El año 2026, salvando contratiempos inesperados, no vendrá cargado de tensiones en los precios. Las proyecciones apuntan a que la inflación seguirá su camino hacia la normalización, convergiendo lentamente hacia el objetivo del 2% que se augura ponga punto y final a unos años de fuertes repuntes. Al mismo tiempo, trabajadores y pensionistas arañarán algo de poder adquisitivo: las pensiones se revalorizarán conforme al IPC, el sueldo de los funcionarios subirá más que la inflación, se anticipan incrementos salariales en la empresa privada y habrá un nuevo alza del salario mínimo, aunque se desconoce todavía su cuantía. También se pronostica que el euríbor se estabilice y no se produzcan sobresaltos en el coste de las hipotecas, pero con el matiz de que la vivienda está más cara que nunca y que no se contempla un enfriamiento del mercado.

El coste del suministro eléctrico tampoco tiene visos de abaratarse, puesto que habrá una subida en los peajes y las principales comercializadoras ya han dejado entrever incrementos de precios en la factura de la luz. Las principales operadoras de telecomunicaciones, de igual modo, han anunciado alzas en el coste de sus paquetes. En el transporte se mantendrán los descuentos que ya estaban vigentes y que se han ido reduciendo de forma progresiva desde su entrada en vigor, en 2022, para paliar el impacto de la crisis inflacionaria.

Queda, además, un universo de incógnitas por despejar. El curso arrancará por tercer año consecutivo sin unos nuevos Presupuestos ni grandes cambios en materia fiscal, pero el Gobierno ha anunciado que presentará unas nuevas cuentas para inicios de 2026 que podrían introducir novedades —aunque todo depende de si logra los apoyos suficientes en el Congreso, un supuesto que a día de hoy se antoja complejo—. El escenario internacional tampoco es de lo más halagüeño: la guerra arancelaria puede recrudecerse en cualquier momento, ya no queda mucho recorrido a la baja en y la incertidumbre geopolítica se mantiene elevada.