El ministro de Derechos Sociales apremia al socio de coalición en plena crisis: “No se entendería que este Gobierno no actúe para proteger a los inquilinos”
En medio de la peor crisis que atraviesa el Gobierno de coalición, Pablo Bustinduy (Madrid, 42 años) habla sin estridencias, pero es tajante. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, de Sumar, apuesta por una intervención en vivienda y políticas sociales para que los ciudadanos vuelvan a respaldar a un Ejecutivo lastrado por los casos de corrupción y acoso sexual que acechan al PSOE. “No hay tiempo”, advierte en esta entrevista realizada la víspera de Nochebuena y en la que también habla de la acción de su departamento, con varios consensos parlamentarios en una legislatura en la que los acuerdos amplios fruto del trabajo discreto, sin ruido, son una excepción.
Respuesta. Es obligatorio empezar por hacerse cargo y reconocer que existe una crisis de confianza del electorado progresista. Ahora bien, la pregunta no debe ser si aguanta el Gobierno o la legislatura, sino para qué. Hace falta una reacción en profundidad que pasa por reconstruir esa confianza. Y eso se hace con agenda social, que a la gente le merezca la pena este Gobierno. Esto quiere decir vivienda, salarios mejores, acabar con la pobreza infantil y construir un sistema de dependencia a la altura.
P. Sumar dio un ultimátum en verano y lo ha vuelto a dar ahora pidiendo además una remodelación del Gobierno, ¿se sienten ignorados por el PSOE?
R. Sentimos que falta voluntad política por parte de nuestro socio. Hemos pedido una reacción en las formas y en el fondo y hemos planteado una hoja de ruta que es capaz de alumbrar un horizonte. Tenemos los medios, la capacidad y las soluciones, y esta es la función también del socio minoritario de una coalición: empujar, empujar y empujar. Espero que el PSOE lo vea y pueda hacerse realidad.
R. Es absolutamente urgente. No hay razón ni tiempo para esperar. Vamos a seguir presionando para conseguir que la acción de este Gobierno se note en mejoras concretas de la vida de la gente trabajadora. Y tiene que ser ya.
P. ¿En qué momento puede resultar rentable para Sumar romper con el PSOE, teniendo en cuenta que Podemos está haciendo oposición desde fuera?
R. Quien haga cálculos de parte se va a equivocar. Perseguir esas mejoras es la condición de posibilidad para mantener la excepción española en un mundo donde se multiplican las crisis de los sistemas democráticos, los ataques a derechos fundamentales y los conflictos.
P. Pero hay un contexto nacional. Ustedes mismos han puesto una línea roja en la financiación ilegal del PSOE y se han traspasado otros límites, como con los casos de acoso sexual. ¿No es motivo para romper?
R. La corrupción es absolutamente intolerable, una vergüenza, y queremos que se asuman todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Con las múltiples denuncias que ha habido de acoso sexual, la respuesta y el tratamiento han sido insuficientes.
P. ¿Cómo se evita que les salpique la imagen de erosión del Gobierno?
R. Haciendo las cosas bien. Eso significa saber corregir el rumbo cuando uno se equivoca. Hay que dar señales decididas de que este Gobierno está del lado de la gente trabajadora.
P. ¿Creen que en la calle se entiende la petición de cambio de ministros como garantía de algo?
R. Se ha incidido mucho en la figura de la remodelación, en las formas, y menos en el fondo. Se entiende mucho mejor cuando planteamos que hemos exigido la prórroga de los 600.000 contratos de alquiler que vencen el año que viene. Se puede hacer mañana y no ha salido porque nuestro socio no ha querido.
P. Esa prórroga no ha llegado en el último Consejo de Ministros del año.
R. Bueno, gracias a todos los que peleamos. Y esta prórroga lleva, además, un refuerzo de las pensiones más bajas, de las no contributivas, del ingreso mínimo vital. Es una buena señal y es el camino. Pero la prórroga de los alquileres no puede esperar más. Hay 1,6 millones de personas que viven la renegociación de ese contrato como una fuente de angustia. Lo que proponemos es que las condiciones se mantengan. Los propietarios van a seguir cobrando las rentas que perciben, que se actualizan con el IPC, sin perjuicio real ninguno. En este país los ingresos medios de las personas propietarias son el doble que los de las personas inquilinas. No se entendería que este Gobierno no actúe para proteger a los inquilinos frente a la crisis de vivienda.
