Más de 3.000 colegios e institutos de toda España han mejorado sus resultados académicos gracias al programa PROA+, un Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo financiado principalmente con fondos europeos que busca mejorar los resultados del alumnado vulnerable. El programa entiende por tal al que presenta necesidades asistenciales —de alimentación o vivienda— o escolares —relacionadas con el clima familiar, la brecha digital o el material escolar—. Pero también al que tiene necesidades educativas especiales, ya se trate de altas capacidades, de dificultades específicas de aprendizaje o de las que se derivan de una incorporación tardía al sistema educativo.

El programa proporciona los recursos económicos y son los colegios e institutos los que los aplican a proyectos decididos por ellos mismos a partir de una serie de ámbitos fijados por el Ministerio de Educación. Es, por tanto, un ejemplo de cooperación entre la Unión Europea, el Gobierno central —que cofinancia el programa—, las Comunidades Autónomas —que tienen las competencias en Educación— y los propios centros, que lo ejecutan a partir del conocimiento directo de sus necesidades. En tiempos en los que el enfrentamiento partidista se traslada a veces a las administraciones públicas cuando son de distinto signo político, hay que aplaudir el ejercicio de responsabilidad que supone la citada cooperación.

También hay que celebrar que sean los centros educativos los responsables de decidir cómo se lleva a la práctica el programa. Nadie conoce las necesidades de los alumnos mejor que quienes conviven con ellos a diario. Una manera frecuente de utilizar el PROA+ consiste en hacer desdobles (es decir, partir los grupos ciertas horas a la semana en determinadas asignaturas, como matemáticas y lengua) o en optar por la codocencia (dos profesores trabajando juntos en clase). Algunos centros destinan recursos a la formación del profesorado o a ofrecer clases de refuerzo en horario extraescolar.

Según los datos recogidos en un estudio encargado por el Ministerio de Educación a una consultora externa —2e, la única elegida por la OCDE en España para llevar a cabo el llamado “PISA para centros educativos”—, la mejora es evidente: se reducen el absentismo escolar (cae un 35% en primaria y un 25% en secundaria) y el número de alumnos que repiten curso. Y se incrementa el porcentaje de quienes terminan la ESO (pasó del 75,9% de 2019 al 82,7% en 2024).

El programa es, además, un buen ejemplo de los muy distintos modos de responder a sendas crisis —la Gran Recesión de 2008 y la pandemia de 2020— y de cómo la respuesta elegida afecta a la vida de los ciudadanos —en especial a los más vulnerables— en función de que se opte por la austeridad radical o por la ayuda a la recuperación. El Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo llegó por primera vez a las aulas españolas en 2005 de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo suspendió en 2012 —siguiendo una ola de recortes iniciada por el propio Zapatero— y el Ministerio de Educación lo reactivó en 2021, con Pedro Sánchez a la cabeza del ejecutivo de coalición, que desde ese año hasta 2024 destinó a financiarlo 360 millones de euros, 320 de los cuales proceden de los fondos Next Generation de la UE.

Que apostar por la educación pública es la mejor forma de empezar a corregir la desigualdad siempre ha sido una verdad cuantificable. Hoy es además una forma de proteger el Estado de derecho contra la brecha social que alimenta la desafección de muchos ciudadanos hacia la democracia.