casa. Pero la preocupación va más allá, puesto que todo lo relacionado con la vivienda genera una alta conflictividad entre compradores, vendedores, inquilinos, caseros y, cómo no, vecinos.

Durante este año, el alquiler ha sido uno de los asuntos que más trabajo ha dado a los bufetes de abogados, que coinciden en destacar la gestión de las fianzas. En el bufete de Vilches Abogados dicen haber atendido “muchísimas consultas”, tanto de caseros como de inquilinos. “Notamos un gran desconocimiento por parte de los propietarios sobre qué gastos pueden imputar a la fianza. Muchos creen que pueden descontar la limpieza general o la pintura del inmueble al finalizar el contrato y siempre les aclaramos que, legalmente, de la fianza solo se puede detraer el importe de los daños causados por un mal uso, actos vandálicos o hurtos, no el desgaste ordinario”, comenta Manuel Vilches, consejero delegado del despacho legal.

Según los abogados de KLJ, “esta casuística nos la estamos encontrando también cuando los arrendatarios son extranjeros y piden la resolución del contrato por tener que marcharse de España por estudios o trabajo, aprovechando los arrendadores para quedarse con los importes de fianza y garantía adicional, bajo la premisa errónea de que no van a reclamarlos”. No obstante, con la entrada en vigor este año de mecanismos extrajudiciales obligatorios antes de interponer una demanda (Medios Adecuados de Solución de Controversias) se ha logrado llegar a un acuerdo con muchos caseros, evitándose “la judicialización de la controversia”, cuentan en este despacho de Madrid.

Distinto camino han seguido las demandas de desahucio por la finalización del alquiler, es decir, no por impago de la renta, sino porque el contrato y las prórrogas han vencido y el inquilino no abandona la casa. “Los precios están tan caros que hay muchos inquilinos que no encuentran alternativa y prefieren quedarse en la vivienda actual pese a haber vencido el contrato”, cuenta Eduardo Fernández-Fígares, del despacho Abogados para Todos. Explica el letrado que de este modo solo tendrán que asumir las costas del abogado del propietario, en torno a los 2.000 euros. “Les merece la pena asumir ese gasto, pero poder quedarse un año más, lo que dura aproximadamente un proceso de este tipo”.