P. Pero si el PSOE no se mueve, desde los ministerios de Sumar, ¿qué margen tienen para intervenir?
R. Desde Consumo, la semana pasada se anunció una sanción histórica de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar pisos turísticos que no disponían de la licencia para ello. También tenemos abiertos expedientes sancionadores a inmobiliarias por presuntas prácticas fraudulentas o abusivas con los inquilinos. Lo que está en nuestras competencias, lo vamos a hacer, pero se espera de este Gobierno una intervención mucho más decidida.
P. Movimiento Sumar dijo que el nombramiento del Elma Saiz como portavoz del Gobierno era una huida hacia adelante, ¿no les convence ese perfil?
R. Tengo una magnífica relación con ella y le deseo toda la suerte del mundo. La presión política va encaminada a intentar que nuestra agenda se abra paso.
P. ¿Faltan ministros políticos para un momento como este?
R. Falta más política social. Eso es mucho más importante que el quién.
R. Primero, que el PP no va a frenar el auge de la ultraderecha. Es más, sólo va a reforzar la dependencia que tiene de ella. Y, segundo, la desmovilización del electorado progresista, lo que hace aún más meritorio el resultado que ha sacado la izquierda, que demuestra que el trabajo bien hecho llega, se entiende y funciona, pero no es suficiente.
P. La buena marcha de la economía española no impide que las derechas crezcan en un contexto internacional también de ola reaccionaria, ¿El cambio de ciclo es inevitable?
R. España ya ha demostrado que no lo es, somos una excepción a la lógica dominante de la política europea e internacional. ¿Y por qué sucedió? Porque con todas las dificultades, el balance que mucha gente hizo de la legislatura anterior es que ya había merecido la pena. Que los ERTE, la subida del salario mínimo, la reforma laboral, el ingreso mínimo vital, el avance en políticas feministas… hicieron que hubiese suficiente gente que vio suficientes razones en esas políticas públicas para defender la pervivencia de un Gobierno progresista. No basta con esto, pero es la condición de posibilidad para que la izquierda pueda pelear en unas condiciones geopolíticas muy adversas.
P. El Gobierno no tiene mayoría parlamentaria, pero su ministerio ha logrado varias victorias. Recientemente, salvar el primer trámite en la reforma de dependencia y discapacidad ¿Cree que puede salir adelante con el PP tras la ruptura de Junts?
R. Sí va a salir, porque es una reforma de interés general y que cuenta con un amplísimo respaldo social.
P. ¿Dependiendo del PP?
R. El que haya una mayoría parlamentaria depende de que exista presión social suficiente. En estos meses me he encontrado muchas veces con el no por delante. Y hemos sacado los permisos, un decreto ley por unanimidad [ELA], la ley de servicios de atención a la clientela, que se aprobó con la abstención del PP...
P. Tanto la oposición como todo el sector han reclamado financiación para que la reforma a la ley de dependencia y discapacidad pueda ser efectiva. Y usted ha garantizado que habrá esa financiación. ¿Cómo puede cumplir si no hay Presupuestos Generales del Estado?
R. Hemos incrementado la financiación de la dependencia un 7,5% respecto al año pasado, un 15% respecto a 2023, más de un 150% respecto al 2020. Esta tendencia es un hecho y un esfuerzo casi sin precedentes en la política social. Pero claro que hace falta un salto cualitativo y para que la reforma sea viable, se necesita esa financiación y el primer paso son los Presupuestos.
P. ¿No contempla el escenario de que no haya Cuentas?
R. La dependencia tendrá la financiación que necesita. Entre otras cosas, porque figura en el acuerdo de gobierno.
P. Pero tras dos años sin PGE, llegar a ese 50% más de financiación al final de la legislatura recogido en el pacto parece inviable.
R. No lo es. Incluso en estas condiciones hemos aumentado un 15% la partida de la dependencia. Hace falta acelerar bastante ese ritmo, pero mantengo el compromiso.
