Costó 162 millones. Nunca se usó. Pero su infraestructura básica, que lleva hecha casi 20 años, ofrece ahora una oportunidad inesperada: rediseñar la red de transporte público del suroeste de Madrid, tanto en tren como en autobús, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes. Así se lo confirma a EL PAÍS una fuente del gobierno de España que conoce el proyecto para estudiar la viabilidad de resucitar el Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero que dejó sin terminar el gobierno de Madrid con Esperanza Aguirre (2003-2012), lo que incluye evaluar la opción de combinarlo con la extensión de la red férrea a Villaviciosa de Odón o Boadilla del Monte, que lleva tiempo en estudio. Una revolución en potencia del transporte público de la zona, que se podría hacer incluso en forma de “Y” con Móstoles como corazón; que beneficiaría a los cientos de miles de vecinos que la Comunidad tiene censados en esos municipios, y a otros tantos de los colindantes, gracias a líneas de bus; y que permitiría al gobierno de España (PSOE y Sumar) apuntarse un tanto en el pulso permanente que le mide con el de Madrid (PP).

“El tren a Navalcarnero parece que va a adelante, es más fácil”, dice una fuente del gobierno central con conocimiento del proyecto para hacer realidad el proyecto fallido de Aguirre. “En el otro caso hay que profundizar para reunir más información”, acota.

Esto se lee en documentación pública perteneciente al proyecto: “Asimismo, se analizará la movilidad de las localidades del entorno hacia las nuevas estaciones planteadas, de forma que se pueda diseñar, en colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de la/as nueva/as línea/as a otras poblaciones”.

Han pasado 20 años desde que OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para unir con un tren Móstoles y Navalcarnero. Ni uno solo ha circulado desde entonces. Impulsadas por Aguirre, las obras se paralizaron en 2010, por falta de financiación de la concesionaria y con 8 de los 14,4 kilómetros del proyecto ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Desde entonces, la Comunidad y la constructora pleitearon en los tribunales para dirimir de quién era la culpa de los cambios en el proyecto (con un soterramiento no previsto) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). En 2021, el Consejo de Gobierno presidido por . La constructora elevó esa cifra hasta los 188 al añadirle el IVA, .