El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en representación del Gobierno, de una parte, y Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y Jesús Díaz Sariego, presidente de la Confederación de Religiosos (Confer), como representantes de la Iglesia católica, han firmado este jueves el acuerdo para canalizar, a través de la oficina del Defensor del Pueblo , las peticiones de indemnización por casos de abusos de víctimas que no desean acudir de forma directa a la Iglesia para reclamar su reparación. El sistema no invalida el plan Priva –la fórmula con la que la Iglesia está asumiendo las indemnizaciones en los casos en que no existe posibilidad de acudir a la vía penal, por haber prescrito o fallecido el victimario–, sino que lo complementa , ya que a partir de ahora quienes reclamen una reparación tendrán la posibilidad de optar por una de las dos vías.De esta forma, el plan Priva seguirá funcionando de igual manera, a través de un formulario en su página web o por la reclamación a través de las diócesis o congregaciones religiosas implicadas, mientras que las víctimas que no quieran acudir de forma directa a la Iglesia, por no confiar en la institución que les infringió el daño, podrán hacerlo a través del Defensor del Pueblo. Este, una vez recibida la reclamación, decidirá el tipo de reparación con los mismos baremos consensuados con la comisión de trabajo de Priva y enviará su propuesta a este grupo para que la valide.Noticia Relacionada estandar Si La Iglesia paga 1,1 millones a 39 víctimas de abusos que no podían ir a la vía judicial José Ramón Navarro-Pareja Lejos de los cincuenta mil que hablaba Francisco, la media de 28.445 euros es similar a otros países y más del doble de los que han recurrido a la vía judicial«El objetivo es trabajar con criterios homogéneos », han explicado a ABC fuentes eclesiales. Aun así, si no hubiera acuerdo entre la propuesta del Defensor del Pueblo y la comisión de Priva, una comisión mixta resolvería la discrepancia. Si tampoco fuera posible esa vía para el entendimiento, serían los presidentes de la Conferencia Episcopal (si el abusador estaba vinculado a una diócesis) o de la Confer (si era religioso) quienes acordarían directamente con el Defensor del Pueblo la reparación para la víctima. Hasta ahora, este tipo de reparaciones incluyen una indemnización económica (entre los 3.000 y los 100.000 euros), una compensación «en especie», al asumir los posibles gastos derivados de la atención psicológica de la víctima, y algún otro tipo de gesto simbólico, como el reconocimiento público del daño infringido, si así lo reclama la persona afectada. El modelo ahora pactado, a través del Defensor del Pueblo, tiene una vigencia inicial de un año, que será prorrogable a otro más si se considera necesario.Cambio de normativaEl acuerdo se lleva fraguando desde hace meses, aunque no se ha desbloqueado por completo hasta resolver dos últimas cuestiones. Por una parte, el acuerdo firmado este jueves también incluye un «cambio de normativa» para que las indemnizaciones a las víctimas de abusos no estén sujetas a fiscalidad, como ha ocurrido hasta este momento. Fue el pasado mes de junio cuando los obispos tuvieron conocimiento de que Hacienda había confirmado a una de las víctimas que la indemnización que había cobrado debía tributar como un ingreso extraordinario en el próximo ejercicio fiscal. Ahora, el Gobierno se compromete a una reforma legislativa que equipare las indemnizaciones por abusos a otras, como en las víctimas del terrorismo, que están exentas de tributación en el IRPF.Por otro lado, el acuerdo también incluye un compromiso del Gobierno para crear cauces de reparación para todas las víctimas de abusos, además de los casos producidos dentro de la Iglesia, y en especial para aquellos menores que fueron abusados en instituciones públicas, colegios o federaciones deportivas. La idea es una adaptación de la propuesta del Defensor del Pueblo de crear un fondo común Iglesia-Estado para indemnizar a las víctimas que no pudieran acudir a la vía penal. Los obispos se mostraron reticentes ante esta idea y siempre afirmaron que solo participarían en este fondo sí servía para reparar a todas las víctimas de abusos, y no solo a las de la Iglesia.La propuesta ahora acordada trata de dar respuesta a las reclamaciones de unas pocas víctimas de abusos en el seno de la Iglesia que consideraban inválido el plan Priva por haber sido promovido por la propia Iglesia y lo acusaban de «parcial e injusto». Sin embargo, desde que se puso en funcionamiento la comisión hace un año y medio, ya ha resuelto más de un centenar de casos. Así, el pasado 21 de noviembre, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, explicó que ya se habían recibido 101 peticiones y emitido 58 dictámenes, a los que había que sumar «otros 11 casos que se resolverán próximamente» y varios más para los que «se ha solicitado ya la información necesaria para poder establecer el cauce de reparación». A esa misma fecha, el importe total de las reparaciones propuestas alcanzaba 1.562.880 euros, lo que sitúa la indemnización media en 30.644,7 euros, una de las más altas asumidas por las Iglesias europeas y muy por encima de la media de las dictadas por resolución judicial, que se sitúan en torno a los diez mil euros.