P. Pese a la inyección de la pasada legislatura en dependencia, 84 personas mueren cada día esperando algún trámite de la ley. ¿Qué falla en el sistema?
R. No está dimensionado para las necesidades presentes de la sociedad española. Pero esto no es casual, viene de una década de recortes, 5.406 millones de euros, que desde 2020 se han corregido con este esfuerzo financiero. Las listas y los tiempos de espera son un problema, aunque desde 2020 el sistema atiende a 537.000 personas más y la lista se ha reducido en 140.000 personas. Pero esto no se resuelve solo con más financiación, por eso estamos haciendo la reforma. Queremos cambiar el modelo, generar más derechos, más prestaciones, reducir la burocracia y mejorar su financiación. Toda a la vez.
P. Los ministros de Sumar defienden una prestación universal por crianza. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, enfrió las expectativas. ¿Cómo va esa batalla?
R. En España la capacidad de las transferencias sociales para reducir la desigualdad y el riesgo de pobreza y de exclusión social es inferior a la media europea, entre otras cosas porque las prestaciones y la red de protección social que tenemos funciona muy bien en las relaciones contributivas y para proteger las relaciones laborales formales, pero tiene dificultades para alcanzar a las poblaciones más vulnerables. Contamos con las herramientas jurídicas y, además, frente a lo que se dice, [la prestación] no supone un desembolso económico tan importante. De lo que se trata es de redirigir muchas de las palancas de política social que no están siendo efectivas. Es una cuestión de voluntad política y estoy convencido de que lo vamos a conseguir.
P. En el ámbito de consumo están librando una guerra contra los ultraprocesados, ¿son el nuevo tabaco?
R. La OMS ha sido muy clara identificando los ultraprocesados como una amenaza a la salud global. Pero hay algo que trasciende esta lucha, que es considerar el derecho a la alimentación como un derecho de ciudadanía. Es la línea que seguimos desde el Ministerio y hemos empezado por el real decreto de los comedores escolares para garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a cinco comidas saludables. Lo mismo estamos intentando ahora con residencias, hospitales y comedores de centros públicos. Y la siguiente batalla es la regulación de la publicidad de alimentos insanos dirigida a un público infantil.
P. Alberto Garzón no pudo sacar adelante esta regulación por discrepancias con el PSOE, ¿está bloqueada la reforma?
R. El ministro Garzón inició muchas de las batallas que estamos continuando en esta legislatura. Es el caso de las aerolíneas low cost, de las multinacionales del juego online… Muchos de estos ámbitos suponen conflictos con actores económicos muy poderosos y que se mueven para intentar bloquear cualquier iniciativa. Pero entre priorizar el derecho a la salud de los niños y los beneficios de la gran industria agroalimentaria creo que la mayoría de la gente está del lado de proteger los derechos de la infancia.
P. ¿Qué le ha desgastado más este tiempo? ¿La batalla contra las aerolíneas, los portales inmobiliarios o el socio de Gobierno?
R. [Ríe] Lejos de estar desgastado, estoy cada vez más determinado. El Gobierno y Consumo han enviado un mensaje muy claro a muchas de estas empresas, que es que aquí se cumplen las leyes, y se defienden los derechos de los consumidores.
P. Piden una remodelación de ministros para impulsar el Ejecutivo. ¿Necesita también un cambio de liderazgo Sumar para impulsar el espacio político?
R. Lo que necesitamos es intervenir el mercado de la vivienda.
P. Usted es el segundo ministro más valorado y el primero de Sumar. Ha descartado que vaya a optar a encabezar una candidatura, ¿lo mantiene o se lo pensará si se lo piden?
R. No, lo mantengo. Soy muy consciente de mis capacidades.
P. ¿No sería desperdiciar su capital político?
R. No, bastante tengo con lo que estoy haciendo y voy a pelear todo lo que pueda hasta el último minuto.
P. ¿Hay una alternativa para el liderazgo de Sumar?
R. La decisión corresponderá a Yolanda Díaz cuando la quiera tomar y a las organizaciones políticas. Será un proceso democrático, pero yo bastante tengo con lo que tengo, que es mucho.
