Policías acribillados en un ataque de los narcos. Bandas latinas planificando embocadas. La pérdida del principio de autoridad es cada vez más incipiente y en 2024 hubo 17.000 agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . «Interior no reconoce este problema y las amenazas son cada vez más graves», lamenta a ABC uno de los últimos lesionados por un delincuente en una delicada intervención.La amenaza en la calles es cada vez más frecuente y muta en las diferentes caras de la delincuencia. Los narcos embisten sin piedad los vehículos policiales que les intentan dar caza. Tampoco se cortan en acribillarles a tiros antes de ser detenidos. En ocasiones llegan a dudar de que los policías sean policías y creen ser víctimas de vuelcos de droga .Si los narcos suponen un peligro, las bandas latinas también han puesto en la diana a los agentes de la Policía Nacional. Una comunicación interna, a la que tuvo acceso ABC, advierte que los pandilleros de los Dominican Don't Play (DDP) planeaban organizar una emboscada a los funcionarios.El gancho iba a ser una llamada al 091. Un confidente fue el que avisó a los agentes de lo que se estaba moviendo en los bajos fondos de estos delincuentes. La mente criminal de esta artimaña eran siete peligrosos pandilleros que estaban hartos de los continuos golpes policiales a sus intereses.Las continuas informaciones cada semana de agentes heridos en diferentes partes de España llevan a una pregunta: ¿Qué está pasando?. «Que en la mayoría de los casos sale prácticamente gratis agredir a un Policía Nacional porque luego en el juzgado se llegan a acuerdos de Fiscalía con las partes y muchos de ellos se resuelven como unas meras lesiones con una pena de multa que es irrisoria «, explica a ABC Ibón Domínguez, portavoz de Jupol.Con esta situación se traslada un mensaje «de absoluta impunidad». Los hechos relacionados con el narcotráfico como lo vivido en Isla Mayor o en Toledo son «gravísimos» , según el representante sindical. «Estamos pidiendo que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska reconozca la problemática que hay existente actualmente, porque si no va a ser imposible que lo atajes y él no lo admite», sostiene.Para atajar esta situación, Domínguez propone un «edurecimiento legislativo» . «Cada vez hay menos respeto. Cuando se llega a una intervención, todo el mundo les está grabando y mucha gente que supuestamente es víctima incluso ya les increpa y esa es la sensación que hay en la calle», lamenta.Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se detecta que la situación se «agrava día a día». « Somos un blanco fácil para los narcotraficantes, para las bandas juveniles de carácter violento y para cualquier grupo criminal que sabe que las penas son muy muy bajas, que pueden agredir, embestir con vehículos o incluso disparar a un policía y prácticamente salir por la puerta al día siguiente«, exponen.La línea de trabajo, a su juicio, debería ser endurecer la penas de los delitos de atentado y garantizar una mayor protección jurídica para los agentes. «El policía sale a la calle sin la certeza de que su actuación va a estar respaldada por el Estado», añade.Fotografía del cordón policial a la espera de dar una solucion al conflicto este lunes, junto al edificio okupado en Granada (Andalucia) efe«Va con miedo a perder su trabajo, a tener que elegir entre salvar su vida o la de un tercero disparando o arruinar su carrera profesional y por ende su vida personal. Y eso es grave», sostiene.Uno de los riesgos que tienen es que las organizaciones criminales «no dudan en disparar» contra ellos con «munición de guerra» mientras que los agentes siguen patrullando con medios insuficientes. «No podemos seguir enfrentándonos a delincuentes cada vez más violentos con los mismos recursos que hace décadas y con los mismos efectivos, porque también necesitamos más personal«, manifiesta.«No se puede pedir resultados, no se puede pedir eficacia si no se refuerzan las plantillas. No se puede proteger a la ciudadanía cuando el propio policía siente que está desprotegido. Y aquí está la clave, si el gobierno no protege a la policía, la policía no puede proteger a la gente. Tan simple y tan duro como eso», declara Pajarón mientras que apostilla que la pérdida del principio de autoridad « no es algo simbólico , tiene consecuencias reales, peligrosas e irreversibles«. «No podemos permitir que los criminales marquen las reglas del juego. Necesitamos leyes firmes, medios adecuados y un respaldo institucional absoluto. Antes de que tengamos que lamentar, algo todavía peor«, finaliza.«Comienza a pasar factura»Otro de los incidentes que ha removido el sentimiento del Cuerpo fue la agresión en Alcalá de Henares a dos agentes que fueron identificados después de una cena por varios delincuentes. Uno de los policías perdió varias piezas dentales en la paliza salvaje que sufrieron.«Es silencioso y a la vez ruidoso. Es silencioso porque uno no se da cuenta, pero es ruidoso porque cada vez que lo palpamos en la calle es por una agresión. Ya empieza a ser peligroso y está empezando a pasar factura», defiende a ABC Carlos Quero, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP).La «lupa política» es otro de los aspectos que afecta cada vez más a los funcionarios. «Todo se politiza» , añade. «Cada uso de la fuerza se convierte en munición de unos y otros. Ahora todo el mundo nos cuestiona», advierte a la vez que alerta que los delincuentes «cada vez» se ven con más «derecho para enfrentarse e insultar a los agentes».Solo en 2024, más de 16.800 agentes de la Policía Nacional fueron víctimas de delitos de atentado, la cifra más alta de toda la serie histórica. La Confederación Española de Policías (CEP) aseguran que los compañeros tienen una «sensación de impunidad terrible» por parte de los delincuentes. Este sindicato ha llegado a sacar un documental sobre este asunto.«Con el ministro de Interior no hay interlocución ni cuando matan a policías en las calles. No hace absolutamente nada», lamentan desde esta entidad. En este tiempo han conseguido un informe del Parlamento Europeo que da la razón a sus requerimientos: certificó que tienen desprotección jurídica y que los agentes sean considerados profesión de riesgo.