Milei mide la confianza en Argentina con una concesión fluvial de 13.000 millones en ingresos
SOURCE:El Pais|BY:Javier Magariño Fernández
El Gobierno vuelve a lanzar el concurso para la explotación de los 1.400 kilómetros de la Vía Navegable Troncal tras la cancelación del proceso el pasado febrero
Nueva llamada de Argentina a las firmas internacionales de infraestructuras interesadas en gestionar una de las mayores vías fluviales navegables del mundo, la que discurre por el río Paraná. El Gobierno de Javier Milei espera ofertas hasta el 27 de febrero para dar en concesión la Vía Navegable Troncal, por la que pasa el 80% del tráfico argentino de exportación. El contrato, según estimaciones oficiales, acarreará ingresos por 15.500 millones de dólares (unos 13.182 millones de euros) en sus 25 años de duración. Se verá si el reclamo de los beneficios desde el primer año es suficiente para captar la mirada de grandes grupos.
La licitación ya ha sido publicada en el Boletín Oficial (Resolución 67/2025) y corre a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dependiente del Ministerio de Economía. El concurso sale adelante después de que un primer proceso fuera cancelado en febrero con fuerte polémica. Para Milei, que acaba de sacar adelante sus primeros presupuestos, es una prueba de fuego tras el fiasco inicial. Se está midiendo la confianza del mercado concesional en un país que salió hace años de los mapas de acción de las mayores compañías de infraestructuras, entre ellas las constructoras españolas cotizadas.
En el concurso cancelado se contó tan solo con una sola oferta, de la belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME), por lo que se decidió revisar la licitación a la vista de que se esperaban 11 propuestas. También hubo reclamaciones previas, por supuestas prácticas contra la competencia, que partieron de la propia DEME. La belga dejó entrever que el pliego estaba hecho a la medida de su compatriota Jan de Nul, lo que fue rechazado por el Ejecutivo. Jan de Nul, que explotó la infraestructura entre 1995 y 2021 (desde entonces se encarga del dragado), no llegó a presentar su candidatura. También se descartó en febrero la participación de la china CCCC Shanghai Dredging Company (SDC) por estar respaldada por capital estatal chino.
La ANPYN busca ahora atraer la mayor concurrencia posible a un proceso en el que se ofrecen 25 años de explotación, más una posible prórroga por otros cinco años, en la vía fluvial que va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior. En sus 1.400 kilómetros por siete provincias argentinas, el cauce enlaza 79 terminales portuarias. Este segmento forma parte de un corredor mayor, el conocido como Hidrovía Paraná-Paraguay, de 3.700 kilómetros, que comunica puertos fluviales de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay con el Atlántico.
Las participantes en este llamativo concurso deben pasar un filtro económico previo, en el que se exigen un patrimonio neto superior a los 300 millones de dólares; unos ingresos anuales por encima de los 450 millones de dólares; una ratio de endeudamiento (cociente entre el pasivo total y el patrimonio neto total) inferior a 2,5, o una facturación por la actividad de dragado de un mínimo de 300 millones de dólares al año. Se trata de dar entrada a especialistas en canales y puertos, al requerirse experiencia posterior a 2016 en el movimiento de millones de metros cúbicos de materiales en la citada actividad de dragado.
Las estimaciones económicas que se han llevado al pliego hablan de un ingreso medio para la concesionaria de 618,6 millones de dólares anuales, calculado a partir de una tasa interna de retorno (TIR) del 12,31% y de un coste promedio del capital (WACC) del 10,98%. Con unos ingresos en juego que se acercan a los 15.500 millones de dólares a lo largo de 25 años, la ANPYN calcula un ebitda (beneficio bruto de explotación) que escala desde los 85,6 millones del primer año hasta los 378 millones de dólares al final de la concesión. El activo, según se argumenta en el pliego, ofrecería beneficios desde su arranque: la cifra anual va de los 54 millones de dólares en el primer ejercicio a los 209 millones en el que cierra el contrato.
Entre los principales usuarios de este paso fluvial, que capta el 90% del tráfico argentino de mercancías en contenedor, se encuentran gigantes del sector agroalimentario como la estadounidense Cargill, la china Cofco, la neerlandesa Bunge y la francesa LDC. Los productos más usuales bajando el río son la soja, el hierro y combustibles.
La compañía adjudicataria tendrá que remodelar parte de la infraestructura, operar el sistema de señalización y encargarse del mantenimiento, incluido el dragado para el paso de los buques. A cambio, recibe la concesión bajo el modelo de obra pública por peaje, en la que el riesgo corre a cargo de la parte privada sin avales del Estado.
Fuera de foco
Las mayores firmas españolas especializadas en el segmento concesional, como Ferrovial, ACS, Acciona o Sacyr, sacaron hace años a Argentina de sus planes estratégicos y no hay señales que apunten a un inminente regreso siquiera por un activo de este volumen. Allí explotaron centenares de kilómetros de autopista y aspiraron a construir el trazado del tren bala. Sí se espera la entrada de compañías centroeuropeas especializadas en obra hidráulica. Además de las belgas DEME y Jan de Nul, habían mostrado interés en el anterior concurso la danesa Rhode Nielsen o la brasileña DTA Engenharia.
La documentación del concurso pasó en noviembre por una audiencia pública para atar los aspectos ambientales, y por un segundo proceso de observaciones sobre el pliego de condiciones que concluyó a mediados de este mes con 40 aportaciones. La publicación del pliego definitivo ha sido supervisada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), de la que el Gobierno de Javier Milei afirma que “aportó un marco técnico alineado con los estándares internacionales”.
Las garantías para participar no son poca cosa: 20 millones de dólares para el mantenimiento de la oferta y otros 40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato, esta última exigida a la adjudicataria. A ello se suma una garantía especial de 35 millones de dólares, una vez que sea firmado el contrato, con la que la concesionaria asegura que regularizará la deuda pendiente de pago a los acreedores de la Vía Navegable Troncal.